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Por Agroempresario.com
El Gobierno nacional se encamina a presentar un Presupuesto 2026 que incluirá medidas de fuerte impacto fiscal, entre ellas, un superávit primario más alto —del 2,2% del PBI— impulsado por el incremento en el peso de los intereses de deuda. La proyección, respaldada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), forma parte del nuevo esquema acordado entre el Ministerio de Economía y el organismo, y apunta a consolidar la disciplina fiscal como pilar de la estabilidad macroeconómica.
El FMI valoró los esfuerzos del equipo económico por mantener el equilibrio fiscal, incluso con cifras más sólidas de lo previsto al momento de firmarse el nuevo programa en abril. En su reciente informe de revisión, el organismo liderado por Kristalina Georgieva destacó que el Presupuesto 2026 incorporará, por primera vez, un análisis exhaustivo de riesgos fiscales de mediano plazo, y anticipó que se buscará “institucionalizar” el déficit cero mediante un marco legal reformulado.
“La disciplina fiscal será esencial para preservar la estabilidad financiera”, remarcó el FMI en su informe publicado el viernes, un día después de la aprobación de la primera revisión del acuerdo. Según el staff técnico, el objetivo es que el superávit primario pase del 1,6% previsto para este año a un 2,2% en 2026, con una meta aún más ambiciosa del 2,5% para 2027. Este sendero permitirá absorber el mayor costo de intereses de deuda y avanzar en la acumulación de reservas sin depender de la política monetaria.
El organismo también confirmó que el próximo proyecto presupuestario —que será presentado dentro de 40 días— incluirá un marco fiscal a mediano plazo, acompañado de una evaluación integral de los riesgos macroeconómicos. La propuesta, según el FMI, busca consolidar el “ancla fiscal” y reforzar la credibilidad de la política económica frente a los mercados.
En paralelo al diseño del presupuesto, el Gobierno trabaja en una profunda reforma tributaria, que será presentada al Congreso tras las elecciones legislativas y que contará con el apoyo técnico del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El FMI adelantó los ejes centrales del proyecto: simplificación del sistema impositivo, mayor equidad, racionalización del gasto tributario en el IVA, revisión de impuestos especiales y eliminación de tributos distorsivos sobre el comercio y las transacciones financieras.
Estas reformas, según el cronograma oficial, serán detalladas a fines de diciembre y estarán listas para ser implementadas en 2026. El objetivo es reforzar la base de ingresos públicos sin desalentar la inversión ni el empleo, en un contexto donde la presión fiscal continúa siendo motivo de debate en los distintos sectores productivos del país.
El cierre de los fondos fiduciarios extrapresupuestarios también se integra al plan fiscal de mediano plazo. Desde la firma del nuevo acuerdo con el FMI, se eliminaron 29 de los 32 fondos existentes, y se proyecta el cierre definitivo de los restantes para diciembre de 2025. Solo quedará vigente el fondo que subsidia a los usuarios de gas en zonas frías del país.
Este ajuste apunta a mejorar el control presupuestario y la administración de caja del Estado nacional. En ese sentido, el proyecto de Presupuesto 2026 incluirá medidas orientadas a extender el sistema de información financiera a más organismos públicos, evaluar el impacto de las reformas sobre el empleo estatal y racionalizar el gasto social.
También se impulsará un programa de privatización de empresas públicas bajo estándares de transparencia, con asesoramiento financiero del BID. Estas medidas, junto al ordenamiento del gasto y una mejor gestión financiera, buscan consolidar la credibilidad fiscal y mejorar la eficiencia del sector público.
Uno de los aspectos más destacados del nuevo entendimiento con el FMI es la intención del Gobierno de avanzar hacia una regla fiscal con fuerza de ley. Aunque la legislación vigente ya establece objetivos de equilibrio fiscal, se propone reformularla para establecer una meta explícita de déficit fiscal general cero a partir de 2026. Esta normativa incorporaría elementos anticíclicos —como márgenes de flexibilidad ante crisis— y nuevos anclajes vinculados a la evolución de la deuda pública.
“Será necesario fortalecer el marco fiscal institucional para sostener las reformas a lo largo del tiempo”, remarcó el FMI. En esa línea, también se planteó revisar el régimen de coparticipación federal para alinear los incentivos fiscales entre la Nación y las provincias, una tarea pendiente desde hace décadas y que podría facilitar el cumplimiento de metas fiscales coordinadas.
A pesar del énfasis en el ajuste, el FMI y el Gobierno coincidieron en que es crucial preservar el “espacio fiscal” para mantener el gasto social prioritario y la inversión pública. La continuidad de la reducción de subsidios a la energía será clave en este aspecto, con un esquema de tarifas que se acercará progresivamente a los costos reales de generación y distribución.
La meta oficial es mantener el compromiso con la sostenibilidad fiscal sin afectar a los sectores más vulnerables, garantizando al mismo tiempo la eficiencia del gasto público y la sostenibilidad de las cuentas estatales a largo plazo.
Con este Presupuesto 2026, el Gobierno busca afianzar una nueva etapa en la relación con el FMI, caracterizada por la responsabilidad fiscal, el orden institucional y una visión de largo plazo. La aprobación del nuevo marco legal para el déficit cero, junto con la reforma tributaria estructural y la consolidación del cierre de fondos fiduciarios, marcará un punto de inflexión en la política económica argentina.
Las próximas semanas serán clave para definir el contenido final del proyecto presupuestario y para iniciar un debate amplio —tanto en el Congreso como en la sociedad— sobre el modelo fiscal del país y su sostenibilidad en el tiempo.
