Crece la presión internacional sobre la licitación de la Hidrovía

Un consorcio internacional respaldado por KKR & Co. elevó una queja ante la Casa Blanca por presuntas irregularidades y favoritismo en la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, el proyecto estratégico que busca concesionar el principal corredor fluvial argentino por los próximos 25 años.

El planteo fue presentado ante funcionarios estadounidenses en medio de la etapa decisiva del proceso licitatorio impulsado por el gobierno de Javier Milei. Según trascendió, las empresas sostienen que existen condiciones desiguales que beneficiarían al consorcio rival encabezado por la belga Jan de Nul.

La disputa involucra una concesión que el Gobierno estima capaz de generar inversiones por unos 10.000 millones de dólares y que resulta clave para el comercio exterior argentino, ya que por la Hidrovía circula la mayor parte de las exportaciones agroindustriales del país.

El grupo que realizó la presentación está liderado por la firma belga DEME y cuenta con respaldo financiero de KKR, además de la participación de las estadounidenses Great Lakes Dredge & Dock y Clear Street. En una carta enviada a funcionarios de la administración estadounidense, el consorcio pidió una “intervención oportuna” antes de la definición final del proceso.

Según la presentación, las empresas consideran que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación avanzó de manera acelerada y con criterios que favorecerían a su competidor. También señalaron que el presidente Milei “no estaría al tanto” de las supuestas desventajas que enfrentaría el grupo respaldado por capitales estadounidenses.

La discusión llegó además al entorno político de Washington. El asesor presidencial Santiago Caputo mantuvo reuniones con funcionarios norteamericanos durante una visita reciente a Estados Unidos, donde el tema de la Hidrovía habría formado parte de las conversaciones.

Del lado estadounidense, fuentes cercanas al proceso señalaron que el embajador en Argentina, Peter Lamelas, sigue de cerca la licitación y espera que el procedimiento se desarrolle con transparencia.

Uno de los puntos más cuestionados por DEME y sus socios es la exigencia de una garantía económica de 10 millones de dólares para presentar impugnaciones formales contra decisiones del proceso licitatorio. El consorcio sostuvo que esa condición resulta inusual y desalienta los reclamos administrativos.

Las empresas también objetaron la evaluación técnica realizada sobre su propuesta. Según afirmaron, ocho de los nueve proyectos presentados como antecedentes de experiencia internacional fueron descartados por las autoridades argentinas pese al historial global de DEME en obras de dragado.

Por su parte, el titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, defendió el proceso y aseguró que las empresas pudieron incorporar socios y documentación en etapas previas de la licitación. También indicó que parte de la información presentada por DEME estaba incompleta.

La controversia se suma a las advertencias recientes de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que había señalado presuntas irregularidades en los pliegos y posibles riesgos de direccionamiento en el proceso.

La Hidrovía se convirtió en uno de los principales focos de disputa económica y geopolítica en la región. Además de la competencia comercial, el proceso refleja el interés de Estados Unidos por fortalecer su presencia en proyectos estratégicos de infraestructura en América Latina frente al avance de otros actores globales.

Mientras tanto, el Gobierno argentino busca avanzar con la adjudicación definitiva en las próximas semanas, en una licitación que podría definir el manejo del principal corredor exportador del país durante las próximas décadas.