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Por Agroempresario.com
En el marco del “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, el titular de la Agencia Federal de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, presentó una batería de reformas tributarias orientadas a reducir la burocracia, eliminar controles excesivos y promover la formalización de la economía. Las modificaciones apuntan a generar confianza en los contribuyentes y facilitar su ingreso al sistema financiero sin ser penalizados por usar sus propios recursos.
Con un 50% de economía informal, según datos oficiales, el objetivo es claro: construir un sistema más ágil, justo y eficaz. “Hoy damos señales para que la gente se sienta parte del sistema, no víctima de él”, remarcó Pazo en una entrevista televisiva. Las nuevas normativas, que ya comenzaron a regir, modifican los umbrales para reportar operaciones, eliminan regímenes informativos obsoletos y simplifican la declaración de impuestos.
Una de las medidas más celebradas por los sectores productivos es el aumento de los montos a partir de los cuales deben reportarse las transacciones. Hasta la semana pasada, comercios y bancos debían informar compras con tarjeta desde valores mínimos. Hoy, ese umbral se eleva a $10 millones para el consumidor final, tanto en efectivo como en medios digitales.
“Se terminó la idea de que cualquier compra puede ser sospechosa. Queremos respetar la privacidad del ciudadano y darle libertad para operar”, subrayó Pazo. En este sentido, las transferencias bancarias que antes se informaban desde $1 millón ahora lo harán recién a partir de los $50 millones para personas físicas y $30 millones para personas jurídicas.
La eliminación de varios mecanismos de reporte tributario representa otro de los ejes de la reforma. Desaparecen, por ejemplo:
También se anula la obligación de declarar pagos de expensas superiores a $32.000, un requerimiento que en la práctica implicaba una carga desproporcionada para los contribuyentes.
En paralelo, ARCA prohibió a los bancos exigir la presentación de declaraciones juradas de Ganancias o Bienes Personales como requisito para operar. “Las entidades no pueden pedirte algo que la ley no obliga”, afirmó el titular del organismo, quien también instó a los usuarios a reclamar ante Defensa del Consumidor en caso de que persistan estas exigencias.
Este nuevo marco normativo busca restaurar la confianza y reducir el temor a sanciones injustificadas. “No es que no nos vemos. Podemos ver cuando lo necesitamos, pero no lo hacemos por sistema. Esto es un cambio de cultura”, explicó.
A partir del 1° de junio, se pondrá en marcha una declaración jurada simplificada para el Impuesto a las Ganancias, centrada únicamente en ingresos y gastos deducibles. El sistema de ARCA ofrecerá una liquidación automática, que el contribuyente podrá aceptar o modificar.
La novedad más significativa es que se dejará de considerar el incremento patrimonial o los consumos personales como indicios de evasión. “Si comprás un auto o una propiedad con tus ahorros, no vamos a tratarte como sospechoso ni a cobrarse un impuesto por eso”, sostuvo Pazo.
Este nuevo régimen se orienta especialmente a monotributistas y trabajadores independientes, quienes, según el funcionario, “hoy tienen hasta seis CUIT distintos para poder operar”. La propuesta los alienta a unificarse y a facturar en blanco, eliminando trabas estructurales.
ARCA también trabaja en el envío de un proyecto de ley para blindar los ahorros legítimos de los argentinos, asegurando que no puedan ser gravados retroactivamente por futuras administraciones. La idea es ofrecer previsibilidad y estabilidad a largo plazo.
Asimismo, se plantea una reforma de la Ley de Procedimiento Tributario, que reduzca los plazos de prescripción y fortalezca las herramientas para perseguir la evasión sofisticada, sin hostigar al contribuyente de a pie. “Queremos dejar de perseguir al que ahorra o invierte y enfocarnos en los verdaderos casos de evasión estructural”, destacó el funcionario.
Las nuevas medidas han sido bien recibidas en el mundo empresario y agroindustrial. Desde distintas cámaras destacaron el alivio administrativo y la apertura para operar con mayor libertad. También se valoró la posibilidad de acceder a financiamiento y construir historial crediticio sin sentirse vigilado por cada movimiento.
En ese sentido, sectores rurales y pymes consideran que el nuevo enfoque de ARCA puede resultar clave para mejorar la formalización sin recurrir al castigo. “Es una invitación al sistema, no una amenaza”, dijo un dirigente del sector agroindustrial.
A pesar del entusiasmo inicial, algunos especialistas advierten que será clave evaluar el impacto real en la recaudación. La apuesta del gobierno es que al reducir los costos de cumplimiento, más personas se incorporen voluntariamente al sistema.
Para ello, será fundamental la implementación tecnológica de ARCA, la capacitación de los agentes fiscales y la campaña de concientización que acompañe estas medidas.
“Se trata de un nuevo contrato social entre el Estado y los ciudadanos. Queremos que la gente esté en regla porque le conviene, no por miedo”, concluyó Pazo.
