El gobierno de Uruguay presentó este miércoles un proyecto de ley orientado a modernizar el funcionamiento del Estado, reducir cargas burocráticas y mejorar la competitividad de la economía. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas que conduce Gabriel Oddone, será enviada al Parlamento la próxima semana y busca generar condiciones más favorables para las empresas, facilitar inversiones y contribuir a una reducción de los costos que enfrentan tanto los consumidores como el sector productivo.
La propuesta fue anunciada por las autoridades nacionales como una reforma de alcance estructural que procura actualizar mecanismos estatales y eliminar obstáculos que, según el diagnóstico oficial, encarecen la actividad económica y afectan la eficiencia de diversos procesos administrativos.
Durante la presentación, Oddone sostuvo que el proyecto constituye una "modesta pero importante reforma del Estado", destinada a introducir cambios concretos que permitan mejorar el desempeño económico del país. La iniciativa se apoya en cuatro ejes principales: la simplificación de trámites, la facilitación del comercio exterior, la promoción de la competencia y el fortalecimiento de la innovación y la inversión.
Entre las medidas previstas figura la implementación de registros unificados, mecanismos de silencio administrativo positivo, procesos de digitalización documental y una reducción de los procedimientos vinculados a habilitaciones y registros sanitarios. También se contempla la creación de herramientas que permitan acelerar gestiones vinculadas al comercio internacional, con el objetivo de disminuir tiempos y costos operativos.
Según explicó el ministro, la reducción de trabas administrativas apunta a generar un entorno más dinámico para el desarrollo de actividades económicas. En ese sentido, afirmó que la competitividad debe convertirse en un objetivo transversal de las políticas públicas y que la disminución de rigideces regulatorias puede contribuir a mejorar la productividad del país.
Uno de los capítulos más relevantes del proyecto está relacionado con la promoción de la competencia. El gobierno propone eliminar barreras que limitan la participación de distintos operadores en determinados mercados y fomentar una mayor transparencia para los consumidores. Entre las iniciativas se incluye la obligatoriedad de exhibir precios según la unidad de medida de los productos, con el propósito de facilitar comparaciones y decisiones de compra más informadas.
Asimismo, la propuesta prevé fortalecer la autonomía de la Comisión de Defensa de la Competencia, ampliando sus facultades de investigación y control. El Ejecutivo considera que una supervisión más efectiva de los mercados puede favorecer una mayor competencia y contribuir a una disminución de precios en determinados sectores.
Otro de los puntos destacados es el respaldo a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). El proyecto contempla una plataforma unificada que integrará información de distintos organismos públicos y ofrecerá herramientas gratuitas para la gestión empresarial, incluyendo facturación, cobranza y administración de datos. Además, se prevén modificaciones destinadas a reducir rigideces dentro del esquema tributario vigente para este segmento.
La iniciativa también incorpora medidas orientadas a estimular la innovación financiera. Entre ellas figura la creación de entornos regulados para el desarrollo de fintech, el impulso de esquemas de finanzas abiertas y la ampliación de mecanismos de financiamiento colectivo mediante plataformas de crowdfunding y fondos de inversión cerrados.
Desde el gobierno señalaron que la elaboración del proyecto contó con aportes de representantes académicos, empresarios y sindicatos. La expectativa oficial es que estas reformas permitan construir un entorno más eficiente para la actividad económica, atraer nuevas inversiones y consolidar a Uruguay como un país más competitivo y con menores costos para ciudadanos y empresas. La información fue difundida inicialmente por el diario El Observador.
