Venezuela flexibiliza su marco petrolero y abre la puerta a capitales extranjeros

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves una reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que introduce cambios sustanciales en el régimen regulatorio del sector petrolero, con el objetivo de incentivar la inversión privada y extranjera, recuperar la producción de crudo y mejorar el ingreso de divisas. La modificación fue sancionada por unanimidad en Caracas y representa el giro más significativo en la política energética del país en más de dos décadas, en un contexto marcado por la crisis económica y el deterioro de la principal industria nacional.

La iniciativa, impulsada por el oficialismo, será promulgada en los próximos días y entrará en vigencia una vez publicada en la Gaceta Oficial. El nuevo marco busca revertir las restricciones que rigieron desde mediados de los años 2000 y que consolidaron el control mayoritario del Estado sobre los proyectos petroleros, en un escenario que derivó en una fuerte caída de la producción y en la salida de capitales internacionales.

Durante la sesión legislativa, las autoridades destacaron el alcance histórico de la reforma y su impacto a futuro. “Queda sancionada para la historia, para el futuro, para nuestras hijas y nuestros hijos la Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos”, afirmó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, al momento de la votación. “Solo cosas buenas vendrán después del sufrimiento”, agregó.

La reforma apunta a mejorar las condiciones de inversión en el sector energético venezolano, considerado estratégico para la reconstrucción económica del país. Entre los cambios centrales se encuentra la flexibilización de las reglas de participación de empresas privadas en proyectos petroleros, la posibilidad de reconocer el arbitraje internacional en controversias vinculadas a inversiones y un esquema que habilita un pago más directo de regalías al Estado.

Según el nuevo diseño normativo, los inversores asumirán los costos operativos y los riesgos de financiamiento, lo que busca aliviar la carga financiera de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la empresa estatal que atraviesa una situación crítica producto de años de desinversión, endeudamiento y problemas de gestión. Al mismo tiempo, el texto mantiene la propiedad estatal de los yacimientos, un punto que el oficialismo considera central para preservar la soberanía sobre los recursos naturales.

Desde el gobierno venezolano sostienen que la reforma introduce mayor seguridad jurídica y alinea la legislación local con prácticas internacionales del sector energético. En esa línea, Delcy Rodríguez defendió el nuevo esquema al señalar que se trata de “una ley clara, con seguridad jurídica, con normas, adaptada a las prácticas internacionales de este sector”, y subrayó que el marco será “respetuoso de la soberanía nacional”.

El cambio legislativo se produce en un contexto político y geopolítico particular. Semanas atrás, tras una operación militar estadounidense en Caracas que derivó en la captura de Nicolás Maduro, el gobierno de Estados Unidos expresó su intención de impulsar la recuperación del sector energético venezolano y de garantizar que los ingresos derivados del petróleo tengan un impacto directo en la población.

En ese marco, el presidente Donald Trump firmó recientemente una orden ejecutiva destinada a proteger los ingresos petroleros venezolanos frente a eventuales reclamos judiciales de acreedores internacionales. La medida fue interpretada como parte de una estrategia más amplia para reordenar el flujo financiero del país y facilitar una eventual normalización del sector energético.

El alcance de la reforma también fue analizado por funcionarios estadounidenses. Durante una comparecencia ante el Congreso, el secretario de Estado Marco Rubio señaló que la nueva ley “elimina muchas de las restricciones de la era de Chávez a la inversión privada en la industria petrolera”. No obstante, advirtió que “probablemente no sea suficiente para atraer la inversión necesaria, pero supone un gran avance”.

La normativa busca desandar el camino iniciado en 2006, cuando una reforma impulsada por Hugo Chávez reemplazó los convenios operativos por empresas mixtas con mayoría estatal, reduciendo la autonomía de los socios privados. Ese giro provocó la salida de compañías internacionales como ExxonMobil y ConocoPhillips, que luego recurrieron a tribunales internacionales para reclamar compensaciones. Otras firmas, como Chevron, optaron por permanecer en el país bajo condiciones más restrictivas.

El impacto de esas políticas se reflejó en el desempeño de la industria. Pese a contar con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, estimadas en 303.000 millones de barriles, Venezuela registró una caída sostenida de la producción durante la última década. La combinación de falta de inversión, problemas operativos, corrupción y volatilidad de los precios del crudo debilitó severamente la capacidad productiva de PDVSA y redujo el peso del petróleo como fuente de divisas.

En su mensaje anual de gestión, pronunciado el pasado 15 de enero, Delcy Rodríguez ya había anticipado la necesidad de abrir el sector a capitales internacionales para recuperar la producción y estabilizar la economía. En ese discurso, remarcó que sin una recomposición del sector energético será difícil revertir el deterioro fiscal y mejorar las condiciones sociales del país.

La aprobación de la reforma representa el primer paso legislativo concreto en esa dirección. Si bien el nuevo marco no garantiza por sí solo un flujo inmediato de inversiones, redefine las reglas de juego de una industria clave y envía una señal al mercado internacional sobre la disposición del Estado venezolano a modificar su esquema histórico de control.

Analistas del sector coinciden en que la efectividad de la reforma dependerá de su implementación práctica, del respeto a los contratos y de la estabilidad política e institucional en el mediano plazo. También será determinante la evolución del contexto internacional, en particular de los precios del crudo y de las relaciones diplomáticas con los principales actores del mercado energético.

Con esta reforma, Venezuela inicia una nueva etapa en la gestión de su principal recurso estratégico. El desempeño del sector petrolero en los próximos años será decisivo no solo para la recuperación económica, sino también para redefinir el lugar del país en el mercado energético global.