Caputo define con contadores el futuro de Ganancias mientras acelera el envío de la Ley de Inocencia Fiscal al Congreso

El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezará este jueves a las 14 una nueva reunión con representantes del sector contable para avanzar en los detalles de la Ley de Inocencia Fiscal, cuyo proyecto el Gobierno prevé enviar la próxima semana a la Cámara de Diputados. El encuentro también tendrá un objetivo inmediato: analizar qué ocurrirá con los próximos vencimientos de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias para personas humanas, una definición que impacta tanto en los contribuyentes como en la recaudación que reciben las provincias.

El encuentro se produce en un escenario distinto al de la primera reunión entre el ministro y los tributaristas. En los últimos días crecieron los pedidos de distintos organismos profesionales para que el Gobierno prorrogue los plazos de presentación y pago de las declaraciones juradas, al considerar que la cercanía entre los vencimientos y la discusión de la nueva normativa genera incertidumbre para los contribuyentes.

La decisión no resulta sencilla para el equipo económico. Una eventual postergación de los vencimientos implicaría demorar el ingreso de recursos correspondientes al impuesto, cuya recaudación se distribuye entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el régimen de coparticipación. Si el Gobierno optara por extender los plazos sin establecer mecanismos compensatorios, como anticipos o pagos a cuenta, los gobernadores podrían ver afectados sus ingresos en un momento en el que la administración nacional intenta recomponer el vínculo político con las provincias.

El proyecto de Ley de Inocencia Fiscal constituye una de las principales apuestas del Ministerio de Economía para incentivar la utilización de los ahorros en dólares que permanecen fuera del circuito financiero formal. La iniciativa busca modificar aspectos de la legislación vigente luego de que el Ejecutivo recogiera observaciones formuladas por especialistas tributarios sobre las limitaciones que tuvo el esquema anterior.

La convocatoria para esta segunda reunión surgió pocas horas después del primer encuentro entre Caputo y representantes del sector. Sin embargo, desde entonces el escenario cambió debido a que distintas entidades profesionales hicieron pública su preocupación por los plazos del calendario fiscal.

Uno de los planteos más relevantes fue presentado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, que elevó una nota formal ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) solicitando la postergación del vencimiento para la presentación y el pago de las declaraciones juradas del impuesto. La entidad sostuvo que la extensión del plazo facilitaría la adhesión de los contribuyentes al futuro Régimen de Declaración Jurada Simplificada, contemplado dentro de la nueva propuesta oficial.

En paralelo, durante los últimos días comenzó a circular la posibilidad de que quienes cumplieran con la presentación y el pago del impuesto bajo el régimen general antes del 27 de julio pudieran luego incorporarse a los beneficios previstos por la futura ley a través de la modalidad de Ganancias Simplificada disponible en el sistema web de ARCA.

No obstante, esa alternativa fue descartada por fuentes del organismo recaudador, que aclararon que la administración tributaria únicamente aplica la normativa actualmente vigente y que el nuevo proyecto todavía carece de efectos legales. Desde el organismo remarcaron que cualquier modificación dependerá de la aprobación del Congreso y de su posterior reglamentación.

El tratamiento parlamentario del proyecto también aparece condicionado por el contexto político. La iniciativa debía avanzar durante las últimas semanas, pero el cronograma legislativo se alteró a raíz de la discusión generada por la situación del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y dádivas.

Ese escenario redujo el margen para que el Congreso analizara la propuesta impulsada por el Ministerio de Economía, destinada a introducir modificaciones sobre la normativa vigente y crear nuevos incentivos para que los contribuyentes exterioricen y canalicen hacia la economía formal los ahorros en moneda extranjera.

Para el Gobierno, la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal representa una pieza central dentro de su estrategia económica. Durante la presentación del programa financiero con proyección hasta 2027, Caputo destacó la importancia de la iniciativa y explicó que el texto incorpora cambios sugeridos por especialistas.

"Lo que estamos enviando ahora es una versión mejorada. Nos reunimos con un grupo de contadores que nos brindaron su perspectiva sobre las razones por las cuales la ley no funcionaba como esperábamos. Incorporamos esas correcciones, pero el mandato del Congreso está, ya que la ley original fue aprobada; no veo razones para que no aprueben una versión mejorada", afirmó el ministro.

El titular del Palacio de Hacienda también insistió en la relevancia económica del proyecto al señalar que busca movilizar una importante masa de recursos que actualmente permanece fuera del sistema financiero.

"La Ley de Inocencia Fiscal es muy importante porque ese ahorro que está debajo de los colchones representa una pérdida de poder de compra para la gente, y al mismo tiempo el país no se beneficia de esos fondos. Ese ahorro debería estar capitalizándose o transformándose en inversión. Los bancos y las ALyCs podrían destinar esos fondos a financiar proyectos de infraestructura y pymes. Es una masa crítica muy importante, porque los números oficiales que maneja el Banco Central indican que hay USD 170.000 millones debajo de los colchones".

Con el calendario tributario avanzando y el envío del proyecto al Congreso previsto para los próximos días, el Gobierno enfrenta una definición clave. La resolución sobre los vencimientos de Ganancias no solo tendrá impacto en los contribuyentes y los profesionales del sector, sino también en las finanzas provinciales y en la estrategia política del Ejecutivo para conseguir respaldo parlamentario a una de las iniciativas tributarias que considera prioritarias para los próximos meses.