El Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldó este jueves parte de la agenda de reformas impulsada por el gobierno de Javier Milei, al considerar que los cambios en el mercado laboral podrían impulsar el empleo formal en la Argentina. Sin embargo, el organismo advirtió que el efecto positivo dependerá de que esas modificaciones estén acompañadas por un esquema económico más amplio, con mayor flexibilidad cambiaria, apertura regulatoria y políticas complementarias que permitan sostener el crecimiento.
La evaluación fue incluida en el informe técnico elaborado por el staff del FMI en el marco de la revisión del Artículo IV sobre la economía argentina, un documento que funciona como auditoría periódica de las cuentas públicas y de las principales variables macroeconómicas del país. Allí, el organismo señaló que una adecuación del sistema laboral argentino a estándares similares a los de otros países de América Latina podría traducirse en un aumento significativo del empleo.
Según el diagnóstico del Fondo, la actualización de las regulaciones sobre contratación, despidos y negociación colectiva “podría generar aumentos de empleo de más de cinco puntos porcentuales en dos años”, además de mejoras adicionales en el mediano plazo. No obstante, el documento aclaró que ese escenario favorable no está garantizado si las reformas laborales avanzan de manera aislada.

El FMI advirtió que, en ausencia de transformaciones complementarias, la liberalización laboral podría incluso tener efectos adversos sobre el empleo formal. El organismo sostuvo que sin avances paralelos en materia de competitividad, gobernanza, apertura económica y desregulación, la economía podría enfrentar mayores niveles de informalidad y pérdida de puestos de trabajo.
En ese contexto, el informe destacó las medidas que ya viene implementando el Gobierno nacional para desregular distintos sectores de la economía, flexibilizar restricciones cambiarias y financieras y reducir trabas burocráticas y comerciales. Para el organismo, esas iniciativas pueden potenciar los efectos positivos de la reforma laboral y facilitar una reasignación más eficiente de recursos entre sectores productivos.
Uno de los puntos centrales del informe fue la insistencia del FMI en avanzar hacia un esquema cambiario más flexible. El organismo consideró que la política macroeconómica debe acompañar las reformas estructurales y remarcó que el tipo de cambio necesita mayor capacidad de adaptación frente a eventuales crisis externas o desequilibrios internos.
El documento recordó la experiencia de las reformas laborales aplicadas en la década de 1990 durante el régimen de convertibilidad y señaló que la combinación de rigidez cambiaria y salarios nominales poco flexibles terminó generando efectos negativos sobre el empleo y la desigualdad.

“Las políticas prudentes que fomenten un tipo de cambio más flexible serán esenciales para que Argentina pueda adaptarse mejor a las crisis y a la transformación estructural en curso”, sostuvo el informe técnico del organismo internacional.
En esa línea, el Fondo indicó que las reformas aplicadas durante los años noventa terminaron debilitándose porque se implementaron en un contexto de apreciación cambiaria y pérdida de competitividad. Según el análisis, eso derivó en un aumento de la informalidad y en una mayor desigualdad social, factores que terminaron erosionando el respaldo político a las medidas económicas.
El FMI también puso el foco en los riesgos distributivos y políticos que pueden surgir durante los procesos de apertura económica. El staff técnico recomendó que la implementación de las reformas contemple mecanismos para amortiguar los costos sociales de corto plazo, especialmente en sectores vulnerables o regiones con menor productividad.
Otro de los capítulos del informe estuvo dedicado al mercado laboral y a la formación de trabajadores. El organismo alertó sobre los elevados niveles de informalidad entre los sectores menos calificados y remarcó la necesidad de modernizar el sistema educativo y de capacitación profesional.
En particular, el Fondo sugirió ampliar la red de escuelas técnicas y programas de formación laboral para adecuar las habilidades de los trabajadores a las nuevas demandas productivas. El objetivo, explicó el informe, es acompañar el proceso de transformación económica que atraviesa la Argentina, especialmente en sectores vinculados a recursos naturales y energía.
El organismo consideró que el crecimiento de actividades como la minería, el petróleo y el gas puede convertirse en un motor de expansión económica, aunque advirtió que los beneficios podrían concentrarse en determinadas provincias si no existen políticas que permitan integrar al resto del país a esa dinámica productiva.
En ese sentido, recomendó desarrollar estrategias para fortalecer las cadenas de servicios vinculadas a esos sectores y facilitar la participación de empresas y trabajadores de otras regiones en el proceso de crecimiento.

El informe también respaldó algunos de los cuestionamientos del Gobierno nacional al actual esquema de negociación colectiva. El FMI sostuvo que los convenios salariales centralizados pueden limitar la creación de empleo formal y dificultar la adaptación de las empresas a las diferencias regionales de productividad.
Según el organismo, los salarios definidos de manera uniforme para todo el país no siempre reflejan las realidades económicas de cada provincia o sector productivo. Esa situación, afirmó, puede profundizar las dificultades de contratación en regiones menos competitivas.
De acuerdo con las simulaciones realizadas por el staff técnico, un sistema de negociación salarial más descentralizado podría elevar el empleo de equilibrio entre cuatro y veinte puntos porcentuales, dependiendo de las condiciones económicas y de la implementación de otras reformas complementarias.
El informe del FMI volvió a dejar en evidencia la coincidencia entre el organismo y la administración de Javier Milei respecto de la necesidad de avanzar en una transformación estructural de la economía argentina. Sin embargo, también planteó que los cambios laborales por sí solos no garantizan una mejora sostenida del empleo si no están acompañados por estabilidad macroeconómica, mayor competitividad y políticas que faciliten la adaptación social y productiva del país.