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De acuerdo con la información publicada por Agrofy News, productores y comunidades rurales del centro bonaerense atraviesan un escenario excepcional: una inundación que lleva nueve meses consecutivos y que, según CARBAP, evidencia la ausencia histórica de obras estructurales por parte de municipios, provincia y Nación.
En la cuenca del Río Salado —que abarca unas 17 millones de hectáreas— el análisis satelital realizado entre el 11 y el 13 de noviembre mostró que 2 millones de hectáreas quedaron bajo agua y 3,8 millones resultaron afectadas. Entre ellas, amplias zonas sin agua visible, pero completamente inutilizables por falta de piso y caminos intransitables.
El diagnóstico es contundente: en plena campaña gruesa, millones de hectáreas quedaron fuera del circuito productivo.
Más de 1,5 millones de hectáreas podrían quedar sin sembrar
La entidad rural estima que cerca de 1,5 millones de hectáreas agrícolas no podrán sembrarse este año. Con la clásica distribución 60% soja y 40% maíz, esta merma productiva representaría una pérdida cercana a los US$ 2.000 millones para 2026.
Las consecuencias, sin embargo, no se limitan al productor: contratistas, transportistas, comercios, pymes y los propios Estados municipal, provincial y nacional sufrirían una caída sustancial en su actividad y recaudación.
CARBAP sostiene que, de haberse completado el Plan del Salado —cuyo avance está retrasado una década—, buena parte de este impacto se habría mitigado.
La deuda estructural de la red vial rural
Para CARBAP, los intendentes tienen un rol clave en esta crisis. Señala que la tasa vial, las guías de traslado y un porcentaje del Impuesto Inmobiliario Rural deberían garantizar el mantenimiento de los caminos rurales, pero la organización denuncia que “una parte significativa de esos fondos se desvía a otros gastos”.
El resultado se vuelve visible cada vez que las lluvias se intensifican: caminos colapsados que aumentan los costos logísticos y dificultan actividades básicas como el acceso a escuelas o la circulación de servicios de salud.
Una obra que debió terminar hace diez años
La responsabilidad de ejecutar las obras del Plan del Salado recae sobre el gobierno provincial. No obstante, su avance apenas supera la mitad, pese a que debió finalizarse hace una década.
CARBAP reconoce que estas obras no evitarían eventos extremos como el actual, pero sí reducirían notablemente la magnitud de los anegamientos.
La discusión presupuestaria también generó polémica: la provincia plantea un aumento del 100% en el Impuesto Inmobiliario Rural para 2026, mientras destina solo unos 4 millones de dólares al Plan del Salado. Para la entidad rural, “la desproporción es evidente e inaceptable”.
Una cuenca estratégica sin inversión
La cuenca del Salado aporta el 25% de la producción nacional de granos y concentra el 28% del stock bovino. Solo mediante retenciones, la Nación recauda allí más de US$ 1.000 millones por año desde hace dos décadas.
Pese a esta relevancia, el Proyecto de Presupuesto Nacional 2026 no asigna fondos para las obras del Salado. Para CARBAP, esta omisión contradice tanto la importancia productiva de la región como la existencia del Fondo Hídrico de Infraestructura, financiado por cada litro de combustible para obras hídricas.
CARBAP estableció una meta concreta: el Plan Maestro del Río Salado debe completarse en su totalidad antes de 2030. La entidad subraya que no se trata de una consigna política, sino de una obligación social y productiva para resguardar millones de hectáreas, miles de familias y el futuro del interior bonaerense.
“No hablamos de obras complejas: son canales, puentes y estructuras hidráulicas básicas, que el país ya sabe construir”, remarcaron.
Frente al habitual argumento de la falta de recursos, CARBAP fue clara: “En esta cuenca sí hay plata: la generan los productores y la recaudan los tres niveles del Estado todos los años”.
Por eso, demandan compromisos públicos, verificables y sostenidos por parte de los gobiernos actuales y futuros.
La entidad concluyó con un mensaje directo:
“Las inundaciones no esperan. La producción no espera. La familia rural, la educación, la salud y la seguridad del interior productivo tampoco pueden seguir esperando”.
