La Municipalidad de Nueve de Julio convocó a productores frentistas de la Ruta Provincial 65 para solicitar permisos de siembra en franjas adyacentes a la traza, en el marco de una normativa bonaerense que habilita el uso agrario precario y oneroso de esos espacios. El llamado, difundido el 12 de febrero de 2026, establece que parte de lo recaudado tendrá destino social, con asignaciones específicas para el Consejo Escolar, asociaciones de bomberos y el mantenimiento de caminos.
Según informó Agrofy News, el permiso tendrá una duración de un año, con posibilidad de renovación. Tendrán prioridad los propietarios o arrendatarios frentistas y, en caso de que no se cubran los cupos, podrán postularse entidades de bien público, como cooperadoras de escuelas rurales o agrarias del distrito.
La iniciativa se apoya en la legislación de la provincia de Buenos Aires, que autoriza a los municipios a otorgar permisos de uso precarios y onerosos para la explotación agrícola de franjas adyacentes a rutas y caminos de la red vial provincial. La norma excluye las superficies estrictamente reservadas para banquinas, aunque habilita sectores linderos bajo determinadas condiciones técnicas y ambientales.
Desde el municipio precisaron que los permisos “tienen una duración máxima de un año, con posibilidad de renovación, y están destinados a la siembra de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas y otras producciones compatibles con las características del lugar”, según consignó Agrofy News.
Requisitos ambientales y limitaciones
El esquema contempla condiciones obligatorias para los productores que accedan al permiso. Entre ellas, el control de plagas y malezas, la implementación de prácticas conservacionistas que eviten la erosión del suelo y el respeto por las restricciones de uso.
Está prohibido el pastoreo de hacienda y el alambrado de los predios intervenidos. Además, la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires conserva la potestad de revocar los permisos cuando lo considere necesario, en función de criterios de seguridad vial o mantenimiento de la infraestructura.
La decisión de habilitar la siembra en estas franjas se diferencia de otras jurisdicciones, como Santa Fe, donde este tipo de utilización no está permitido bajo el mismo esquema normativo.
El municipio remarcó que la iniciativa busca ordenar el uso productivo de sectores que, en muchos casos, permanecen ociosos, al tiempo que genera recursos para fines comunitarios.
Destino de los fondos
La normativa establece un criterio de distribución específico para los ingresos que se obtengan por los permisos. El 60% será destinado al Consejo Escolar del Partido de Nueve de Julio, con el objetivo de financiar infraestructura, equipamiento y funcionamiento de establecimientos educativos.
El 20% se asignará a Asociaciones de Bomberos Voluntarios o entidades de bien público del distrito, mientras que el 20% restante se destinará al mantenimiento de la red vial municipal.
De esta manera, el esquema combina un uso productivo regulado con una finalidad social explícita. El municipio sostiene que el modelo permite generar recursos adicionales sin afectar la seguridad ni la funcionalidad de la red vial, siempre que se cumplan las exigencias técnicas.
La convocatoria ya se encuentra abierta y forma parte de una estrategia local que articula producción, normativa provincial y financiamiento comunitario. En un contexto de restricciones presupuestarias para muchos municipios, la iniciativa busca canalizar el interés productivo de los frentistas hacia un esquema formal que aporte fondos a instituciones clave del distrito.
El resultado de la convocatoria dependerá de la cantidad de solicitudes presentadas y del cumplimiento de los requisitos establecidos. En caso de no completarse la asignación con productores frentistas, el municipio ampliará la participación a organizaciones locales, con el objetivo de garantizar el uso de las superficies habilitadas y el flujo de recursos previsto.
La experiencia de Nueve de Julio podría convertirse en referencia para otros municipios bonaerenses que evalúan aplicar la misma herramienta legal. Por ahora, la prioridad oficial es avanzar con un esquema controlado, con supervisión técnica y distribución transparente de los fondos.
