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Por Agroempresario.com
La crítica situación que atraviesan las finanzas provinciales argentinas vuelve a encender las alarmas en un contexto económico donde los recursos escasean y las necesidades crecen. La coparticipación federal, el principal mecanismo de distribución de ingresos desde la Nación hacia las provincias, registró en mayo una caída real del 23,8% interanual, generando un fuerte impacto en los presupuestos locales y afectando el funcionamiento de los servicios esenciales.
Según datos del Ministerio de Economía de la Nación, la merma en los envíos automáticos de fondos fue aún más aguda en distritos clave como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde superó el 25%. El descenso, que muchos comparan con los peores meses de la pandemia, deja a las provincias en una situación fiscal extremadamente delicada.
El fenómeno no es únicamente estacional. Un componente no recurrente –el ingreso extraordinario de $2,5 millones en mayo de 2024 por parte de los bancos, producto de la devaluación de diciembre de 2023– infló los números del año pasado, generando una base de comparación desfavorable. Pero incluso si se considera esa variable, el panorama sigue siendo sombrío: respecto a abril de este año, la coparticipación cayó 50% en términos reales.
Varios mandatarios provinciales, reunidos recientemente en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), expusieron su preocupación por lo que consideran un sesgo fiscal negativo en las decisiones de la administración nacional. Entre los puntos más conflictivos se encuentran:
Uno de los gobernadores presentes expresó, en reserva, que “el escenario fiscal de aquí a fin de año es poco alentador”. A estas variables se suma un consumo que aún no se recupera: la recaudación del IVA sufrió en abril una baja real del 1,9%, lo cual impacta de lleno en la coparticipación, dado que se trata de un tributo clave en la estructura de ingresos del Estado.
El informe elaborado por la Comisión Federal de Impuestos, que integran la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, proyecta para 2025 una caída del 4,2% real en la coparticipación respecto a 2024. Si la comparación se realiza con el año 2023, la merma sería aún más significativa: -11,7%.
En términos del Producto Bruto Interno (PBI), esto implica una baja de 0,3 puntos porcentuales respecto al año anterior y 0,8 puntos en relación a 2023. El deterioro es especialmente grave si se considera que la coparticipación representa más del 60% de los ingresos totales en muchas provincias del país.
El impacto de esta reducción es desigual: mientras que provincias como Buenos Aires o Córdoba cuentan con fuentes propias de recaudación y fondos anticíclicos, otras, especialmente en el norte argentino –como La Rioja, Formosa y Catamarca– dependen en más del 80% de los fondos coparticipables para sostener sus presupuestos.
Estas jurisdicciones son las más expuestas ante una crisis de esta magnitud, ya que no tienen margen de maniobra fiscal ni acceso fácil al crédito. “No tenemos otra fuente de financiamiento que no sea la Nación”, confesó un ministro de Hacienda del norte argentino.
Otro punto que agrava la crisis es el retiro del Estado nacional en áreas clave como la obra pública, el financiamiento docente y los subsidios al transporte. La cancelación de proyectos de infraestructura no solo retrasa el desarrollo local, sino que también deja a los gobiernos provinciales a cargo de obras que antes eran financiadas desde Buenos Aires.
Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, los fondos discrecionales han sido prácticamente eliminados. Si bien el presidente sostiene que el sistema federal debe fortalecerse con autonomías reales, los gobernadores insisten en que esta política los deja desprotegidos frente a una macroeconomía que no logra estabilizarse.
La combinación de menos ingresos, más responsabilidades y falta de asistencia nacional configura un escenario de crisis fiscal generalizada en el interior del país. Los gobernadores reclaman mayor previsibilidad, diálogo institucional y una revisión del esquema tributario actual para que las provincias no se conviertan en rehenes de un sistema que las asfixia.
Sin respuestas urgentes, muchas jurisdicciones podrían verse obligadas a tomar medidas drásticas, como ajustes presupuestarios, reprogramación de pagos o incluso recortes en servicios esenciales, afectando directamente a sus ciudadanos. El problema de la coparticipación no es solo contable: es político, estructural y requiere soluciones inmediatas.
