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Las entidades de productores agropecuarios y la industria semillera volvieron a discutir esta semana los cambios que debería incorporar la ley de semillas, con el foco puesto en definir qué productores quedarían exceptuados de pagar por el uso propio. El encuentro, realizado sin funcionarios nacionales y convocado por la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), permitió contrastar las propuestas de ambos sectores, pero no produjo acuerdos ni definiciones. La principal diferencia está entre el límite de 500 hectáreas por campaña planteado por las organizaciones rurales y una alternativa de excepción basada en deciles de superficie.
La reunión se desarrolló en medio del proceso impulsado por el Gobierno para actualizar el régimen argentino de semillas y de la discusión sobre una eventual adhesión del país al convenio UPOV 91, que establece estándares internacionales vinculados con la protección de las obtenciones vegetales.
Según pudo reconstruir LA NACION, los representantes de la producción y de la industria utilizaron el encuentro para explicar los proyectos que cada sector viene elaborando, revisar sus diferencias y plantear preguntas técnicas. El objetivo fue avanzar en una discusión que todavía se encuentra en una etapa preliminar y que deberá continuar antes de que las partes vuelvan a sentarse formalmente con funcionarios de la Secretaría de Agricultura.
Uno de los puntos más sensibles es determinar quién podrá conservar el derecho al uso propio sin pagar un canon. La discusión tiene impacto directo sobre productores y empresas semilleras porque define cómo se remunerará la innovación genética y, al mismo tiempo, qué escala de productores quedará exceptuada de ese pago.
La propuesta que elaboraron las entidades de productores establece como referencia una superficie máxima de 500 hectáreas sembradas por campaña para acceder a la excepción.
El esquema contempla, además, una diferenciación entre la denominada “superficie base” y el llamado “uso incremental”. La primera corresponde a la cantidad de hectáreas que pueden sembrarse con semilla de uso propio a partir de la semilla original adquirida legalmente, de acuerdo con la densidad declarada para la variedad.
El uso incremental aparece cuando esa semilla se emplea para sembrar una superficie superior a la que surge de ese cálculo. En ese caso, la propuesta de las entidades rurales contempla el pago de un canon por las hectáreas adicionales, incluso cuando el productor se encuentre dentro del grupo exceptuado del pago por el uso propio.
Durante la reunión surgió otra posibilidad: utilizar información proveniente del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) para construir un esquema de excepción basado en deciles de superficie.
La alternativa todavía no está definida. El debate incluye determinar qué deciles quedarían alcanzados por la gratuidad y cuál sería la equivalencia real entre ese sistema y el límite de 500 hectáreas planteado por los productores.
Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), remarcó que el encuentro no permitió cerrar posiciones. “Aún no hubo definiciones sobre lo que se ha trabajado”, señaló, según consignó LA NACION.
La dirigente explicó que las entidades presentaron sus posiciones sobre distintos cultivos y describió el encuentro como “una reunión privada para poder avanzar en el uso propio”.
La discusión no se limita a una cuestión numérica. Para las entidades rurales, el tamaño de la explotación es un elemento relevante a la hora de determinar la capacidad económica de cada productor para afrontar un eventual pago por el uso de semillas.
Otro de los planteos que apareció durante la reunión propone que el criterio de superficie se aplique de manera diferenciada según el cultivo.
Gustavo Gaich, consejero y técnico de Coninagro, explicó que uno de los esquemas analizados inicialmente alcanzaría a soja, trigo y arroz. En esa alternativa, el límite se establecería para cada cultivo y las superficies no se sumarían entre sí.
El mecanismo todavía requiere definiciones. Entre otras cuestiones, queda por establecer qué deciles quedarían exceptuados y qué superficie concreta representaría cada uno.
Para Gaich, la propuesta rural de establecer un límite de 500 hectáreas responde a las características particulares de la producción argentina. El argumento de las entidades es que la situación económica de los productores locales no puede compararse de manera directa con la de agricultores de otros países.
En esa evaluación también aparecen factores propios de la estructura económica argentina, entre ellos los derechos de exportación y la carga impositiva que enfrenta el sector agropecuario.
“La posición planteada no implica desconocer el derecho del obtentor ni la necesidad de remunerar la innovación, sino buscar un equilibrio compatible con las condiciones económicas reales de la producción argentina”, explicó Gaich a LA NACION.
