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Por Agroempresario.com
Burford Capital, el estudio jurídico-financiero que se convirtió en el principal beneficiario del histórico fallo por USD 18.000 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF en 2012, avanza en paralelo con una estrategia de expansión en el mercado legal de Estados Unidos. Según reveló el Financial Times, la compañía con sede en Londres y cotización en Wall Street está negociando para adquirir participaciones en firmas de abogados norteamericanas, desafiando décadas de restricciones éticas sobre la propiedad de estudios jurídicos.
Burford Capital es, desde hace más de una década, el protagonista central de uno de los juicios más costosos de la historia argentina. En 2012, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropia YPF a la española Repsol, dejando afuera a los accionistas minoritarios. Burford compró parte de los derechos de litigio y llevó el caso a tribunales de Nueva York, donde en 2023 la jueza Loretta Preska falló a su favor, fijando una indemnización inicial de USD 16.000 millones más intereses, que ya asciende a unos USD 18.000 millones.
Argentina apeló y recientemente obtuvo un fallo favorable en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que determinó que el país no debía entregar acciones de YPF mientras se resuelve la apelación. Este traspié para Burford no modificó su estrategia de expansión internacional, aunque sí encendió alarmas sobre la presión financiera y política que implica mantener un litigio de semejante magnitud.
El cofundador de Burford, Jonathan Molot, confirmó que la empresa está en conversaciones con estudios legales norteamericanos para adquirir participaciones minoritarias. La idea es replicar un modelo que ya se utilizó en sectores regulados como la medicina y la contaduría, donde la propiedad directa de profesionales se combina con entidades administrativas denominadas “MSO” (Management Service Organizations).
Este esquema permitiría que las firmas legales mantengan la independencia profesional, mientras Burford y otros inversores externos gestionan activos y brindan servicios administrativos a cambio de una tarifa. La jugada es disruptiva, dado que salvo en Arizona, la mayoría de los estados norteamericanos prohíben que los abogados sean dueños de despachos jurídicos.
Burford Capital cotiza tanto en Londres como en Wall Street, con una capitalización de mercado de USD 3.000 millones. La apuesta por ingresar al mercado legal estadounidense busca diversificar su portafolio y reducir la dependencia de litigios internacionales, especialmente en un momento en el que el caso YPF concentra gran parte de sus ingresos potenciales.
Molot argumenta que el derecho es una industria multimillonaria que aún no explotó todo su potencial en términos de inversión. Según explicó, la introducción de inteligencia artificial y nuevas tecnologías demandará capital, y la llegada de fondos externos podría acelerar esa transformación.
En una entrevista al Financial Times, Molot fue categórico: “La introducción de la IA requerirá capital. Requerirá una renovación y un ajuste del modelo de negocio”. La idea es que las firmas legales abandonen progresivamente el esquema de facturación por hora para migrar hacia modelos más eficientes, basados en tecnología y escalabilidad.
Burford ya conversa con estudios boutique y también con grandes firmas estadounidenses. Aunque no reveló nombres, el interés se centra en despachos que buscan financiamiento para innovación tecnológica y expansión de sus operaciones.
El modelo MSO ya se implementó con éxito en el sector contable, donde más de un tercio de las grandes firmas de Estados Unidos pasaron a manos de fondos de capital privado en apenas tres años. Burford pretende replicar esa experiencia en el mercado legal, aunque el desafío es mayor por la resistencia histórica a permitir la participación de no abogados en la propiedad de estudios.
Aunque el Financial Times evitó mencionar el juicio contra Argentina en su artículo, la realidad es que Burford continúa dependiendo en gran medida de ese litigio. El propio Molot lidera la causa, considerada el mayor negocio en la historia de la compañía.
De hecho, registros oficiales indican que Molot estuvo en Buenos Aires el 19 de diciembre de 2023, apenas nueve días después de la asunción de Javier Milei. Allí se reunió con funcionarios de la Procuración del Tesoro y del Ministerio de Economía, entre ellos José Ignacio García Hamilton, secretario Legal y Administrativo de Luis Caputo. También participaron ex funcionarios de la gestión anterior, como Andrés De la Cruz, subprocurador bajo la conducción de Rodolfo Barra.
Fue la única reunión oficial de Burford con el actual gobierno. La administración Milei sostiene que no habrá negociación alguna con el fondo, a pesar de los intentos por acercar posiciones.
El discurso de Burford apunta a presentarse no sólo como un fondo que financia litigios, sino como un actor capaz de transformar el sector legal global. Molot sostiene que, con la entrada de capital externo, las firmas de abogados podrán profesionalizar su gestión, valorar sus activos y competir en un mercado cada vez más sofisticado.
Al mismo tiempo, el bufete enfrenta críticas por su rol en el caso argentino. Muchos lo comparan con un fondo buitre, dado que su negocio principal se centra en obtener ganancias a partir de litigios contra Estados soberanos o grandes corporaciones. Sin embargo, sus ejecutivos responden que su misión es democratizar el acceso al financiamiento legal y dar oportunidades a quienes de otro modo no podrían litigar contra gigantes económicos.
