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Por Agroempresario.com
En un contexto de creciente debate político sobre la distribución de recursos entre la Nación y las provincias argentinas, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, propuso no vetar el proyecto de ley que modifica el régimen de coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una iniciativa que ya tiene media sanción del Senado y fue presentada por los 23 gobernadores junto al jefe de Gobierno porteño.
Durante una entrevista en el canal LN+, Sturzenegger planteó que la promulgación de esta ley permitiría que la Ley de Coparticipación Federal pueda modificarse en el futuro a través de una simple ley del Congreso, sin la necesidad de la ratificación unánime de todas las provincias, como exige el régimen vigente desde la Reforma Constitucional de 1994.
“Yo digo que esto cambia todo si se aprueba. De hecho, si el presidente me consulta, yo le diría, esta no la vete. Desde la Constitución del 94 hay mucha discusión sobre si la coparticipación la puede cambiar el Congreso o no. El Senado acaba de validar que la ley de coparticipación se puede cambiar con una ley simple del Congreso”, señaló el ministro.
No es la primera vez que el Gobierno, y en particular el presidente Javier Milei, manifiestan interés en reformar la Ley de Coparticipación Federal. Sin embargo, la posición de Sturzenegger abre una nueva vía para concretar esos cambios: la idea de facilitar modificaciones posteriores sin el bloqueo de provincias opositoras o de intereses regionales.
Según fuentes oficiales consultadas por Infobae, la propuesta de Sturzenegger es bien vista dentro del Gobierno e incluso podría contar con el aval del propio presidente Milei. “No es para nada mala. Supongo que si lo dijo, debe haberlo conversado con Javier”, explicó un funcionario con acceso directo a Presidencia. Desde el Congreso, la iniciativa fue calificada como “brillante” y un avance para destrabar un tema complejo y pendiente desde hace décadas.
Pese a la aprobación inicial, la reforma enfrenta un contexto político complejo y muchas resistencias. Modificar el régimen de coparticipación implica necesariamente tocar un entramado de acuerdos políticos y económicos entre Nación y provincias, con tensiones históricas y sensibilidades regionales.
Los gobernadores, aunque en su mayoría coinciden en la necesidad de cambios, son escépticos respecto a la posibilidad de lograr un consenso que incluya a todas las provincias. La dificultad radica en que la Constitución nacional y la interpretación tradicional indican que para modificar la Ley de Coparticipación es necesario el aval de cada legislatura provincial.
“Es más fácil convencer a tres jueces de la Corte Suprema de Justicia que a 24 gobernadores”, comentó un operador del Gobierno, aludiendo a la posible judicialización de cualquier reforma que no tenga amplio consenso.
En este escenario, la propuesta de Sturzenegger busca darle un marco legal y político para que el Congreso tenga más autonomía en las decisiones sobre la coparticipación, evitando bloqueos y agilizando el proceso legislativo.
La coparticipación ha sido uno de los puntos centrales en la agenda política nacional, especialmente tras la firma del llamado “Pacto de Mayo”, un acuerdo de 10 puntos para la “refundación de Argentina” suscripto por 19 provincias, aunque con ausencias notorias como Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja y Tierra del Fuego, todas alineadas con el peronismo-kirchnerismo.
El Consejo de Mayo, el espacio de diálogo entre Nación y provincias, que tiene como representante provincial al mendocino Alfredo Cornejo, es el marco donde se busca debatir esta y otras reformas. Sin embargo, los tiempos políticos y las divergencias políticas dificultan avanzar en una reforma estructural que contemple a todas las partes.
Desde la visión del ministro Sturzenegger, la aprobación de esta ley permitiría iniciar un camino hacia una reforma más dinámica y adaptable, algo que el presidente Milei considera una reforma de “tercera generación”, posterior a las reformas laboral, tributaria y previsional que el Gobierno planea para los próximos años.
El proyecto original presentado por los gobernadores busca modificar la distribución de los ATN —fondos que la Nación asigna a las provincias para atender emergencias y necesidades específicas— con un criterio más equitativo y eficiente.
Para Sturzenegger, el hecho de no vetar el proyecto significa abrir una ventana para que el Congreso pueda, en el futuro, cambiar la Ley de Coparticipación Federal mediante leyes ordinarias. Esto podría simplificar el proceso y evitar los bloqueos que históricamente han frenado reformas similares.
El ministro sostuvo que la tradicional interpretación constitucional que exige la ratificación de cada provincia para cualquier modificación ya no se sostiene completamente, dado que el Senado validó una interpretación que permite hacerlo vía ley ordinaria. Esto abriría un debate profundo sobre el federalismo y la autonomía provincial.
Desde hace años, la coparticipación es una asignatura pendiente para el federalismo argentino. La distribución actual genera conflictos, con provincias que perciben una asignación insuficiente y otras que resisten modificaciones que puedan reducir sus ingresos.
En el Gobierno se reconoce que el régimen vigente debe actualizarse para adaptarse a nuevas realidades económicas y sociales. Sin embargo, el temor a la judicialización y a la pérdida de autonomía provincial complica los acuerdos.
Un alto funcionario comentó que, en la Casa Rosada, se considera que la iniciativa podría desbloquear la negociación, pero advierte que no es un plan inmediato del Ejecutivo, sino una propuesta que busca marcar un camino para el mediano plazo.
La propuesta de reforma de la coparticipación forma parte de una agenda más amplia de reformas estructurales que el Gobierno proyecta para 2026 y 2027. Entre ellas, se destacan las reformas laboral, tributaria y previsional, que buscan modernizar el Estado y mejorar la competitividad del país.
En la plataforma electoral de “La Libertad Avanza”, el partido de Milei, la reforma de la coparticipación está catalogada como parte de una “tercera generación” de reformas, incluyendo además cambios profundos en el sistema de salud, educación y seguridad.
