El Gobierno nacional enviará en junio al Congreso un proyecto de desregulación inmobiliaria con el objetivo de reducir los costos de compraventa, ampliar la competencia en el sector y dinamizar el acceso a la vivienda. Así lo confirmó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, durante su participación en el DATA DAY 4 realizado este lunes en la Universidad Católica Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa, impulsada por la gestión de Javier Milei, busca eliminar trabas regulatorias, modificar el sistema de corretaje y promover un mercado más eficiente y transparente.
El anuncio fue realizado en el marco de un encuentro que reunió a desarrolladores, brokers, inversores y analistas del sector inmobiliario. Según pudo reconstruir este medio a partir de lo expuesto en el evento y declaraciones posteriores, el paquete legislativo apunta a quitar regulaciones que encarecen las operaciones, reducir costos estructurales y generar condiciones para una mayor competencia entre actores del mercado.
En ese sentido, Sturzenegger sostuvo que la iniciativa pretende “quitar trabas y privilegios” que afectan el funcionamiento del sector. “Creemos que habrá una reducción significativa en los costos de compraventa y además vamos a reducir la intervención estatal para agilizar un mercado que siempre es activo”, afirmó el funcionario.
Corretaje y colegios profesionales en la mira
Uno de los ejes centrales del proyecto será la desregulación del corretaje inmobiliario, un punto que generó especial interés entre los asistentes al evento. Durante el intercambio con el público, surgieron consultas sobre el rol de los colegios profesionales y su impacto en la estructura de costos.
El ministro cuestionó el funcionamiento de estas entidades cuando exceden su función de control de matrícula. Según explicó, en muchos casos imponen condiciones que elevan los costos, como aranceles mínimos, honorarios fijados o restricciones operativas. “Si un profesional quiere cobrar menos, no debería haber una norma que lo impida”, señaló.
De acuerdo con su diagnóstico, estas prácticas generan distorsiones en el mercado que terminan trasladándose al precio final de las operaciones inmobiliarias. En esa línea, el Gobierno busca abrir el mercado a nuevos modelos de negocio, fomentar la innovación y permitir que más actores compitan en igualdad de condiciones.
El funcionario también anticipó que la iniciativa incluirá una ley de defensa de la competencia que delimitará con mayor precisión el accionar de los colegios profesionales. “Va a ser una batalla importante, porque hay intereses consolidados desde hace años”, advirtió.
No obstante, reconoció que el proceso no será inmediato ni sencillo, ya que muchas regulaciones dependen de jurisdicciones provinciales o incluso de reformas constitucionales.
Crédito hipotecario: un cambio estructural
Otro de los pilares del plan oficial es la reactivación del crédito hipotecario, considerado clave para dinamizar el mercado inmobiliario. Sturzenegger planteó que el sistema financiero argentino se encuentra en una etapa de transformación estructural, impulsada por la baja de la inflación.
“El modelo de pocos depósitos y tasas altas se termina con la estabilidad macroeconómica”, explicó. En ese contexto, los bancos deberán adaptarse y desarrollar estrategias orientadas a captar ahorro de largo plazo.
Según el ministro, la clave estará en ofrecer instrumentos con rendimientos reales positivos, capaces de atraer los ahorros que actualmente se encuentran fuera del sistema financiero. “El día que el banco le pague al ahorrista un retorno razonable, ese dinero va a volver y se va a transformar en financiamiento hipotecario”, afirmó.
En base a esta proyección, el Gobierno prevé una expansión significativa del crédito hipotecario en los próximos años. Sturzenegger estimó que el volumen podría multiplicarse varias veces respecto de los niveles actuales, impulsado por una mayor estabilidad económica y tasas alineadas con estándares internacionales.
“No es una cuestión de voluntad, es una necesidad del sistema financiero”, resumió.
Construcción y costos ocultos
El tercer eje del proyecto está vinculado a la reducción de costos en la construcción, un factor que impacta directamente en el precio final de las propiedades.
Durante su exposición, el ministro describió la existencia de múltiples cargas impositivas, tasas municipales, aportes y contribuciones que se acumulan a lo largo del proceso constructivo. A este conjunto lo definió como “costos ocultos” que afectan la rentabilidad de los proyectos y encarecen el acceso a la vivienda.
“Hay situaciones donde el proyecto arranca con una desventaja significativa por estos cargos”, explicó. En algunos casos, estos costos pueden representar una proporción relevante del valor total de la obra.
El Gobierno considera que la eliminación de estas distorsiones, junto con una mayor competencia, apertura económica y eficiencia regulatoria, puede contribuir a reducir el precio de los insumos y mejorar la accesibilidad a la vivienda.
Además, el funcionario vinculó este proceso con el potencial de crecimiento económico del país en el mediano plazo. Según su visión, un escenario de expansión impulsada por exportaciones podría fortalecer el mercado inmobiliario y convertirlo en una alternativa atractiva de inversión.
Nuevas dinámicas del mercado
Sturzenegger también hizo referencia a cambios en la demanda habitacional y en la configuración del mercado inmobiliario. Señaló que el crecimiento de sectores como la energía podría generar nuevos polos de desarrollo, con impacto en distintas regiones del país.
Como ejemplo, mencionó el caso de Vaca Muerta, donde el desarrollo de la actividad hidrocarburífera ya está impulsando una mayor demanda de viviendas, infraestructura y servicios.
En cuanto a la oferta, el ministro destacó la necesidad de impulsar segmentos poco desarrollados, como el de unidades pequeñas orientadas a primeros compradores, que podrían ganar protagonismo en un contexto de mayor acceso al crédito.
También planteó la importancia de repensar el urbanismo, adaptándolo a los cambios demográficos, productivos y tecnológicos, con un enfoque más flexible.
Alquileres y efectos de la desregulación
Durante su intervención, el funcionario defendió la desregulación del mercado de alquileres implementada a través del DNU. Según sostuvo, la medida permitió aumentar la oferta y reducir los valores reales en aproximadamente un 30%.
“Cuando se liberó el mercado, aparecieron soluciones que antes no existían”, afirmó, al tiempo que destacó la aparición de contratos más flexibles, alquileres temporarios y nuevos formatos adaptados a diferentes necesidades.
El ministro vinculó la evolución del mercado de alquileres con el desarrollo del crédito hipotecario, al considerar que ambos forman parte de un mismo ecosistema económico que depende de la estabilidad macroeconómica y de reglas claras.
Un cambio de enfoque
Hacia el cierre de su exposición, Sturzenegger insistió en que la estrategia del Gobierno apunta a reducir la intervención estatal, eliminar regulaciones innecesarias y permitir que el sector privado tenga un rol más activo en el desarrollo del mercado.
“Los protagonistas son los que invierten, construyen y operan en el sector”, señaló.
Asimismo, subrayó que el proceso requerirá el acompañamiento del sector privado, tanto en el debate público como en la implementación de los cambios. El proyecto que será enviado al Congreso en junio busca generar un impacto directo en los costos, mejorar la eficiencia del sistema inmobiliario y ampliar el acceso a la vivienda. La iniciativa ya había sido anticipada en marzo por el medio Ámbito.
“Queremos un mercado más dinámico, más competitivo y más accesible”, concluyó el ministro.
