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El Gobierno nacional dispuso la disolución del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) y transfirió gran parte de sus funciones al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) mediante el Decreto 697/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La medida modifica de manera significativa el esquema de control de los alimentos en el país, ya que el organismo sanitario pasará a registrar, controlar y fiscalizar tanto alimentos de origen animal y vegetal como productos procesados destinados al consumo directo. Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud asumirá la responsabilidad de definir la política alimentaria nacional.
La decisión forma parte del proceso de reorganización del Estado impulsado por el Poder Ejecutivo y busca, según argumentó el Gobierno, simplificar los procedimientos administrativos, eliminar superposiciones entre organismos y fortalecer los controles mediante una estructura con mayor capacidad operativa.
De acuerdo con la información publicada por Bichos de Campo, el Ejecutivo justificó la medida al señalar que el Senasa dispone de la mayor red de fiscalización alimentaria del país, con presencia territorial, laboratorios y equipos de inspección distribuidos en todo el territorio nacional.
Según explicó el Gobierno y reprodujo Bichos de Campo, el organismo sanitario "ya cuenta con la infraestructura territorial de control alimentario más grande del país -laboratorios, cuerpo de inspectores y despliegue en todo el territorio nacional para producción primaria e industrial-", mientras que el INAL nunca desarrolló una estructura de esa magnitud. Además, sostuvo que "se trata de una cuestión de capacidad operativa instalada, no de jerarquía institucional".
La modificación implica la desaparición de una división histórica dentro del sistema de control alimentario argentino.
Hasta ahora, el Senasa tenía bajo su órbita el control sanitario de los productos de origen animal y vegetal durante las distintas etapas de producción, mientras que el INAL era responsable de registrar y fiscalizar los alimentos industrializados y acondicionados para el consumo humano, incluyendo productos envasados, bebidas y alimentos procesados.
Con la entrada en vigencia del decreto, esa separación deja de existir.
El Senasa será ahora la autoridad encargada de controlar la inocuidad de los alimentos acondicionados de elaboración nacional e importados durante su etapa final de acondicionamiento y presentación para el consumo.
Esta concentración de funciones convierte al organismo en el principal responsable de la fiscalización sanitaria de prácticamente toda la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el producto terminado que llega al consumidor.
La medida comenzó a regir desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial, por lo que las nuevas competencias ya se encuentran vigentes.
Otro de los cambios incluidos en el decreto apunta a reducir la carga burocrática sobre empresas elaboradoras e importadores de alimentos.
Según informó Bichos de Campo, el Gobierno resolvió ampliar el reconocimiento por equivalencia de certificaciones emitidas por países cuyos sistemas de control sanitario sean considerados confiables o que apliquen los estándares internacionales del Codex Alimentarius.
En la práctica, esto permitirá aceptar certificaciones sobre aditivos alimentarios, coadyuvantes tecnológicos e ingredientes sin repetir procesos de evaluación ya realizados por organismos extranjeros.
La medida también busca evitar que un mismo producto deba atravesar múltiples instancias de análisis dentro del Estado argentino cuando ya cuenta con autorizaciones emitidas bajo estándares internacionales reconocidos.
El objetivo oficial es reducir tiempos administrativos, disminuir costos regulatorios y agilizar tanto la producción como la comercialización de alimentos.
Uno de los aspectos que genera mayor atención dentro del nuevo esquema es la modificación del sistema de control sobre los alimentos importados.
El decreto habilita que determinados controles higiénico-sanitarios y bromatológicos de alimentos envasados destinados a la venta directa puedan realizarse después de su ingreso al país.
De acuerdo con el Gobierno, esta decisión pretende "evitar demoras innecesarias en su comercialización", según reprodujo Bichos de Campo.
No obstante, el nuevo procedimiento no será aplicable cuando existan indicios de riesgos sanitarios.
Continuarán sujetos a controles especiales aquellos productos que presenten signos visibles de deterioro, inconsistencias en la documentación o cualquier evidencia de riesgos para la salud humana, animal o vegetal.
En paralelo, también se introducen modificaciones destinadas a facilitar las exportaciones de alimentos argentinos.
El nuevo esquema establece que los productos deberán cumplir exclusivamente con las exigencias regulatorias del país de destino y que las certificaciones correspondientes serán emitidas por un único organismo con reconocimiento internacional, buscando simplificar los trámites para las empresas exportadoras.
Entre las reformas incorporadas por el Decreto 697/2026 también figura la creación de una Base Única de Datos administrada por el Senasa.
Ese sistema centralizará la información correspondiente a establecimientos elaboradores, productos registrados y demás datos vinculados con el sistema nacional de control alimentario.
Según explicó el Gobierno y publicó Bichos de Campo, la iniciativa apunta a agilizar la gestión administrativa, evitar duplicaciones y fortalecer los mecanismos de trazabilidad de los alimentos.
La centralización de la información permitirá concentrar en una única plataforma registros que hasta ahora se encontraban distribuidos entre distintos organismos estatales.
Otra de las novedades del decreto establece un plazo máximo para introducir modificaciones en el Código Alimentario Argentino (CAA).
A partir de ahora, las actualizaciones normativas deberán resolverse dentro de un período de 45 días hábiles.
El Ejecutivo considera que esta modificación aportará mayor previsibilidad para la industria alimentaria y reducirá los tiempos que históricamente demandaban las reformas regulatorias.
De acuerdo con la fundamentación oficial reproducida por Bichos de Campo, la medida busca brindar "mayor previsibilidad, transparencia y agilidad al proceso de modificación de la normativa".
Mientras el Senasa concentrará las funciones de fiscalización, el Ministerio de Salud asumirá un papel central en la definición de las políticas públicas vinculadas con la alimentación.
Según informó el Gobierno, una de las primeras prioridades será avanzar sobre la reducción del uso de determinados componentes en alimentos industrializados.
En ese sentido, la administración nacional indicó que la nueva agenda sanitaria deberá impulsar "la eliminación de colorantes y saborizantes de los alimentos procesados, en línea con estándares internacionales de alimentación saludable", según publicó Bichos de Campo.
Ese objetivo se enmarca en una estrategia orientada a adecuar la regulación argentina a las tendencias internacionales vinculadas con la alimentación saludable y la prevención de enfermedades asociadas al consumo de productos ultraprocesados.
La eliminación del INAL representa una de las transformaciones institucionales más importantes de los últimos años en materia de control alimentario.
Más allá del cambio administrativo, el decreto concentra en el Senasa prácticamente todas las funciones de fiscalización sanitaria de alimentos, incorpora herramientas para reducir trámites, establece nuevos criterios para el reconocimiento de certificaciones internacionales y redefine las responsabilidades del Ministerio de Salud en la elaboración de políticas alimentarias.
El nuevo esquema ya se encuentra vigente y marcará el funcionamiento del sistema nacional de control de alimentos tanto para la producción local como para las operaciones de importación y exportación.
