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Por Agroempresario.com
El gobierno del presidente Pedro Sánchez ha profundizado su relación estratégica con la República Popular China, otorgando contratos a firmas tecnológicas chinas que se encuentran en el centro de una creciente controversia internacional. A pesar de las reiteradas advertencias de países aliados como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia, España mantiene acuerdos con empresas como Hikvision y Huawei, cuestionadas por sus vínculos con el aparato de inteligencia chino y su participación en acciones de vigilancia masiva en la región de Xinjiang.
El foco de la polémica gira en torno al uso de cámaras de videovigilancia de Hikvision en instalaciones gubernamentales de alta sensibilidad. Más de 40 cámaras de esta firma —que está incluida en la lista negra del Departamento de Comercio de Estados Unidos— se encuentran activas en el perímetro de La Moncloa, sede del Ejecutivo español. También hay registros de su uso en dependencias como el Ministerio del Interior, Renfe, Correos y la Agencia Tributaria.
Según publicó el medio EL ESPAÑOL, estos dispositivos tienen capacidades avanzadas de reconocimiento facial y seguimiento en tiempo real. Esta tecnología, según organismos como el Parlamento Británico, puede ser usada con fines de espionaje y represión, particularmente sobre minorías como la población uigur en China.
La licitación realizada en 2022 por el Departamento de Seguridad de la Presidencia adjudicó a Hikvision la renovación del sistema de CCTV de La Moncloa por 118.580 euros. En el documento oficial, no se hace mención a las investigaciones internacionales ni a los reparos de seguridad existentes. Solo se detalla la necesidad de reemplazar las cámaras analógicas por una red de video IP más moderna.
Esta decisión se produce a pesar de que Hikvision ha sido vetada por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Dinamarca y Australia, entre otros países. El motivo: su presunta participación en la represión sistemática de los uigures en Xinjiang, mediante el uso de inteligencia artificial, reconocimiento facial y monitoreo masivo.
La polémica no termina allí. En paralelo, el Ministerio del Interior español adjudicó a Huawei —otra empresa vetada por Washington y Bruselas— un contrato por 12,3 millones de euros para gestionar y almacenar las intervenciones telefónicas judiciales autorizadas en el país. Este acuerdo fue alcanzado en el marco del sistema SITEL, que recopila grabaciones de comunicaciones legales en investigaciones penales.
El contrato incluye el uso de servidores OceanStor 6800 V5, desarrollados por Huawei, lo que significa que datos judiciales extremadamente sensibles quedarán bajo tecnología china. Esta situación ha encendido las alarmas en organismos como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), cuyos funcionarios expresaron al citado medio su “profunda desconfianza” hacia la creciente presencia de tecnología china en sistemas críticos del Estado.
La inquietud no es solo interna. Desde Washington, legisladores del Comité de Inteligencia del Senado estadounidense enviaron una carta a la jefa de Inteligencia de la Casa Blanca, advirtiendo sobre los riesgos que implican estos contratos. El documento expresa:
“Huawei y el Partido Comunista Chino podrían tener acceso al sistema de interceptación legal de un país miembro de la OTAN, lo que permitiría monitorear investigaciones sobre espías chinos y otras actividades de inteligencia.”
La advertencia no es aislada. Países como Canadá anunciaron recientemente la suspensión total de operaciones de Hikvision dentro de su territorio, alegando que representa un “riesgo inaceptable para la seguridad nacional”. En 2021, el Parlamento Europeo ordenó la remoción de todas las cámaras de la marca en sus edificios. Por su parte, Dinamarca anunció que reemplazará estos dispositivos tras invertir millones en equipos ya instalados por su Dirección de Carreteras.
Desde el Gobierno de España, los contratos se justifican con criterios técnicos y presupuestarios. Funcionarios consultados afirman que la adjudicación se realizó conforme a las normativas europeas y sin evidencia concreta de espionaje por parte de estas compañías. Sin embargo, se ha evitado responder directamente a las preocupaciones planteadas por aliados occidentales.
Pedro Sánchez, hasta el momento, no ha hecho declaraciones públicas sobre este tema. La Moncloa insiste en que no existe evidencia de transferencia de información sensible hacia Beijing. Del lado chino, tanto Huawei como Hikvision han negado repetidamente las acusaciones, clasificándolas de “infundadas” y motivadas por rivalidades comerciales y políticas.
El giro tecnológico del Gobierno español se enmarca en una compleja reconfiguración geopolítica global, donde la tecnología es una herramienta clave de influencia. Mientras que países del eje atlántico promueven un desacoplamiento estratégico respecto de China, algunos Estados europeos, incluida España, parecen avanzar en la dirección contraria.
Expertos en relaciones internacionales advierten que la dependencia tecnológica con China podría limitar la autonomía estratégica europea y comprometer su capacidad para proteger infraestructura crítica. En este sentido, señalan que las decisiones del Ejecutivo español deben analizarse no sólo en términos técnicos, sino también geopolíticos.
Más allá de la coyuntura contractual, lo que está en juego es la integridad de los sistemas de inteligencia y seguridad europeos. Si China logra ampliar su influencia sobre redes gubernamentales, bases de datos judiciales o dispositivos de vigilancia pública, se abre la puerta a vulnerabilidades que podrían ser explotadas en contextos de conflicto o tensión diplomática.
Las consecuencias podrían ir desde el acceso no autorizado a información confidencial, hasta la manipulación de datos o interferencia en procesos judiciales. Además, una dependencia estructural de tecnologías extranjeras en sectores como defensa, justicia y telecomunicaciones debilita la soberanía tecnológica de los Estados.
