El debate por el Presupuesto 2026 comenzará este miércoles en la Cámara de Diputados, en un contexto económico marcado por la volatilidad financiera y la incertidumbre sobre las proyecciones oficiales. El proyecto, enviado por el Gobierno nacional, fue analizado por el Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), que destacó la intención de sostener el equilibrio fiscal, aunque advirtió sobre supuestos “excesivamente optimistas”.
El texto oficial prevé que la inflación de 2026 será del 10,1%, menos de la mitad de lo estimado para este año (24,5%) y en línea con el discurso del presidente Javier Milei, quien asegura que para mediados de 2025 la inflación “desaparecerá”.
Sin embargo, el Ieral considera que esa proyección resulta poco probable: “Debería consolidarse un sendero descendente muy marcado en los precios mensuales”, señaló el informe citado por Eterovich. Las consultoras privadas, incluso las más cercanas al oficialismo, prevén que los precios continúan mostrando una leve aceleración, con un índice cercano al 2% en septiembre y aumentos similares para octubre.
En materia de actividad económica, el Presupuesto plantea un crecimiento del PBI del 5,4% en 2025 y del 5% en 2026. Pero el Ieral observa que, para alcanzar esos niveles, “la producción debería crecer a razón del 0,45% mensual”, cuando en los primeros siete meses de 2025 la variación fue negativa.
A esto se suma la incertidumbre cambiaria. El Gobierno proyectó un dólar a $1.325 en diciembre y $1.423 para fines de 2026, cifras que ya quedaron desactualizadas ante las oscilaciones del tipo de cambio de las últimas semanas.
Uno de los puntos más cuestionados por los analistas es la ausencia de una reforma tributaria. Según Eterovich, el informe del Ieral remarca que “el proyecto no prevé cambios estructurales en el esquema impositivo”, pese a que Milei lo había prometido en su discurso de diciembre de 2024.
El texto incluso contempla aumentos en el impuesto a los combustibles y en los derechos de importación, mientras mantiene tributos considerados distorsivos, como las retenciones y el impuesto al cheque. En total, se proyecta un incremento real de la recaudación del 6,2%, superior al crecimiento de la economía, lo que implica una leve suba de la presión fiscal.
El Gobierno planea un aumento del gasto total del 5,5% para 2026, una desaceleración respecto de la política de ajuste inicial. Aunque habrá recortes en transferencias de capital a provincias, subsidios al transporte y energía, crecerán las partidas para universidades, seguridad social y familias.
Pese a estos movimientos, el análisis histórico del Ieral muestra que el gasto público nacional se mantendrá en torno al 15% del PBI, un nivel bajo en comparación con los picos de 2015 y 2020 (24% del PBI). En ese marco, el gasto previsional seguirá siendo el componente más significativo, alcanzando el 5,1% del PBI, aunque aún por debajo de los valores registrados antes de la pandemia.
El Presupuesto 2026 combina la búsqueda de continuidad fiscal con proyecciones que, para los economistas, podrían resultar difíciles de sostener. Inflación de un dígito, tipo de cambio estable y crecimiento sostenido son metas que dependen de un escenario externo favorable y de una mejora en la confianza interna.
En palabras del Ieral, citadas por Lucrecia Eterovich, “los supuestos macroeconómicos son optimistas y no contemplan reformas de fondo”. En definitiva, el debate parlamentario que se inicia esta semana pondrá a prueba no solo las estimaciones del Gobierno, sino también su capacidad para sostener el rumbo económico sin resignar credibilidad.