Soja: ROSARIO
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Maíz: ROSARIO
$209.000 -0.33%
Trigo: ROSARIO
$235.800 0.43%
Por Agroempresario.com
El sector agropecuario argentino atraviesa semanas de alta tensión e intensa actividad, impulsado por el inminente fin de la rebaja temporal de las retenciones a las exportaciones de soja y maíz. A partir del 1° de julio, el poroto de soja volverá a tributar un 33% en derechos de exportación (hoy en 26%), mientras que sus derivados pasarán del 24,5% al 31%. En el caso del maíz, el salto será del 9% actual al 12%.
Esta decisión, que el Gobierno nacional ya dio por cerrada, genera preocupación entre productores, exportadores y analistas económicos. Pese al superávit fiscal logrado con el ajuste sobre el gasto, que incluso excede las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Poder Ejecutivo afirma que no hay margen para sostener la reducción impositiva.
El campo esperaba alguna señal política favorable, sobre todo en un año electoral, y con la exposición de la Sociedad Rural a la vuelta de la esquina. Sin embargo, altas fuentes de la administración de Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, aseguran que no habrá prórroga. La baja vence el 30 de junio, y con ella, también una ventana que impulsó notablemente la comercialización de granos.
Según referentes de la Mesa de Enlace, no hubo contacto reciente con el equipo económico para discutir una eventual extensión. Empresarios del sector confirmaron que desde Economía ya transmitieron que no habrá cambios de último momento. Así lo indicaron fuentes consultadas por Infobae y otros medios especializados.
Luis Caputo y Javier Milei ya habían advertido públicamente que la rebaja era temporal, pensada como estímulo para acelerar la liquidación de divisas. Desde el Gobierno explican que extenderla pondría en jaque el equilibrio fiscal, principal bandera de la actual gestión.
En respuesta, el agro redobló el ritmo de comercialización. El ex subsecretario de Mercados Agropecuarios Javier Preciado Patiño confirmó que todas las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) registradas hasta el 30 de junio podrán aprovechar el beneficio, siempre que el 95% del total se liquide en los primeros 15 días hábiles de julio.
“La declaración viene muy bien. Ya hay casi 8 millones de toneladas comprometidas”, destacó Preciado Patiño. Los datos lo respaldan: el volumen de pricing semanal de soja alcanzó, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), su pico anual en la semana previa, con 1,47 millones de toneladas, un 30% más que el promedio de mayo.
La actividad también repuntó gracias a una mejora en el ritmo de cosecha, que venía demorada por las lluvias. La BCR advirtió que el acercamiento a la fecha clave del 30 de junio generó “un reimpulso en el mercado de la oleaginosa”, en un contexto de precios internacionales estancados y bajo margen de espera.
Datos preliminares del SioGranos revelan que el promedio diario de comercialización subió a 305.000 toneladas, un 35% más respecto a mayo. A la vez, se detectó un incremento en DJVE con embarques posteriores al 30 de junio, lo que permite a las empresas anticipar operaciones y beneficiarse antes del cambio impositivo.
La consultora Suramericana Visión indicó que hasta el 11 de junio, el promedio diario de liquidaciones agroexportadoras alcanzó USD 196,4 millones. Esta cifra representa un aumento del 28,6% frente a mayo, y un impresionante 52,6% por encima del promedio 2014–2024.
Con este ritmo, se espera que el agro liquide más de USD 3.600 millones en junio, frente a los USD 2.524 millones del mes anterior. Un repunte vital para el Gobierno, que necesita divisas para sostener la estabilidad del tipo de cambio y controlar la inflación.
Pero la interrogante principal gira en torno al comportamiento del mercado a partir del 1° de julio. “El gran tema es qué pasa después del 30. Si vuelven al 33%, se frena la actividad”, advirtió Preciado Patiño. Otro empresario del rubro fue más crudo: “El desierto. Vemos un parate hasta octubre, cuando haya necesidad de vender para pagar cuentas”.
El Gobierno eligió no extender la rebaja por motivos fiscales, pese a que esto podría tener costos económicos y políticos. Por un lado, necesita los recursos que generan las retenciones para cumplir con el superávit primario. Por otro, arriesga un freno abrupto en la entrada de dólares, justo antes de las elecciones presidenciales.
Tampoco es menor el efecto en el interior productivo, donde las alícuotas elevadas son percibidas como un castigo al trabajo y la inversión. Una eventual retracción del sector también pondría en pausa la actividad de puertos, logística, y servicios conexos, generando un impacto negativo en las economías regionales.
La exposición anual de la Sociedad Rural Argentina se celebrará a partir del 18 de julio en Palermo. La presencia del presidente Milei y del ministro Caputo está prevista. No obstante, la relación con el campo llegará a ese evento con un clima enrarecido.
En lugar de una señal de alivio, el agro percibe la vuelta de las retenciones plenas como un golpe. Y si bien la administración libertaria ha reiterado su objetivo a largo plazo de eliminar por completo los derechos de exportación, las urgencias fiscales de corto plazo parecen tener más peso.
El agro argentino respondió con celeridad a la ventana de oportunidad que ofreció la baja de retenciones. Las cifras de liquidación, ventas y exportaciones se dispararon, beneficiando tanto al sector como al fisco. Sin embargo, todo indica que este impulso durará hasta el 30 de junio.
La decisión del Gobierno de no extender la rebaja marca un límite claro en su relación con el campo. A corto plazo, lo más probable es que julio vea una brusca desaceleración del comercio granario, a la espera de señales más sólidas sobre la política tributaria que Milei implementará si consigue consolidar su poder político tras las elecciones.
