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Por Agroempresario.com
El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su estrategia económica al intentar asegurar respaldo político para su plan de captación de “dólares del colchón”. A través de videoconferencias lideradas por Guillermo Francos y Luis Caputo, la administración de Javier Milei entabló conversaciones con gobernadores y ministros provinciales. El objetivo es generar confianza social y coordinar medidas nacionales con políticas locales, en un momento donde la credibilidad es un factor clave para el éxito del programa.
Este segundo paso del plan, que busca atraer dólares no declarados al circuito formal sin recurrir a un blanqueo tradicional, pone en evidencia la necesidad del Ejecutivo de contar con un marco político sólido. La credibilidad, tanto local como internacional, es uno de los activos más escasos de la economía argentina, y para cambiar esa percepción, el consenso entre Nación y provincias aparece como fundamental.
El plan oficial se presentó como un cambio “cultural”, según funcionarios del gabinete económico. La idea es lograr que los ahorristas se animen a ingresar al sistema sus dólares informales, tanto en blanco como en negro, mediante incentivos legales. Para ello, el Gobierno enviará al Congreso proyectos de reforma a los regímenes penal tributario y de procedimiento tributario. El objetivo de estas reformas es garantizar que quienes ingresen divisas no sean considerados evasores ni perseguidos judicialmente.
Pero más allá del Congreso, el primer obstáculo fue político. La reacción de las provincias fue dispar. Mientras algunas manifestaron apoyo condicionado, como Santa Fe, otras, como Buenos Aires, mostraron un rechazo contundente. Esto obligó al Ejecutivo a acelerar contactos para evitar fisuras que puedan entorpecer la implementación del plan.
En la primera ronda de conversaciones, estuvieron presentes representantes de Tucumán, Catamarca, Entre Ríos, Mendoza, Jujuy, Chaco, Chubut, Corrientes, San Juan, San Luis, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, Santa Cruz y Córdoba. Esta diversidad de interlocutores muestra que el Gobierno apostó a una estrategia amplia, que no excluye a gobernadores de diferentes signos políticos.
Sin embargo, no participaron provincias tradicionalmente más confrontativas con el oficialismo, como Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja y Tierra del Fuego. Tampoco se sumaron Santa Fe, a pesar de su respaldo condicionado, ni la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el jefe de Gobierno Jorge Macri aseguró que ni siquiera fue invitado.
Desde Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro expresó apoyo al plan, pero dejó en claro que la provincia mantendrá controles para evitar el lavado de dinero y las operaciones del crimen organizado. En contraste, Axel Kicillof fue tajante: calificó la medida como un “blanqueo encubierto” sin base legal y confirmó que su gobierno seguirá con su esquema de fiscalización tributaria.
El contraste entre la necesidad de consenso y las tensiones con algunos mandatarios provinciales muestra la fragilidad política que enfrenta el Gobierno. Si cada jurisdicción actúa en sentido contrario al plan nacional, el resultado podría ser contraproducente. De hecho, algunos analistas señalan que la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) podría limitar la entrega de información fiscal a aquellas provincias que no se alineen con las directrices nacionales.
Esta posible fragmentación es vista con preocupación por los mercados. El éxito del plan depende en gran medida de la percepción de que existe coordinación institucional y un horizonte de estabilidad. Si las provincias se oponen abiertamente o aplican controles contradictorios, el efecto puede ser la desconfianza generalizada.
Más allá del acuerdo político, el Gobierno enfrenta un desafío cultural. Las experiencias negativas de blanqueos anteriores generaron una desconfianza estructural en la sociedad argentina. La falta de reglas claras, los cambios normativos permanentes y la debilidad institucional provocaron que muchos ahorristas optarán por mantener sus dólares fuera del sistema.
El Gobierno intenta revertir esta lógica, pero para ello necesita algo más que leyes o pactos fiscales: necesita generar un ambiente de previsibilidad, transparencia y garantías jurídicas. Esa tarea sólo puede lograrse si hay una narrativa coherente y una acción coordinada entre todos los niveles del Estado.
Desde la Casa Rosada confían en que, con el correr de los días, más provincias se sumarán al plan. Argumentan que los beneficios superan los riesgos y que ingresar dólares informales al sistema puede dinamizar la inversión, mejorar la recaudación y disminuir la presión sobre el mercado cambiario. Además, destacan que la medida no implica impunidad, sino un incentivo legal limitado en el tiempo para quienes deseen regularizar su situación.
Luis Caputo señaló que esta es una herramienta más para fortalecer la economía sin recurrir a emisión monetaria. Por su parte, Guillermo Francos subrayó la importancia de que todos los actores políticos actúen con responsabilidad ante un contexto económico delicado.
