Por Agroempresario.com
Brasil atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. En la antesala del 1 de agosto, fecha límite para la aplicación de aranceles del 50% por parte del gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, el país también vive una escalada política y judicial que tiene como protagonista al ex presidente Jair Bolsonaro. En simultáneo, el Supremo Tribunal Federal (STF) impulsa causas judiciales en su contra, generando fuertes tensiones institucionales.
La combinación de amenazas externas e internas impacta directamente en la economía brasileña, particularmente en sectores clave como la agroindustria, la energía, el comercio exterior y la industria manufacturera. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva intenta contener una crisis que se proyecta con consecuencias profundas, tanto para la estabilidad política como para el desempeño económico del país.
La medida anunciada por Donald Trump establece aranceles del 50% sobre productos brasileños, a partir del 1 de agosto de 2025. Esta decisión ha sido interpretada por el gobierno de Lula como un acto proteccionista arbitrario, motivado por razones políticas y no comerciales.
Durante una visita a Chile, Lula declaró: "La guerra arancelaria comenzará si Trump no cambia su posición. Nadie puede amenazar por una decisión judicial". La relación diplomática entre ambos mandatarios está completamente congelada. No ha habido llamadas ni reuniones oficiales desde el retorno de Trump a la Casa Blanca.
Mientras tanto, los canales diplomáticos están paralizados. La presión recae ahora sobre el sector privado estadounidense, que también se vería afectado por los aranceles, particularmente en industrias que dependen de las importaciones brasileñas.
Según la Confederación Nacional de la Industria (CNI), la introducción de aranceles podría causar una contracción de 52.000 millones de reales (aproximadamente 9.400 millones de dólares) en exportaciones, reducir el PIB en un 0,16% y provocar la pérdida de 110.000 empleos.
Los estados más vulnerables son Ceará y Rio Grande do Sul, altamente dependientes del comercio con EE.UU. Sectores como calzado, tabaco, muebles, metales, arroz y madera verían una caída abrupta en la demanda externa.
En el agro, los productos más amenazados incluyen el café, el jugo de naranja, el azúcar, la carne vacuna y el maíz. Brasil representa hasta el 70% del jugo de naranja y el 30% del café importado por Estados Unidos. Luiz Carlos Corrêa Carvalho, presidente de ABAG, advirtió: "Estamos a pocos días de un desastre para la agroindustria".
Mientras la amenaza comercial con EE.UU. se profundiza, el escenario político interno también se caldea. Alexandre de Moraes, juez del STF, impuso duras restricciones a Jair Bolsonaro, incluyendo la prohibición de hablar en redes sociales o dar entrevistas. Además, podrá ser responsabilizado por publicaciones de terceros.
Esta decisión provocó un fuerte debate sobre los límites del poder judicial. Medios como O Estado de São Paulo lo calificaron de "un caso escandaloso de censura". El ex juez Walter Fanganiello Maierovitch reconoció que "aunque el juez no es imparcial, sus decisiones tienen base legal".
En paralelo, Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente, presentó una solicitud de impeachment contra De Moraes por "abuso de poder". Eduardo Bolsonaro, también hijo del ex mandatario, incrementa la tensión desde EE.UU., donde reside actualmente y realiza campañas contra las instituciones brasileñas.
Brasil llevó el caso a la Organización Mundial del Comercio (OMC), denunciando los aranceles como "caóticos y arbitrarios". Philip Gough, representante de Brasil ante la OMC, advirtió: "Si fracasan las negociaciones, usaremos todos los medios legales para defender nuestra economía".
Al mismo tiempo, el gobierno analiza implementar la Ley de Reciprocidad Económica, que permitiría imponer aranceles similares a productos estadounidenses. También se estudia el lanzamiento de líneas de crédito para apoyar a empresas exportadoras.
La situación podría escalar a un conflicto social. Grupos como los camioneros ya están movilizados contra nuevas regulaciones laborales y el impacto de los aranceles. Las asociaciones industriales alertan sobre protestas masivas si no se revierte la medida.
La caída de exportaciones a China también agrava la crisis. En el primer semestre del año, Brasil exportó 7,5% menos al país asiático. En este contexto, el gobierno busca profundizar el acuerdo UE-Mercosur y aumentar la cooperación económica con Argentina.
La Argentina emerge como un aliado clave. En 2024, la inversión brasileña en el país vecino creció 66,8% respecto al año anterior. La proximidad logística y la pertenencia al Mercosur fortalecen esta estrategia. Las exportaciones brasileñas podrían redirigirse parcialmente hacia el mercado argentino.
En EE.UU., empresas como Johanna Foods y Johanna Beverage presentaron demandas ante el Tribunal de Comercio Internacional de Nueva York, argumentando que Trump excedió sus facultades al vincular los aranceles con el juicio a Bolsonaro.
La Cámara de Comercio de EE.UU. y la Amcham también se han manifestado. En un comunicado conjunto, advirtieron que los aranceles dañarán a más de 6.500 pymes estadounidenses y aumentarán los precios para los consumidores. El Instituto Brasileño del Petróleo (IBP) también expresó su preocupación.