El Gobierno nacional derogó 973 normas vinculadas a la producción y comercialización de vinos en la Argentina, en una modificación que redefine el rol del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y concentra los controles en los productos finales. La medida fue oficializada mediante la Resolución 37/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial y forma parte del proceso de simplificación regulatoria que lleva adelante el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. La información fue reportada por Infobae, medio que accedió al detalle de la reforma y sus alcances.
Según publicó Infobae, el nuevo régimen elimina cerca del 80% de las disposiciones históricas que regulaban la actividad vitivinícola y que, a lo largo de los años, habían generado superposiciones, trámites presenciales y fiscalizaciones frecuentes dentro de bodegas y establecimientos del sector. El cambio fue impulsado de manera conjunta por el INV, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Ministerio de Desregulación con el objetivo de facilitar la operatoria industrial y reducir costos administrativos.
La modificación implica que el Estado dejará de intervenir en las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo —como la cosecha, la elaboración o el transporte interno— para enfocarse exclusivamente en la verificación del producto embotellado. La fiscalización, por lo tanto, se orientará a asegurar la aptitud de consumo, la autenticidad y la ausencia de adulteraciones en el vino que llega al mercado.
De acuerdo con la información citada por Infobae, uno de los cambios inmediatos es la eliminación de la Declaración Jurada semanal de elaboración, una exigencia que demandaba carga administrativa en bodegas grandes y pequeñas. También se suprimen los permisos de tránsito, que alcanzaban aproximadamente 140.000 trámites anuales, y las sanciones por presentación fuera de término de declaraciones juradas.
La medida impacta sobre productores primarios, industrias de mosto y espumosos, bodegas artesanales, elaboradores de vino casero, plantas fraccionadoras y laboratorios vinculados al INV. Hasta ahora, estos operadores enfrentaban más de 5.000 inspecciones presenciales anuales, según las cifras difundidas por Infobae a partir de informes oficiales.
El nuevo esquema considera optativas las certificaciones de origen, añada y varietal, que quedarán disponibles para quienes las requieran por motivos comerciales o para exportaciones. No obstante, el INV seguirá emitiendo la documentación necesaria para los países que la exijan como condición de ingreso.
El presidente del INV, Carlos Tizio, destacó que el rediseño del sistema “moderniza la relación entre el Estado y las bodegas”, permitiendo que la industria responda con más agilidad a la dinámica del mercado internacional. Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la derogación de normas en un mensaje difundido en redes sociales y citado por Infobae: “La Resolución 37/2025 deja atrás décadas de burocracia absurda en el sector vitivinícola”, afirmó.
Sturzenegger señaló además la relevancia económica del sector. “Argentina produce 900 millones de litros de vino por año y es el quinto productor mundial. Exportamos alrededor de USD 800 millones anuales”, señaló. En ese marco, sostuvo que el nuevo régimen busca dotar a la actividad de mayor flexibilidad frente al cambio en las tendencias globales de consumo y competencia entre regiones productoras.
Según Infobae, la reforma también responde a la necesidad de reducir oportunidades para la discrecionalidad y la corrupción en los mecanismos de control. Al eliminar fiscalizaciones en etapas intermedias y limitarse al análisis del vino embotellado, el sistema reducirá los contactos directos entre inspectores y productores. Sturzenegger expresó al respecto: “Menos burocracia son menos oportunidades para la corrupción”.
La medida se enmarca en la agenda de simplificación regulatoria asociada a la Ley de Bases, sancionada en 2024, que promueve la revisión de marcos normativos acumulados en distintos sectores de la economía. En vitivinicultura, el proceso incluye la digitalización de registros y declaraciones, la actualización de protocolos de muestreo y el fortalecimiento de la trazabilidad final.
El impacto de la reforma se hará visible en distintos niveles. Para bodegas medianas y grandes, la eliminación de permisos y controles presenciales reducirá costos operativos y tiempos de gestión. Para productores artesanales y elaboradores pequeños, los cambios podrían significar mayor autonomía, aunque especialistas consultados por medios sectoriales advierten que será clave mantener estándares voluntarios de trazabilidad para sostener la competitividad en segmentos de alta gama y exportación.
La industria vitivinícola argentina tiene una fuerte presencia territorial en provincias como Mendoza, San Juan, La Rioja, Neuquén y Río Negro, donde el sector representa una parte relevante de las economías regionales, el empleo y la identidad productiva local. Por ese motivo, el modo en que el nuevo esquema se implemente será central para evaluar su impacto de mediano plazo.
El INV anticipó que la transición será gradual y que se desarrollarán sistemas digitales para simplificar la presentación de datos, además de reforzar la infraestructura para los análisis de calidad del vino final. El organismo también señaló que se trabajará en campañas informativas para acompañar la adaptación de los productores.
La reforma abre una nueva etapa para la regulación vitivinícola en la Argentina. Su impacto final dependerá de la capacidad del sistema de controles para garantizar calidad y confianza en el mercado interno y externo, mientras se alivian cargas administrativas históricas en la cadena productiva.
