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La carpocapsa, una de las principales amenazas sanitarias para la producción de peras y manzanas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, volvió a ocupar un lugar central en la agenda frutícola regional. Representantes del INTA, Senasa, los gobiernos provinciales y las entidades productivas acordaron durante una reunión realizada el 7 de agosto de 2026 avanzar en una estrategia conjunta para mejorar la prevención y el manejo de Cydia pomonella, con el objetivo de preservar la calidad de la fruta y evitar restricciones en los mercados internacionales.
La decisión fue tomada durante un encuentro realizado en la sede del Centro Regional Patagonia Norte del Senasa, donde distintos actores de la cadena analizaron la situación sanitaria y coincidieron en que el control de la plaga requiere una coordinación que exceda los límites de cada establecimiento productivo.
El principal resultado de la reunión fue la decisión de conformar una mesa técnica público-privada destinada a coordinar las acciones de prevención, monitoreo y control. El espacio buscará integrar a productores, establecimientos de empaque, exportadores, organismos sanitarios y entidades técnicas para establecer criterios comunes frente a una problemática que afecta a una de las principales zonas productoras de fruta de la Argentina.
La iniciativa adquiere especial relevancia por el perfil exportador de la fruticultura del Alto Valle. La presencia de carpocapsa en los lotes no solo puede provocar pérdidas de calidad comercial, sino también generar dificultades para el ingreso de la fruta a determinados destinos que aplican exigencias fitosanitarias específicas.
Según informó Bichos de Campo, durante el encuentro los participantes plantearon la necesidad de sostener una estrategia regional para mejorar el manejo de la plaga y preservar los estándares sanitarios que requiere la comercialización internacional.
La carpocapsa, también conocida como polilla de la manzana, es una plaga asociada principalmente a los cultivos de manzanas y peras. Su presencia constituye desde hace décadas uno de los principales problemas sanitarios para la fruticultura del Alto Valle.
El riesgo no se limita al daño que puede ocasionar sobre la fruta. En una actividad integrada al comercio exterior, el estatus sanitario de la región tiene consecuencias directas sobre la posibilidad de acceder y mantener mercados.
Por ese motivo, el control de Cydia pomonella requiere acciones coordinadas entre los distintos eslabones de la cadena. Una estrategia limitada a determinados establecimientos puede perder efectividad si existen otros puntos de producción donde la plaga permanece activa.
El enfoque regional acordado busca justamente evitar esa fragmentación.
“La carpocapsa es una de las principales amenazas sanitarias para la producción de manzanas y peras del Alto Valle”, señalaron desde el INTA, según consignó Bichos de Campo, al remarcar la importancia de mantener los estándares sanitarios de una actividad orientada en buena medida a los mercados externos.
La definición pone en primer plano un aspecto central del negocio frutícola: la sanidad es también una variable comercial. Una fruta que cumple con los requisitos del mercado de destino puede sostener su acceso y su valor, mientras que un incumplimiento sanitario puede generar controles adicionales, rechazos o restricciones.
La nueva mesa técnica tendrá una composición amplia. Del encuentro participaron representantes del Senasa y del INTA, además de funcionarios de los gobiernos de Río Negro y Neuquén.
También estuvieron presentes integrantes de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén y de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI).
La participación de estos actores busca incorporar diferentes perspectivas sobre la problemática.
Los organismos públicos aportarán sus capacidades de fiscalización, monitoreo y control sanitario. El INTA, además, cuenta con herramientas de investigación y extensión destinadas a mejorar las estrategias de manejo de plagas.
Los productores y las empresas vinculadas con el empaque y la comercialización, por su parte, conocen las dificultades que implica aplicar las medidas en las condiciones concretas de cada establecimiento y deben asumir buena parte de los costos asociados al control.
La integración de estos sectores apunta a establecer procedimientos comunes y mejorar la coordinación de las acciones.
El objetivo no es solamente reaccionar cuando aparece un foco, sino avanzar hacia un esquema que permita detectar, prevenir y reducir el riesgo sanitario de manera permanente.
Uno de los principales puntos que aparecen detrás de la estrategia es que la carpocapsa no reconoce los límites administrativos de las chacras.
Por eso, el manejo de la plaga puede perder efectividad cuando existen establecimientos con distintos niveles de control o predios abandonados que funcionan como reservorios.
