El Gobierno nacional puso en marcha en el Senado el debate de una nueva Ley de Biocombustibles que apunta a incrementar la participación de combustibles renovables en el mercado energético argentino, con el respaldo de las principales petroleras y de las provincias azucareras del norte del país, pero con una fuerte resistencia de las pequeñas y medianas empresas productoras de biodiésel. La iniciativa, presentada el 14 de mayo y avalada por el presidente Javier Milei, comenzó a generar movimientos políticos y empresariales debido a su potencial impacto sobre toda la cadena agroindustrial y energética.
El proyecto propone elevar el corte obligatorio de bioetanol en las naftas del actual 12% al 15%, mientras que en el caso del biodiésel plantea aumentar la mezcla obligatoria con gasoil hasta alcanzar el 10%. Desde el oficialismo sostienen que la medida busca fortalecer la producción nacional de combustibles renovables, diversificar la matriz energética y generar herramientas para amortiguar eventuales subas de los combustibles fósiles en un escenario internacional marcado por la volatilidad de los precios energéticos.
La iniciativa cuenta con el respaldo de provincias productoras de caña de azúcar como Salta, Tucumán y Jujuy, donde el crecimiento del mercado del bioetanol representa una oportunidad para expandir la actividad industrial y generar nuevas inversiones. En esos distritos consideran que una mayor participación de combustibles renovables permitirá fortalecer economías regionales que tienen una fuerte dependencia de la agroindustria azucarera.
Sin embargo, el principal foco de conflicto se encuentra en el mercado del biodiésel. Las cámaras que representan a las pymes elaboradoras de biocombustibles advirtieron que el nuevo esquema podría derivar en una mayor concentración de la actividad en manos de grandes jugadores del sector agroexportador y energético.
Actualmente operan alrededor de 25 plantas pymes dedicadas a la producción de biodiésel, principalmente ubicadas en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Estas empresas sostienen que la propuesta impulsada por el oficialismo introduce mecanismos de mayor competencia y flexibilización que podrían afectar la participación que hoy tienen en el mercado interno.
El respaldo de las refinadoras
Uno de los aspectos más llamativos del debate es la posición adoptada por las principales empresas refinadoras de combustibles. A diferencia de discusiones anteriores, donde el sector petrolero manifestaba reparos frente al crecimiento de los biocombustibles, en esta oportunidad las compañías observan oportunidades de negocio dentro de la propuesta.
La razón principal radica en que el proyecto incorpora una definición más amplia del concepto de biocombustibles, permitiendo el desarrollo de nuevas tecnologías y procesos vinculados a combustibles renovables. Esa amplitud normativa abre la posibilidad de que las propias petroleras participen de segmentos que hasta ahora estaban concentrados en otros actores de la cadena productiva.
Desde el sector energético consideran que la transición hacia fuentes renovables representa una oportunidad estratégica para diversificar inversiones y adaptarse a las nuevas exigencias ambientales que comienzan a imponerse en los principales mercados internacionales.
Aval político y discusión parlamentaria
El tratamiento legislativo también exhibe una fuerte señal política. De acuerdo con distintas fuentes vinculadas al oficialismo, la propuesta fue previamente analizada en la Casa Rosada antes de su presentación formal en el Senado. El respaldo presidencial permitió que la iniciativa avanzara dentro de la agenda parlamentaria y comenzara a ser discutida en las comisiones correspondientes.
La reforma será tratada por las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, donde se espera una intensa negociación entre representantes de distintas provincias con intereses productivos contrapuestos.
La discusión también genera tensiones dentro de sectores de la oposición. En especial, el debate vuelve a poner sobre la mesa diferencias históricas entre provincias productoras de bioetanol y aquellas donde predominan las plantas elaboradoras de biodiésel.
Grandes exportadoras a favor, pymes en alerta
Entre quienes respaldan la iniciativa se encuentra la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), entidad que reúne a las principales compañías exportadoras del sector. La organización sostiene que una mayor apertura del mercado permitirá impulsar inversiones, mejorar la competitividad y generar condiciones más favorables para el desarrollo de la industria.
El sector exportador además argumenta que la actividad enfrenta desafíos crecientes en el exterior. Entre ellos figuran las restricciones comerciales aplicadas por Estados Unidos sobre el biodiésel argentino desde 2017 y las nuevas exigencias ambientales promovidas por la Unión Europea, que condicionan parte de las exportaciones vinculadas a la cadena de la soja.
En contraste, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) sostiene que el proyecto podría beneficiar especialmente a grandes compañías agroindustriales y exportadoras, reduciendo el espacio para los actores de menor escala. Según la entidad, existe riesgo de que el mercado quede cada vez más concentrado en grupos con mayor capacidad financiera y logística.
Tecnología Flex y nuevos combustibles
La propuesta legislativa incorpora además herramientas destinadas a ampliar el consumo de energías renovables. Entre ellas aparece la denominada tecnología Flex, que permite que los vehículos utilicen combustibles con mayores porcentajes de bioetanol respecto de los niveles actuales.
Otro de los cambios previstos es la habilitación del denominado “quinto surtidor”, una modalidad opcional mediante la cual las estaciones de servicio podrán ofrecer combustibles con una proporción significativamente superior de biocombustibles. La medida busca ampliar las opciones para los consumidores y promover una mayor adopción de energías renovables dentro del parque automotor argentino.
Mientras el Senado se prepara para iniciar el tratamiento formal del proyecto, el debate promete convertirse en uno de los temas más relevantes para el sector energético y agroindustrial durante los próximos meses. El resultado de la discusión definirá no solo el futuro de los biocombustibles en Argentina, sino también el equilibrio entre grandes empresas, pymes y economías regionales en una industria considerada clave para la transición energética.
