El Gobierno nacional presentó en el Congreso el proyecto de ley denominado Súper RIGI, un esquema especial de promoción destinado a captar inversiones de más de US$ 1.000 millones en sectores considerados estratégicos para la nueva economía. La iniciativa, impulsada por la administración de Javier Milei y diseñada por el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, busca atraer capitales para actividades tecnológicas e industriales que todavía no tienen desarrollo masivo en la Argentina, con un paquete de beneficios fiscales, aduaneros, laborales y cambiarios que se extenderán durante 30 años.
Según pudo reconstruir este medio a partir del texto enviado al Parlamento y de información difundida por distintos medios nacionales, el nuevo régimen apunta especialmente a proyectos vinculados con inteligencia artificial, baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, uranio y data centers, entre otros sectores intensivos en infraestructura y tecnología.
El proyecto se diferencia del actual Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) porque limita su alcance exclusivamente a actividades nuevas o que tengan un nivel experimental en el país. La intención oficial es evitar que compañías ya instaladas utilicen el esquema para ampliar operaciones existentes y, al mismo tiempo, generar condiciones para la llegada de industrias consideradas clave en la competencia global por tecnología y energía.
La propuesta oficial establece una barrera de ingreso elevada. Cada emprendimiento deberá acreditar inversiones mínimas por US$ 1.000 millones en activos computables y comprometer al menos un 20% de ese monto durante los primeros dos años posteriores a la adhesión. El plazo para presentar proyectos será de cinco años, con posibilidad de una única prórroga adicional.
Incentivos fiscales y estabilidad normativa
Uno de los principales atractivos del Súper RIGI es el paquete de beneficios tributarios. Las empresas adheridas, que deberán constituirse bajo la figura de Vehículos de Proyecto Único (VPU), tributarán una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, muy por debajo del esquema general vigente.
Además, el proyecto contempla mecanismos de amortización acelerada para bienes de capital y obras de infraestructura, deducción de quebrantos sin límite temporal y una tasa reducida del 3,5% para dividendos y utilidades distribuidas.
En materia de comercio exterior, las compañías podrán acceder a exenciones de derechos de importación y exportación para bienes y productos vinculados al plan de inversión. También tendrán la posibilidad de utilizar certificados de crédito fiscal para cancelar IVA asociado a inversiones computables.
Otro capítulo relevante está vinculado al régimen cambiario. El texto habilita una disponibilidad progresiva de divisas provenientes de exportaciones, que irá escalando hasta alcanzar el 100% luego de tres años desde la primera venta al exterior. Asimismo, se exceptúa la obligación de liquidar en el mercado local aportes de capital y financiamiento asociados a cada proyecto.
El esquema incluye además estabilidad normativa durante 30 años en materia tributaria, aduanera, cambiaria y de seguridad social. La iniciativa también garantiza disponibilidad sobre la producción, acceso irrestricto a la Justicia y protección frente a eventuales medidas confiscatorias o expropiatorias.
Inteligencia artificial y multimillonarios tecnológicos
Aunque el proyecto no menciona empresas específicas, en el mercado y en sectores políticos ya se interpreta que el plan apunta a captar el interés de algunos de los grandes jugadores globales de la tecnología y la inteligencia artificial.
En ese escenario aparecen nombres como Elon Musk, Peter Thiel y Sam Altman, empresarios vinculados al desarrollo de IA, minería estratégica y centros de procesamiento de datos.
Durante el último año, Altman había quedado en el centro de la escena luego de trascender conversaciones para desarrollar un gran data center en la Patagonia con inversiones estimadas en torno a los US$ 20.000 millones, aunque hasta ahora el proyecto no avanzó públicamente.
En paralelo, el vínculo entre el Gobierno argentino y Thiel también alimentó especulaciones sobre posibles desembolsos tecnológicos. El empresario y fundador de Palantir mantuvo encuentros con funcionarios nacionales en los últimos meses, en medio de conversaciones sobre herramientas de análisis de datos e inteligencia aplicada.
El Gobierno considera que la Argentina podría transformarse en un polo atractivo para este tipo de inversiones por la combinación de recursos energéticos, disponibilidad de litio, bajas temperaturas en el sur para instalación de centros de datos y potencial exportador.
Restricciones para evitar superposiciones
El proyecto también incorpora límites específicos para impedir que grupos económicos utilicen simultáneamente el RIGI tradicional y el nuevo esquema.
Las compañías que ya solicitaron ingresar al régimen vigente no podrán adherirse al Súper RIGI si presentan proyectos equivalentes o con un alto grado de coincidencia en activos, instalaciones, ubicación o procesos productivos.
La exclusión alcanzará a empresas que compartan más del 50% de la inversión comprometida, de la capacidad de producción prevista o de los activos físicos centrales de otro emprendimiento previamente presentado.
La intención oficial es evitar duplicaciones de beneficios y reservar el nuevo régimen únicamente para actividades inéditas o estratégicas.
El texto también fija condiciones para provincias y municipios que decidan adherir. Las jurisdicciones deberán comprometerse a no crear nuevos tributos que incrementen la carga fiscal sobre los proyectos y limitar impuestos locales como Ingresos Brutos y Sellos.
Según el borrador enviado al Congreso, las provincias tampoco podrán aplicar regalías o cánones administrativos adicionales vinculados a las inversiones adheridas.
Debate político y expectativas
El envío del proyecto abre un nuevo frente de debate económico y político en el Congreso. Mientras el oficialismo sostiene que el esquema permitirá atraer inversiones inéditas y acelerar el ingreso de divisas, sectores opositores ya anticipan cuestionamientos vinculados al alcance de los beneficios fiscales y al impacto sobre las autonomías provinciales.
En la Casa Rosada, sin embargo, consideran que la competencia global por inversiones tecnológicas obliga a ofrecer condiciones similares a las que hoy presentan países que disputan proyectos de inteligencia artificial, energías limpias y minería crítica.
El Gobierno apuesta a que el nuevo régimen funcione como una señal de largo plazo para grandes fondos internacionales y compañías tecnológicas que evalúan expandirse en América Latina. La expectativa oficial es que el Súper RIGI permita convertir a la Argentina en un centro regional para industrias vinculadas con energía, procesamiento de datos y manufactura tecnológica avanzada, según información publicada por Forbes.
