La llegada de Rodrigo Paz a la presidencia de Bolivia abre una puerta para el gas argentino rumbo a Brasil

La reciente elección presidencial en Bolivia, que consagró a Rodrigo Paz con el 54,5% de los votos, podría marcar un punto de inflexión estratégico para el desarrollo del gas argentino de Vaca Muerta. Aunque no fue el candidato más liberal del balotaje, Paz representa una ruptura clara con más de dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por Evo Morales, lo que abre una nueva ventana para la integración energética regional.

Durante las gestiones del MAS, Bolivia aplicó altos costos de transporte para que Argentina pudiera utilizar su red de gasoductos y acceder al mercado brasileño, clave para la expansión del gas no convencional argentino. Este "peaje" elevado, sumado a la incertidumbre regulatoria, frenó numerosos proyectos de infraestructura e integración. La posibilidad de depender de un tercero con reglas poco previsibles generó desconfianza e incluso riesgos de interrupciones críticas en los contratos.

Con el nuevo gobierno, el sector energético argentino observa con cautela, pero también con expectativas. La señal política de Rodrigo Paz apunta hacia una gestión más promercado, abierta al capital privado y con mayor previsibilidad jurídica. Álvaro Ríos Roca, exministro de Hidrocarburos de Bolivia y actual director de Gas Energy Latin America, fue contundente: “El MAS de Evo se dilapidó 13 trillones de pies cúbicos de gas, no repusieron reservas y vamos a tener que importar gas de Argentina en 2028”. Además, cuestionó los magros resultados de la inversión estatal en litio, que superó los 1.100 millones de dólares sin una producción tangible.

Este viraje político se ve reforzado por un nuevo Congreso con mayoría de centro-derecha, donde el MAS no logró ingresar senadores. Este escenario legislativo crea un terreno fértil para avanzar con acuerdos que favorezcan la integración energética, permitiendo el aprovechamiento de la infraestructura boliviana sin las trabas del pasado.

Si bien la propuesta de Paz no es tan radical como la de Jorge Quiroga o el modelo de liberalización que impulsa Javier Milei en Argentina, su visión sigue siendo favorable al sector privado y a las inversiones, manteniendo un rol relevante del Estado. Este equilibrio podría resultar atractivo para operadores energéticos que buscan reglas claras sin un retiro total del Estado como garante.

El desafío principal sigue siendo la reducción de los costos de transporte en los tres países involucrados: Bolivia, Brasil y Argentina. El objetivo argentino es abastecer al mercado brasileño con al menos 10 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d), además de consolidar el abastecimiento en el norte argentino y, eventualmente, en Chile. Para lograrlo, se requiere una integración tarifaria regional que permita colocar el gas en el corazón industrial de San Pablo a un precio competitivo, idealmente entre 7 y 10 dólares por millón de BTU.

En paralelo, será necesario que Argentina revise su política interna: eliminar las retenciones del 8% a las exportaciones de gas y revisar los precios mínimos, dos elementos que encarecen el negocio y limitan la competitividad frente a otros proveedores internacionales.

Las inversiones estimadas para concretar este corredor energético ascienden a unos 2.500 millones de dólares, que incluyen gasoductos, ampliaciones y plantas compresoras. Para que ese desembolso se materialice, será clave contar con contratos de largo plazo que den previsibilidad a los inversores.

Daniel Montamat, exsecretario de Energía argentino, planteó que este nuevo escenario permite “articular negocios de oportunidad para exportar usando esos caños”. A mediano y largo plazo, sostuvo, es indispensable avanzar hacia un mercado regional de gas y electricidad que beneficie a toda la región.

Como señala el periodista Fernando Heredia, una integración energética sólida entre Argentina, Bolivia y Brasil no solo potenciaría el desarrollo de Vaca Muerta, sino que también consolidaría una plataforma regional capaz de atraer inversiones, generar empleo y mejorar la competitividad industrial del Cono Sur.