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Tras el triunfo electoral del domingo, el Gobierno nacional se prepara para una etapa decisiva en materia económica y política. Con un mayor respaldo legislativo que se consolidará a partir del 10 de diciembre, el equipo económico busca mantener la estabilidad cambiaria, acumular reservas y reactivar la actividad, mientras avanza con el envío al Congreso de los primeros proyectos de reforma estructural, ejes centrales del programa oficial para los próximos dos años.
La caída del dólar mayorista en la jornada posterior a las elecciones fue leída como una señal de alivio temporal por parte de los analistas, aunque no disipó las dudas de mediano plazo. El lunes, la divisa tocó los $1.330 antes de estabilizarse en torno a $1.435, en un contexto de expectativa contenida. Para los economistas, el movimiento reflejó una mejora en la confianza del mercado, aunque advierten que el desafío real será sostener la calma cambiaria sin agotar reservas.
“El esquema actual gana aire por unos meses, pero no está libre de riesgos”, explicó el economista de EcoGo, Lucio Garay Méndez, quien sostuvo que la recuperación del carry trade puede no alcanzar para garantizar una oferta constante de divisas. “Será clave el acceso a los USD 20.000 millones del swap con Estados Unidos para sostener el equilibrio del sistema”, señaló.
En la misma línea, Claudio Caprarulo, director de Analytica, remarcó que la reacción inicial del mercado refleja “una reducción de la incertidumbre política tras los comicios”, aunque subrayó que noviembre será un mes desafiante por la baja liquidación de exportaciones. “La demanda transaccional seguirá alta y eso puede presionar el tipo de cambio si no aparecen flujos frescos de dólares”, advirtió en declaraciones a Infobae.
El panorama de las reservas internacionales continúa siendo una de las principales preocupaciones en el Ministerio de Economía. Según el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Argentina debería cerrar el año con un nivel de reservas netas de -USD 2.600 millones. Sin embargo, estimaciones privadas calculan que actualmente la brecha con esa meta ronda entre USD 7.000 millones y USD 8.000 millones, lo que representa un desafío significativo para el cierre del cuarto trimestre.
La situación se complica por el adelanto de parte de la liquidación del sector agroexportador, impulsada meses atrás por el esquema de retenciones cero, que redujo el margen de ingresos para los próximos meses. Por ello, el equipo económico confía en que el fortalecimiento de la confianza y la continuidad del esquema de bandas permitirán al Banco Central recomponer gradualmente sus tenencias.
El nivel de actividad económica también ocupa un lugar central en la agenda del Gobierno. Aunque los últimos datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostraron un repunte intermensual de 0,3% en agosto, el riesgo de recesión aún no se disipa.
La expansión reciente estuvo concentrada en sectores no vinculados al consumo, como intermediación financiera (+26,5%) y explotación de minas y canteras (+9,3%), mientras que el gasto de los hogares sigue mostrando debilidad. “El resultado electoral en la provincia de Buenos Aires dejó en evidencia que el bolsillo sigue siendo el principal termómetro político”, analizan en despachos oficiales.
Para Garay Méndez, la evolución de la actividad dependerá en buena medida de la trayectoria de las tasas de interés. “Si se mantiene la estabilidad cambiaria, las tasas podrían comprimirse y dar cierto alivio al crédito, reactivando el consumo y la inversión”, sostuvo el economista. A su vez, Caprarulo consideró que el “efecto confianza” posterior a las elecciones podría dinamizar decisiones de compra e inversión que estaban postergadas. “La adquisición de bienes durables y maquinaria podría mostrar señales de reactivación en las próximas semanas”, anticipó.
Con el resultado electoral consolidado, el Gobierno planea acelerar el envío al Congreso de las llamadas reformas de segundo orden, parte del Consejo de Mayo, un paquete de medidas que incluye cambios laborales, previsionales, educativos y tributarios.
“El proyecto de reforma laboral está listo y saldrá el 15 de diciembre como parte de los proyectos del Consejo de Mayo”, adelantó a Infobae una fuente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
Según esa información, la redacción se basó en un informe del economista Gastón Utrera, director del Instituto de Economía Política, que relevó los principales términos utilizados en los juicios laborales con el objetivo de modernizar la legislación y reducir la litigiosidad. “Hay temas que tendrán apoyo casi unánime y otros con acuerdos parciales, pero todos los puntos del Consejo tendrán su propio proyecto”, confirmaron desde el entorno oficial.
El paquete legislativo comenzará a tratarse una vez que asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre, momento en que el oficialismo pasará de 79 a 101 bancas en Diputados junto con el PRO, y de 13 a 24 senadores, mejorando su capacidad de negociación.
Paralelamente, el Consejo de Mayo mantiene discusiones abiertas sobre las reformas tributaria y previsional, aunque fuentes participantes de las reuniones reconocen que los avances son todavía limitados.
La cuarta reunión del consejo, centrada en la reforma tributaria, fue encabezada por el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro Federico Sturzenegger, junto con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, la senadora Carolina Losada y el diputado Cristian Ritondo. También asistieron el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini, y el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez.
En el encuentro participó además el secretario de Hacienda Carlos Guberman, señalado como el encargado de la redacción del nuevo esquema impositivo, y el abogado Liban Kusa, del estudio Bruchou & Funes de Rioja, quien habría colaborado en la Ley Bases y su capítulo fiscal.
“Se discutieron lineamientos generales, sin definiciones concretas”, admitió a Infobae uno de los presentes, al tiempo que confirmó que “aún no hay fecha para una segunda reunión”.
Con el respaldo electoral y la perspectiva de un Congreso más favorable, el Gobierno busca consolidar un programa de estabilidad macroeconómica que combine disciplina fiscal, unificación cambiaria gradual y reformas estructurales.
El desafío, admiten incluso en la Casa Rosada, será mantener la confianza del mercado y evitar un nuevo ciclo recesivo, en un contexto de fragilidad externa y baja disponibilidad de divisas. En los próximos meses, el equilibrio entre la política y la economía volverá a ser determinante para sostener el rumbo del plan oficial.
