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Por Agroempresario.com
En medio de la emergencia económica y bajo la lupa del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno nacional oficializó por decreto una fuerte ampliación del Presupuesto 2025. La medida, firmada por el presidente Javier Milei y todo su gabinete, incrementa en un 33,2% la autorización de gastos públicos, llevándola a más de $126 billones, apoyada en una proyección de ingresos que sube a $131,9 billones, casi un 50% más que lo estimado previamente.
El Decreto 425/2025, publicado en el Boletín Oficial, justifica la expansión del gasto como necesaria para “asegurar el cumplimiento de obligaciones estatales en el contexto de la emergencia económica vigente”. Las nuevas partidas contemplan reforzar áreas sensibles como salud, seguridad, educación, asistencia social, energía y deuda pública, además de una nueva redistribución de fondos hacia las provincias.
La modificación llega días antes del arribo de una misión técnica del FMI que evaluará el cumplimiento de las metas acordadas en abril bajo el nuevo Acuerdo de Facilidades Extendidas, y tras la activación del Consejo de Mayo, impulsado por el Ejecutivo para avanzar con reformas estructurales.
Uno de los puntos más relevantes del decreto es el refuerzo de partidas para las fuerzas de seguridad. Se amplían los fondos para la Caja de Retiros y Pensiones de la Policía Federal y el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros Militares. A esto se suma una fuerte inyección de recursos al Ministerio de Seguridad, que destinará parte de la ampliación al combate contra el crimen organizado y al fortalecimiento del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, recientemente transferido desde otra jurisdicción.
En el área de salud, el ajuste presupuestario responde a las tensiones derivadas del conflicto con el Hospital Garrahan. Se amplían los recursos para gastos salariales, equipamiento e insumos médicos, especialmente para hospitales de alta complejidad como los S.A.M.I.C. También se refuerzan los programas vinculados a la hemofilia y a las pensiones no contributivas.
El Ministerio de Economía, por su parte, dispondrá de nuevas partidas para subsidios a tarifas eléctricas, como el Programa Zona Fría, además de recursos para infraestructura social, inversiones en transporte fluvial y mejoras en la red portuaria. También se redireccionan fondos a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, con foco en mantenimiento operativo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) no quedó afuera del rediseño: se prevé una suba en los fondos destinados al pago de jubilaciones, asignaciones familiares y programas como “1000 días”, junto con la prestación por desempleo. Todo esto en función de la Ley de Movilidad Previsional.
En cuanto a educación, se aumentan los recursos para las universidades nacionales a través de la Secretaría de Educación, tanto en infraestructura como en sueldos, un reclamo creciente en el escenario público reciente.
Las nuevas proyecciones contemplan también los servicios financieros correspondientes a la deuda pública, que incrementan en más de $2 billones para cubrir intereses y comisiones. En paralelo, el Tesoro Nacional destina fondos adicionales a organismos como PAMI, Carboeléctrica Río Turbio, ACUMAR y Educ.ar Sociedad del Estado, y se prevé el cumplimiento de una medida cautelar dictada por la Corte Suprema.
Además, se redefine la asignación presupuestaria para asistir a las provincias, en línea con los mayores ingresos fiscales proyectados. Este punto es clave en un contexto de tensión financiera entre Nación y los gobiernos subnacionales.
En cuanto a las reducciones, el decreto prevé una baja en las partidas de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, en gran parte por el traspaso de responsabilidades, como el control del fuego, a otras carteras.
La nueva estructura del Presupuesto 2025 representa una herramienta para que el Gobierno pueda alcanzar el objetivo de superávit primario del 1,6% del PBI, tal como se redefinió en abril ante el FMI. Si bien el gasto autorizado sube, también lo hacen los ingresos, lo que permite proyectar un resultado financiero positivo.
Según estimaciones oficiales, si se ejecutan estas nuevas pautas, el déficit primario de $6,5 billones calculado hasta el 22 de junio podría convertirse en un superávit de $5,9 billones, al excluir organismos descentralizados. Esto representa un cambio de rumbo en el frente fiscal, tras años de desequilibrio sostenido.
Milei apuesta a mostrar orden fiscal no sólo ante el FMI, sino también ante los mercados internacionales. La actualización del Presupuesto es una herramienta clave en esa narrativa, que combina disciplina fiscal con atención a áreas sensibles.
El decreto también introduce cambios normativos: se extienden por 10 años las pensiones graciables, se autoriza la contratación plurianual de obras y compras, y se ajustan los fondos del mercado eléctrico mayorista. Son medidas que buscan darle previsibilidad a un esquema fiscal que el Gobierno considera “de transición” hacia un modelo de equilibrio sostenido.
