El Gobierno busca blindar las medidas para captar dólares del colchón con apoyo de CABA y Buenos Aires

Por Agroempresario.com

En un contexto económico donde cada dólar cuenta, el Gobierno nacional avanza en su estrategia para canalizar los denominados “dólares del colchón” hacia el circuito financiero formal. Para ello, intenta conseguir el respaldo de las principales jurisdicciones del país: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El plan contempla una reforma legislativa que busca reducir los plazos de prescripción de la evasión tributaria y establecer nuevas condiciones para un eventual régimen simplificado del impuesto a las Ganancias.

El encargado de encabezar las gestiones fue Juan Pazo, titular de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (ARCA), quien mantuvo reuniones con los ministros de Hacienda de ambas jurisdicciones. Primero, con Gustavo Arengo, de la Ciudad, y luego con Pablo López, de la provincia, acompañado por Cristian Girard, titular de ARBA. El objetivo central: sumar apoyo a un proyecto de ley que ingresará en los próximos días al Congreso y que modificará artículos clave de la ley penal tributaria.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, Arengo señaló: “Fue una buena reunión. Desde la Ciudad tenemos una actitud propositiva y vamos a acompañar todas aquellas acciones que incentiven el crecimiento económico y la eliminación de burocracia”. Arengo estuvo acompañado por Germán Krivocapich, titular de la AGIP, la agencia impositiva porteña.

No obstante, desde el gobierno porteño aclararon que todavía resta evaluar la letra chica del proyecto, especialmente lo referido al convenio de intercambio de información fiscal que propone ARCA. “Propusimos armar una mesa de trabajo para analizar la implementación de estas medidas y otros temas pendientes”, concluyó Arengo.

Por su parte, el gobierno bonaerense, a través de Pablo López, calificó el encuentro como “cordial y técnico”. Destacaron que ya existe una agenda de simplificación tributaria en marcha, pero subrayan la necesidad de contar con mayor precisión normativa. “Aún no se conocen los detalles del régimen”, indicaron fuentes de la administración de Axel Kicillof. También enfatizaron que cualquier esquema de blanqueo de capitales deberá estar respaldado por una ley del Congreso para garantizar seguridad jurídica, especialmente en lo referido al uso de dólares no declarados.

El Gobierno nacional busca que las provincias convaliden un convenio para eliminar regímenes paralelos de información fiscal. A cambio, ARCA se comprometería a seguir compartiendo datos tributarios clave, como la facturación de personas y empresas y consumos por encima de los 50 millones de pesos. Aquellas jurisdicciones que no adhieran al nuevo régimen perderían el acceso a esta información sensible.

En paralelo, el proyecto de ley que enviará el Poder Ejecutivo al Congreso contempla reducir el plazo de prescripción penal tributaria de cinco a dos años y modificar los montos mínimos para tipificar una evasión como delito. Estas medidas, según el Gobierno, buscan brindar previsibilidad a quienes ingresen al régimen y blindar la política fiscal frente a eventuales cambios de administración.

Desde Santa Fe, el ministro de Economía Pablo Olivares expresó su postura favorable a las iniciativas que fomenten la reactivación económica, aunque rechazó los mecanismos de control que puedan poner bajo sospecha a todos los contribuyentes. “Santa Fe no tiene ni tendrá un régimen que exija información adicional a los agentes económicos”, afirmó.

Por su parte, Cristian Girard, de ARBA, fue más tajante: “Hasta el momento no hay nada concreto a lo que adherir. Lo único anunciado es un régimen simplificado de Ganancias vinculado a un blanqueo que carece de sustento legal”. Y fue más allá: “No sé cuál es la urgencia del Gobierno. No se modificó el régimen penal tributario, ni el Código Fiscal, ni las normativas de prevención del lavado de activos”. Girard recordó que hoy la ley establece un plazo de cinco años para que el Estado exija el pago de impuestos omitidos en operaciones con fondos no declarados.

El Ejecutivo nacional, liderado por Javier Milei, se encuentra ante un desafío legislativo complejo. Si bien el oficialismo intenta avanzar rápidamente con esta reforma, necesita del acompañamiento de las provincias en el Congreso. Para eso, busca seducir con un régimen simplificado de Ganancias que permita formalizar activos no declarados sin una excesiva carga impositiva.

En las primeras conversaciones realizadas de forma remota, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo mantuvieron encuentros con varios gobernadores. Entre ellos: Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

En una segunda instancia se sumaron Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Martín Llaryora (Córdoba) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

El desafío, sin embargo, es político: varias provincias expresaron reparos ante lo que consideran un avance unilateral del Ejecutivo. A pesar de ello, ARCA insiste en que sin adhesión, las provincias no tendrán acceso a información vital para su política tributaria, generando un fuerte incentivo para sumarse al acuerdo.

En términos fiscales, la iniciativa es parte de un esquema más amplio que busca ampliar la base de recaudación sin subir impuestos. El blanqueo sería una herramienta clave para capturar parte del ahorro en dólares que permanece fuera del sistema financiero. Según estimaciones privadas, existen más de 250.000 millones de dólares argentinos fuera del radar oficial, entre billetes en cajas de seguridad, colchones y cuentas no declaradas.

La estrategia del oficialismo intenta transformar ese capital inmovilizado en inversión, consumo y, sobre todo, en recaudación impositiva. Para eso, necesita reglas claras, un marco legal sólido y, sobre todo, el respaldo político de las provincias y del Congreso Nacional.

La próxima semana será clave para el avance del proyecto. Si el texto ingresará formalmente al Congreso y comenzaran los debates en comisión, el Gobierno podría mostrar una señal concreta de que su plan de captación de dólares no declarados va en serio. Mientras tanto, el diálogo con las provincias continuará. La mirada está puesta especialmente en Buenos Aires y CABA, que representan el núcleo económico y fiscal del país.

Con la economía estancada y la inflación aún por encima del 4% mensual, cada paso hacia la formalización de capitales podría representar una válvula de escape tanto para las arcas públicas como para el bolsillo de los contribuyentes.