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Por Agroempresario.com
En un escenario marcado por la tensión entre el gobierno provincial y los productores, una nueva normativa encendió la alarma en Misiones: la Ley VIII-103 de Bioinsumos, vigente desde este mes, impone estrictos requisitos para seguir utilizando el glifosato, uno de los insumos clave en el sistema productivo local. La normativa no solo obliga a inscribirse en un registro especial para continuar con su uso, sino que también exige demostrar que los compradores exigen explícitamente este herbicida. La respuesta fue inmediata: referentes de todos los sectores se congregaron en Posadas para exigir su derogación. La consigna resonó con fuerza: “No queremos vivir en la ilegalidad”.
La provincia de Misiones se ha convertido en epicentro de un conflicto entre la búsqueda de sustentabilidad ambiental y la necesidad de sostenibilidad económica. La Ley VIII-103 de Bioinsumos, sancionada hace dos años pero implementada recientemente, propone restringir progresivamente el uso de agroquímicos como el glifosato para transitar hacia una producción más "verde". Sin embargo, la falta de alternativas viables a corto plazo encendió la protesta.
Desde el sector yerbatero hasta la industria forestal, pasando por productores de té, tabaco, cítricos y mandioca, la respuesta fue unánime: la normativa es impracticable y amenaza con paralizar la producción regional. “No se trata de defender el glifosato, se trata de que no existe hoy un reemplazo eficiente, probado ni accesible”, señalaron en un documento difundido tras la reunión en la sede de la Confederación Económica de Misiones (CEM).
Miguel Núñez, diputado provincial y productor del norte misionero, fue tajante: “Nos están empujando a la ilegalidad”. Núñez, que integra el espacio opositor al oficialismo local, lideró la resistencia desde el inicio del tratamiento de la ley y ahora impulsa su derogación completa.
Si bien el gobierno provincial había prorrogado la prohibición total del glifosato hasta 2030, estableció la obligación de anotarse en un registro a partir de este mes, bajo el Decreto 1608/24. Sin embargo, la inscripción es baja: muchos productores no se anotaron por temor, desconocimiento o rechazo al sistema.
“La mayoría ni siquiera inició el trámite. Y eso genera un limbo legal. No queremos ser perseguidos ni quedar fuera del sistema”, sostuvo Guillermo Fachinello, presidente de la CEM y anfitrión del encuentro, quien también fue citado a una reunión con el gobernador para abrir una mesa de diálogo.
Uno de los argumentos que más preocupa al sector productivo es el riesgo de perder competitividad en los mercados internacionales. En especial, la industria tealera reportó llamados de importadores estadounidenses que advirtieron sobre la posible pérdida de calidad del producto si se suspende el uso del glifosato sin alternativas eficaces.
“Hay exigencias del mercado que no podemos ignorar. Producir sin glifosato, hoy, comprometería el estándar de exportación. No se puede improvisar en estos temas”, remarcaron desde el sector exportador.
La tensión no se limita al plano técnico. El rechazo a la Ley de Bioinsumos también es una manifestación política contra el oficialismo provincial que lleva más de dos décadas en el poder. En el encuentro, figuras opositoras como Diego Hartfield y Adrián Núñez —referentes de La Libertad Avanza en la provincia— fueron recibidos con los brazos abiertos, mientras que otros legisladores como Martín Arjol, Javier Mela y Cristian Castro fueron directamente expulsados del evento por no haber sido invitados.
El trasfondo político quedó expuesto cuando el propio Núñez anunció que presentará un proyecto de ley para derogar no solo el artículo 7 (que prohíbe el uso del glifosato), sino toda la normativa.
Del otro lado del conflicto, el exgobernador Carlos Rovira —impulsor de la ley— argumenta que el objetivo de la normativa es posicionar a Misiones como un “santuario verde”, con políticas ambientales ejemplares a nivel nacional. Este enfoque incluye iniciativas como la emisión de bonos de carbono por entre 70 y 80 millones de dólares, derivados de las capturas certificadas de monte nativo entre 2019 y 2022.
No obstante, los productores advierten que esta estrategia puede ser económicamente inviable si se descuida el sustento productivo de la provincia. “Queremos conservar la selva, pero también producir. Las dos cosas no son incompatibles”, advirtieron voceros del sector agroindustrial.
La frase que se repitió durante toda la jornada fue simple pero contundente: “No maten a la producción”. Varios asistentes lucieron carteles con esta consigna, que refleja el sentimiento de angustia de un sector que se siente excluido de las decisiones políticas que afectan directamente su actividad.
Entre los empresarios presentes estuvieron Francisco “Pepi” Wipplinger, Victor Saguier, Rafael Scherer, Ricardo Ranger, Ariel Steffen, Miguel Godina, Gerardo Díaz Beltrán, Enrique Bongers, Victor Chamula, Manfredo Seifert, Dionel Kimmich, Jorge Pujato, Enrique Urrutia, Matías Pamberger, Fernando Azula, Maura Gruber, Nicolás Ocampo y Sergio Dellapierre. La convocatoria fue calificada como la más importante de los últimos años.
Mientras la tensión crece, Fachinello y otros referentes esperan que esta semana se abra un canal institucional para discutir los efectos y posibilidades de modificación de la Ley de Bioinsumos. La expectativa está puesta en lograr una reformulación consensuada que permita avanzar en la transición ecológica sin poner en jaque al aparato productivo.
“Queremos discutir soluciones. Nadie quiere seguir usando agroquímicos para siempre. Pero necesitamos tiempo, apoyo técnico y opciones reales”, concluyó Fachinello.
