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Por Agroempresario.com
En una nueva apuesta por dinamizar la economía nacional, el Gobierno argentino modificó el régimen de inversiones mineras y reestructuró el sistema de gestión de la información geológica a través del Decreto 449/2025, publicado en el Boletín Oficial. Esta reforma impacta directamente en las empresas mineras, los organismos estatales y los profesionales técnicos del sector, y se enmarca dentro de los objetivos trazados por la Ley Bases (27.742), que busca desburocratizar, reasignar funciones y maximizar la eficiencia administrativa.
La nueva normativa modifica puntos sustanciales de la Ley 24.196 (Régimen de Inversiones Mineras) y de la Ley 24.466 (Banco Nacional de Información Geológica), introduciendo una reestructuración institucional que traslada responsabilidades desde la Secretaría de Minería al Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Este organismo descentralizado, dependiente del Ministerio de Economía, ahora será el encargado de administrar el Banco Nacional de Información Geológica, con el objetivo de centralizar capacidades técnicas y evitar la superposición de funciones.
Según el texto oficial, esta reorganización pretende “reducir la intervención estatal innecesaria” y optimizar la gestión de recursos públicos, eliminando procesos considerados redundantes.
Uno de los puntos más destacados de la reforma es la simplificación del proceso para acceder al certificado de estabilidad fiscal, clave para atraer nuevas inversiones. Hasta ahora, la obtención del certificado exigía detallar exhaustivamente la carga tributaria vigente en cada jurisdicción, lo que generaba retrasos y trámites complejos.
Con el nuevo marco, solo será necesario consignar la fecha de presentación del estudio de factibilidad, que se considerará el momento válido para fijar la carga tributaria que regirá durante el período de estabilidad. Esto reduce significativamente la burocracia fiscal y acelera la puesta en marcha de proyectos.
Además, se estableció que los controles sobre los compromisos asumidos por las empresas se basarán exclusivamente en la información anual que presenten los propios beneficiarios, sin requerimientos extra de otras jurisdicciones.
La transparencia y la rigurosidad técnica no fueron dejadas de lado. El nuevo artículo 18 de la Ley 24.196 establece la obligación de presentar informes anuales elaborados por profesionales independientes. Esta medida tiene como objetivo mejorar la calidad de la información técnica y hacer más eficiente la evaluación por parte de las autoridades.
A partir de esta modificación, los titulares de proyectos mineros deberán adjuntar este informe junto con su declaración jurada anual, asegurando así un control más objetivo y una reducción en los tiempos de análisis por parte del Estado.
Las reformas no solo impactan en el plano legal, sino que reestructuran completamente el funcionamiento administrativo del sector minero. La reasignación de tareas entre la Secretaría de Minería y el SEGEMAR implica un cambio profundo en la gestión de la información geológica, que ahora contará con un enfoque más técnico y menos político.
Las empresas mineras que estén inscriptas en el régimen de inversiones deberán adecuar sus procesos internos, tanto en la presentación de documentación como en la certificación de beneficios fiscales. A su vez, la migración del Banco Nacional de Información Geológica a SEGEMAR fortalece la capacidad estatal para gestionar datos estratégicos, fundamentales para la atracción de nuevas inversiones nacionales e internacionales.
La minería argentina vive un momento de expansión, impulsada por la creciente demanda internacional de litio, cobre y oro. Proyectos en provincias como Salta, Jujuy y Catamarca concentran inversiones multimillonarias, en una carrera por posicionar a Argentina como un proveedor estratégico de minerales clave para la transición energética global.
El Gobierno, encabezado por el presidente Javier Milei, apunta a consolidar ese crecimiento mediante un marco legal más claro, eficiente y atractivo para el capital privado, en línea con los objetivos más amplios de la Ley de Bases.
En este sentido, los cambios normativos buscan mejorar la competitividad, sin perder de vista el control y la supervisión técnica de los proyectos, esenciales para garantizar una explotación sustentable y socialmente responsable.
Diversos actores del ámbito minero valoraron la iniciativa. Desde cámaras empresariales hasta técnicos independientes coinciden en que la simplificación normativa, si bien exige un período de adaptación, puede significar un salto cualitativo en la eficiencia del sector.
La posibilidad de contar con un ente técnico como SEGEMAR al frente de la información geológica también fue bien recibida, ya que permitirá una mayor transparencia, acceso público a datos y una toma de decisiones basada en criterios científicos.
