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El Ejecutivo nacional avanzó en una reconfiguración estructural del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) al publicar el Decreto 812/2025, que modifica de manera sustancial las funciones del organismo. La decisión, difundida este martes en el Boletín Oficial, marca un giro decisivo en la política yerbatera del Gobierno y se inscribe en la estrategia de desregulación que impulsa la administración de Javier Milei.
El decreto introduce modificaciones centrales al Decreto 1240/2002, normativa que desde hace más de dos décadas establecía el funcionamiento operativo del instituto. La intervención oficial apunta a limitar su capacidad de incidir en el mercado yerbatero y a concentrar su misión en tareas técnicas vinculadas con la calidad del producto.
Entre los cambios más significativos, el texto reemplaza por completo el artículo 8° del decreto original. La nueva redacción prohíbe al INYM emitir regulaciones o medidas que puedan “generar distorsiones de precios”, establecer barreras de entrada o interferir en la libre competencia dentro de la cadena yerbatera. Con esta definición, el organismo pierde herramientas históricas con las que intervenía en la producción y el comercio del sector.
Además, se instruyó al instituto a revisar toda su normativa interna en un plazo máximo de 30 días, con el objetivo de eliminar disposiciones que contradigan la nueva estructura de funciones.
La reestructuración también incluye la derogación de los artículos 9°, 11 al 19 del Decreto 1240/02. Esa sección constituía el núcleo regulatorio del INYM y habilitaba al organismo a establecer pautas productivas, comerciales y de calidad, así como mecanismos de control sobre distintos segmentos de la cadena yerbatera.
Con la eliminación de ese bloque normativo, el instituto queda limitado a funciones de verificación técnica y control de calidad, sin capacidad para intervenir en el mercado ni fijar criterios vinculantes para el sector.
Los considerandos oficiales argumentan que la medida busca “modernizar” el funcionamiento del INYM, orientándolo exclusivamente hacia tareas de fiscalización técnica en un mercado considerado competitivo. Esta lectura se articula con los cambios introducidos previamente por el DNU 70/2023, que modificó la Ley 25.564, base legal del organismo, redefiniendo sus atribuciones y estructura.
El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, y empezará a regir al día siguiente de su publicación.
La decisión oficial implica un giro relevante para el sector yerbatero, uno de los motores económicos del Nordeste Argentino (NEA). La retirada del Estado en la regulación del mercado podría reconfigurar la dinámica productiva y comercial de una actividad que históricamente mantuvo estrategias de equilibración entre oferta, demanda y precios.
Mientras el Ejecutivo sostiene que la desregulación favorecerá una competencia más eficiente, distintos actores del sector plantean interrogantes sobre el impacto en pequeños productores y en la distribución del ingreso dentro de la cadena.