La frase resume uno de los principales puntos de la negociación: las entidades rurales no cuestionan la necesidad de reconocer económicamente el desarrollo de nuevas variedades, pero buscan establecer un mecanismo que contemple las condiciones de los productores argentinos.
Por detrás del debate específico sobre las hectáreas exceptuadas aparece una diferencia de mayor alcance: qué marco internacional debería adoptar la Argentina para su nuevo régimen de semillas.
Las entidades de productores mantienen una posición contraria a que la actualización de la legislación se construya sobre la adhesión al Convenio UPOV 91.
Gaich sostuvo que durante la reunión volvió a plantearse esa posición. “Se dejó clara nuestra posición de que UPOV 91 no debe ser el marco sobre el cual se construya el nuevo sistema argentino”, afirmó, según LA NACION.
El convenio es uno de los puntos de mayor sensibilidad dentro de la discusión porque modifica el alcance de la protección de las variedades vegetales y los derechos de los obtentores.
Para la industria semillera, en cambio, la discusión sobre propiedad intelectual resulta central para generar incentivos a la investigación y al desarrollo de nuevas variedades. El desafío para las partes consiste en encontrar un esquema que permita remunerar esas inversiones sin generar, según la visión de las organizaciones rurales, una carga desproporcionada sobre determinados segmentos de productores.
Una particularidad del encuentro fue que no participaron funcionarios del Gobierno. La reunión fue convocada por ASA y reunió a representantes de las organizaciones que vienen trabajando sobre una propuesta común.
Pablo Ginestet, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), consideró que la ausencia de funcionarios permitió una conversación más técnica entre los sectores.
“Ellos [ASA] hicieron muchas preguntas sobre el proyecto nuestro y nosotros hicimos muchas preguntas sobre el proyecto de ellos”, explicó Ginestet a LA NACION.
El dirigente, sin embargo, buscó evitar que el encuentro fuera interpretado como un principio de acuerdo. “Estamos en el mismo lugar que estábamos hace 10 días, porque esto no fue una negociación todavía. Fue aclararnos dudas de lo que habíamos escrito los dos”, sostuvo.
La diferencia entre conocer las posiciones y negociar resulta importante para el proceso. Hasta ahora, cada sector había avanzado en la elaboración de sus propias propuestas. La reunión permitió ponerlas frente a frente y detectar qué puntos podrían eventualmente ser compatibles y cuáles requieren nuevas discusiones.
Otra fuente participante definió el intercambio como “franco” y señaló que el objetivo principal fue “confrontar y sacarnos dudas”. De acuerdo con esa descripción, todavía no se alcanzaron coincidencias concretas sobre el alcance de las excepciones ni sobre el sistema general de remuneración.
El Gobierno todavía no convocó a una nueva reunión formal entre las partes. Antes de ese encuentro, las entidades de productores podrían volver a reunirse con sus equipos técnicos para analizar las alternativas planteadas por la industria y definir eventuales contrapropuestas.
El objetivo es llegar a una próxima instancia con posiciones más precisas, especialmente sobre el uso propio, los cultivos alcanzados, las excepciones y el mecanismo para calcular la superficie.
La cuestión adquiere relevancia porque una eventual reforma de la ley de semillas debería establecer reglas de largo plazo para un mercado en el que confluyen los intereses de productores, semilleros y desarrolladores de tecnología.
El punto más complejo consiste en determinar cómo equilibrar el derecho de los productores a utilizar parte de la semilla obtenida en su propia explotación con el reconocimiento económico a quienes desarrollan nuevas variedades.
Por ahora, el límite de 500 hectáreas continúa siendo la referencia de las entidades rurales, mientras el esquema basado en deciles aparece como una alternativa que la industria busca discutir. La distancia entre ambos modelos todavía no fue cuantificada de manera definitiva.
El próximo paso dependerá de la capacidad de los sectores para acercar posiciones antes de regresar a la mesa con el Gobierno. No hay un acuerdo cerrado, pero la reunión permitió poner sobre la mesa las diferencias que deberán resolverse si la Argentina avanza hacia una nueva legislación.
El debate, además, excede la discusión sobre una determinada cantidad de hectáreas: detrás del uso propio se encuentra la definición de cómo funcionará el sistema de propiedad intelectual de semillas en la Argentina y cómo se distribuirán los costos y beneficios de la innovación genética.
