Gobernadores y Gobierno exploran nuevas vías de diálogo tras el revés en el Senado

Por Agroempresario.com

La tensión entre la Casa Rosada y los gobernadores provinciales persiste sin resolución, mientras se delinean nuevos escenarios de negociación que podrían definir el rumbo político de la segunda mitad del año. A cinco días del revés sufrido por el oficialismo en el Senado, el Gobierno aún no logra articular una respuesta política sólida frente al reclamo unificado de las provincias. En este contexto, se baraja la posibilidad de una nueva cumbre en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño podrían avanzar en una estrategia común.

En lugar de un canal institucional abierto y fluido, lo que prevalece son las conversaciones informales y encuentros paralelos, como el convocado por Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, para este jueves. Este evento, de carácter privado y sin carácter oficial, reunirá a varios mandatarios provinciales con Guillermo Francos, jefe de Gabinete nacional, y promete ser el primer gesto de distensión tras semanas de tensión.

Las expectativas de un acuerdo macro están lejos de materializarse. En la Casa Rosada admiten que las negociaciones no avanzan en términos estructurales, aunque reconocen la necesidad de establecer una “convivencia política” al menos con los gobernadores del PRO y la UCR. Estos líderes provinciales, que vienen manteniendo contactos constantes, proyectan una comunicación conjunta y evalúan reunirse nuevamente en el CFI, esta vez con el objetivo de fijar una posición firme ante el Ejecutivo.

Desde la perspectiva oficialista, el receso parlamentario podría ser una oportunidad para redirigir los vínculos con las provincias. Sin embargo, esa ventana de oportunidad parece cada vez más estrecha. La semana pasada, los intentos de acercamiento encabezados por Eduardo “Lule” Menem, Lisandro Catalán y el propio Francos no tuvieron resultados visibles. Incluso el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se involucró personalmente al prometer concesiones con ciertas provincias, aunque esos compromisos tampoco se tradujeron en avances concretos.

En paralelo, el rol de Santiago Caputo, otrora influyente operador político del Gobierno, parece haberse desdibujado, dejando más espacios vacíos en una gestión que ya muestra señales de desgaste político temprano.

Del lado provincial, los gobernadores parecen haber aprendido una lección importante: la unidad coyuntural puede transformarse en una fuerza duradera. “Demostramos que tenemos el número suficiente para condicionar decisiones clave”, comentó un gobernador que hasta hace poco era considerado aliado de la Casa Rosada. Entre las prioridades, figuran los proyectos de distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, iniciativas que ya obtuvieron media sanción en el Senado y que exponen el malestar generalizado por los recortes y el destrato recibido.

Además del frente económico, el vínculo político está cada vez más erosionado. Desde la puesta en escena del Pacto de Mayo en Tucumán, con la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal, no hubo ningún avance concreto. Es más, se agravó el panorama: cesaron las transferencias automáticas y se redujo el flujo de coparticipación, lo que motivó la inédita reunión de todos los gobernadores en el CFI y la posterior sanción de las leyes que el Gobierno busca revertir o vetar.

En regiones como la Patagonia, el malestar es más marcado aún. Mandatarios como Ignacio Torres (Chubut) reclaman soluciones específicas como la restitución de las barreras sanitarias que protegen a los productores agropecuarios locales. El conflicto territorial se mezcla con la cuestión fiscal, generando un frente de batalla mucho más amplio del que el Gobierno pretendía contener.

A esta situación se suma el conflicto interno dentro del propio oficialismo, cuya máxima expresión se dio en la escalada de tensión entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Bullrich encabezó una ofensiva mediática contra Villarruel tras la votación en el Senado, y recibió el respaldo público del presidente Javier Milei. El enfrentamiento, lejos de apaciguarse, marca una grieta que amenaza con socavar la ya frágil arquitectura política de La Libertad Avanza (LLA).

Esta interna refleja la urgencia del Gobierno por encontrar una narrativa que le permita disimular los golpes parlamentarios y proyectar fortaleza de cara a las elecciones de octubre. En ese marco, Federico Sturzenegger sugirió la posibilidad de no vetar la ley de ATN, en un intento por abrir la discusión sobre una eventual reforma de la coparticipación federal. No obstante, su planteo fue desautorizado rápidamente desde la Casa Rosada, lo que refleja las diferencias internas y la falta de una estrategia coherente.

Por otro lado, los gobernadores del PRO y la UCR ya están pensando en el mediano plazo. Más allá de sus diferencias ideológicas y electorales, encontraron en la coyuntura un punto de coincidencia: la necesidad de consolidar un espacio común que pueda actuar con peso propio en el Congreso. Ya se esbozan los cimientos de una nueva coalición, heredera del espíritu de Juntos por el Cambio pero con un enfoque renovado. Incluso se evalúa la incorporación de figuras del peronismo moderado, en un intento por ampliar la base territorial y construir una alternativa real al modelo libertario.

Los bloques legislativos, tal como se conocen hoy, podrían sufrir transformaciones significativas después del recambio parlamentario del 10 de diciembre. El rediseño de alianzas y el surgimiento de nuevos espacios políticos serán, sin dudas, factores determinantes para el equilibrio de poder en 2026.

El oficialismo, mientras tanto, intenta contener el avance de los reclamos con medidas parciales. La sanción del paquete previsional, que Milei ya anticipó que vetará, representa otro foco de tensión. A diferencia de los proyectos surgidos del CFI, este paquete preocupa al Gobierno porque podría poner en jaque el programa de ajuste que lleva adelante Caputo. En este punto, algunos gobernadores están dispuestos a negociar, pero bajo la condición de obtener beneficios concretos para sus provincias.

Uno de los ejemplos más claros es el bloque del PRO en Diputados, conducido por Cristian Ritondo, que atraviesa un momento de debilidad interna. El cierre de listas en la provincia de Buenos Aires con LLA dejó heridas abiertas, y el próximo paso será la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde Patricia Bullrich podría encabezar la boleta al Senado con el apoyo de Mauricio Macri.

La tensión entre Bullrich y Villarruel, que llegó a su punto más álgido con publicaciones cruzadas en redes sociales, revela un nivel de confrontación interna que difícilmente pueda resolverse sin costos políticos. El Gobierno intenta disimular estas diferencias con gestos de unidad, pero los gobernadores observan con atención y aprovechan cada fisura para presionar por sus demandas.

En resumen, el escenario es complejo, volátil y profundamente político. Las provincias han encontrado una voz común y están decididas a mantenerla. El Gobierno, mientras tanto, navega entre internas, derrotas parlamentarias y una economía que aún no da señales claras de recuperación.

En ese marco, el CFI se posiciona como el próximo epicentro de una negociación que podría redefinir la relación entre el Ejecutivo nacional y las provincias. Las conversaciones ya están en marcha y el resultado final, aunque incierto, promete ser determinante para el futuro político inmediato del país.