La situación ya había generado preocupación entre productores de la región, que vienen planteando la necesidad de abordar el problema de manera integral y de fortalecer las herramientas para actuar sobre establecimientos que no cumplen con las medidas sanitarias necesarias.
En ese contexto, la creación de una mesa público-privada puede convertirse en un instrumento para ordenar las acciones y establecer prioridades comunes.
El trabajo coordinado también permitiría aprovechar mejor la información obtenida mediante los sistemas de monitoreo y mejorar la circulación de datos entre productores, organismos sanitarios y entidades técnicas.
La prevención tiene, además, una dimensión económica. Los costos de control se suman a una estructura productiva que enfrenta gastos asociados a labores culturales, mano de obra, insumos, empaque, frío y logística.
Una mayor eficiencia en las estrategias de manejo puede ayudar a reducir pérdidas y evitar que una problemática sanitaria termine impactando sobre toda la cadena comercial.
El Alto Valle tiene una fuerte vinculación con los mercados internacionales. Por eso, el control de la carpocapsa excede la cuestión productiva y se transforma en un componente de la competitividad exportadora.
Los países compradores establecen protocolos fitosanitarios para proteger sus propias producciones agrícolas. En algunos casos, la presencia de determinadas plagas puede derivar en requisitos específicos para la fruta importada.
La capacidad de demostrar que una región productora mantiene condiciones sanitarias adecuadas se convierte así en un activo para la cadena.
Para los exportadores, conservar el acceso a los mercados resulta fundamental. Una interrupción o una mayor exigencia puede aumentar los costos de inspección, tratamiento y certificación, además de afectar los tiempos de entrega.
La situación también puede repercutir sobre la reputación comercial del origen argentino.
Por eso, la estrategia definida en el Alto Valle busca actuar antes de que el problema alcance una dimensión capaz de afectar el comercio exterior.
El desafío es sostener un estatus sanitario confiable durante toda la temporada y garantizar que las medidas de manejo sean aplicadas de manera consistente.
Dentro del nuevo esquema, el INTA y el Senasa tendrán un papel central.
El organismo de investigación aportará conocimiento técnico, herramientas de monitoreo y asistencia a los productores. Su participación permitirá evaluar las estrategias disponibles y adaptar las recomendaciones a las condiciones productivas de la región.
El Senasa, en tanto, concentrará funciones vinculadas con la prevención y fiscalización sanitaria, además de su responsabilidad sobre los requisitos que permiten sostener las condiciones necesarias para la exportación.
La articulación entre ambos organismos busca evitar que la investigación y la fiscalización funcionen de manera aislada.
Para los productores, esa coordinación puede traducirse en criterios más claros sobre las medidas que deben aplicar y en una mayor previsibilidad frente a los controles.
La participación de las provincias también resulta relevante, porque permite incorporar la dimensión territorial a una problemática que involucra a distintas localidades y establecimientos del Alto Valle.
La conformación de la mesa técnica constituye el primer paso de una estrategia cuyo resultado dependerá de la continuidad de las acciones.
El objetivo planteado durante la reunión es construir un esquema regional que incluya a todos los eslabones de la cadena, desde los productores hasta los exportadores, con participación de los organismos de investigación y control.
Para la fruticultura, el desafío es doble: reducir el impacto de la carpocapsa sobre la producción y garantizar que las condiciones sanitarias permitan mantener abiertos los mercados internacionales.
En ese sentido, el combate contra la plaga no se limita a una cuestión agronómica. También forma parte de la estrategia comercial de una actividad que necesita sostener calidad, trazabilidad y confiabilidad para competir fuera del país.
La reunión entre organismos públicos, provincias y entidades productivas muestra que el sector busca anticiparse a ese riesgo mediante una estrategia coordinada.
El resultado final dependerá de la capacidad de la nueva mesa para transformar el diagnóstico en acciones concretas, mejorar el monitoreo y lograr que las medidas de control se apliquen de manera uniforme.
Mientras la producción de peras y manzanas se prepara para una nueva temporada, el Alto Valle vuelve a poner el foco en una plaga que puede afectar tanto el rendimiento como la comercialización. La apuesta ahora es que productores, organismos técnicos y autoridades trabajen bajo una misma estrategia para reducir el riesgo y preservar uno de los principales activos de la fruticultura regional: su acceso a los mercados.
