La Pampa y Nación avanzan hacia un acuerdo por el déficit previsional de la caja provincial

La Provincia de La Pampa y el Gobierno nacional dieron un paso significativo este jueves hacia la resolución del reclamo por el déficit previsional de la caja jubilatoria provincial, durante una audiencia de conciliación celebrada en la sala Carmen Argibay de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La reunión reunió a autoridades provinciales y nacionales, quienes acordaron avanzar en una instancia técnica destinada a consolidar un monto consensuado que permita llegar a un acuerdo conciliatorio en los próximos 30 días.

El encuentro se desarrolló en el marco del juicio iniciado por La Pampa para exigir el reconocimiento y pago por parte del Estado nacional de los fondos que la provincia destina para cubrir el déficit de su sistema previsional. Este reclamo se basa en la normativa que garantiza la asistencia nacional a las jurisdicciones que mantuvieron sus cajas jubilatorias fuera del régimen nacional, como es el caso pampeano.

La comitiva provincial estuvo encabezada por el gobernador Sergio Ziliotto, acompañado por el ministro de Hacienda y Finanzas, Guido Bisterfeld; la fiscal de Estado, Romina Schmidt; el secretario general de la Gobernación, José Vanini; y los letrados Gerardo Conte Grand y Esteban Conte Grand. Por parte del Gobierno nacional participaron el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el director de Asuntos Contenciosos del Estado Nacional, Carlos Gustavo Pistarini; el subsecretario Legal del Ministerio de Economía, Franco Simón; el secretario Legal y Técnico de ANSES, Andrés Gutiérrez; el director de Despacho, Cristian Villani; y los abogados apoderados Gerardo Martín Corti y José Luis Álvarez.

Durante la audiencia se produjo un intercambio de posturas en torno al monto adeudado y al alcance del reclamo provincial. Según informaron fuentes oficiales de La Pampa, los representantes del Estado nacional reconocieron la legitimidad del reclamo, señalando la disposición del Gobierno nacional a avanzar en una solución estructural que permita cerrar la demanda judicial y establecer un mecanismo de pago definido.

Este punto fue considerado clave por autoridades pampeanas, que desde hace años sostienen que la falta de reconocimiento pleno del déficit previsional afecta tanto el equilibrio financiero de la provincia como la sustentabilidad del sistema jubilatorio. La caja de La Pampa continúa administrada de manera provincial, lo que implica que la jurisdicción asume los pagos y obligaciones, mientras que la Nación debe cubrir el diferencial que se genera entre aportes y egresos.

Como resultado del encuentro, se decidió pasar a un cuarto intermedio y establecer un plazo de 30 días corridos para que los equipos técnicos de ambas partes trabajen en la consolidación de los montos surgidos de las auditorías, con el objetivo de firmar un acuerdo conciliatorio. La nueva audiencia fue fijada para el 10 de diciembre, instancia en la cual se espera avanzar en la firma definitiva o, al menos, en una propuesta formal de la Nación.

La definición de los montos es uno de los puntos centrales del proceso. La provincia sostiene que el reconocimiento debe efectuarse sobre la base de los cálculos realizados por el organismo previsional provincial, mientras que la Nación plantea la necesidad de validar los informes mediante auditorías conjuntas realizadas bajo criterios comunes. No obstante, el reconocimiento de la “legitimidad del reclamo” marcó una señal política considerada positiva por los representantes provinciales.

El gobernador Sergio Ziliotto ha señalado en distintas ocasiones que la defensa del sistema previsional provincial es una política de Estado que trasciende gestiones y coyunturas fiscales. La provincia fue una de las jurisdicciones que decidió mantener su caja fuera del sistema nacional unificado, preservando la autonomía en el manejo de aportes y beneficios jubilatorios. Este modelo implica mayores responsabilidades financieras, pero también la posibilidad de establecer políticas previsionales propias.

El reclamo de La Pampa se enmarca en un debate más amplio sobre el financiamiento de los sistemas previsionales provinciales no transferidos. Varias provincias mantienen litigios y negociaciones con la Nación por este mismo motivo. La Corte Suprema ha intervenido en diversos casos para ordenar al Estado nacional la transferencia de fondos adeudados, lo que ha sentado precedentes relevantes en materia de federalismo fiscal.

En este contexto, la audiencia de este jueves representa un avance hacia una solución negociada y podría servir como antecedente para otras jurisdicciones que enfrentan situaciones similares. Desde la provincia destacaron el tono “constructivo” de la reunión y el hecho de que la Nación haya abierto la vía técnica para resolver la controversia.

El proceso que se abre ahora requerirá la coordinación de equipos técnicos especializados en derecho previsional, administración financiera y auditoría contable. La definición del monto adeudado será determinante no solo para el cierre del reclamo judicial, sino también para el diseño de un esquema de pago. Una vez validado el monto, las partes deberán acordar el mecanismo mediante el cual la Nación transferirá los fondos, ya sea por pagos directos, compensaciones o un plan escalonado.

De concretarse el acuerdo, La Pampa podría transformar una disputa judicial prolongada en una fuente de previsibilidad financiera a mediano plazo. Para la provincia, significa aliviar presiones presupuestarias y garantizar la estabilidad de su sistema previsional. Para la Nación, implica resolver un conflicto judicial y avanzar en la normalización de las relaciones fiscales con las provincias.

La próxima audiencia del 10 de diciembre será clave para determinar si el entendimiento avanza hacia una firma definitiva o si serán necesarios nuevos tramos de negociación. De cualquier modo, la admisión del reclamo por parte de Nación marca un punto de inflexión en un proceso que, hasta ahora, se encontraba trabado en la instancia judicial.