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La Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA) de Buenos Aires pidió por unanimidad al SENASA que revise los cambios previstos para el sistema de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina, que entrarían en vigencia el 1° de enero de 2027, porque las entidades productivas y profesionales de la provincia consideran que no existen fundamentos técnicos suficientes para modificar el esquema actual y advierten que la apertura a veterinarios independientes podría afectar la cobertura sanitaria y el financiamiento de los entes encargados de las campañas.
El planteo surgió durante la última reunión de la COPROSA y reunió a representantes del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires (CVPBA), la Federación Agraria Argentina (FAA), CARBAP, CONINAGRO y las distintas regiones sanitarias que participaron del encuentro.
El SENASA, organismo al que está dirigido el reclamo, se abstuvo de la votación.
La controversia se centra en la Resolución 201/2026, que establece modificaciones sobre el mecanismo mediante el cual se realizan las campañas sanitarias. Entre otros cambios, la normativa contempla la participación de veterinarios independientes que no necesariamente estén vinculados con los entes sanitarios locales.
Para las organizaciones bonaerenses, antes de avanzar con una transformación de esa magnitud debería existir una evaluación técnica que permita demostrar que el nuevo sistema mejorará los niveles de inmunidad del rodeo y el control epidemiológico.
Uno de los principales argumentos planteados por la COPROSA es que no se habrían presentado elementos técnicos suficientes para acreditar que el nuevo mecanismo implique una mejora sanitaria respecto del modelo vigente.
El debate no se limita a la modalidad de aplicación de las vacunas. Para las entidades, el sistema actual integra vacunación, organización territorial, fiscalización y seguimiento de los establecimientos, lo que permite alcanzar a productores con diferentes escalas y características.
Durante la reunión, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, cuestionó la falta de fundamentos sanitarios expuestos para justificar la modificación. Según las declaraciones incluidas en la información de base, Rodríguez sostuvo: “La verdad que acá no se ha expresado ninguna ventaja en términos sanitarios de la Resolución 201. Nadie ha dicho que en función de esto el sistema va a mejorar. Si ponemos el eje en los aspectos sanitarios, acá no ha habido ninguna argumentación a favor”.
La posición de la provincia apunta, de esta manera, a que cualquier modificación del esquema sea evaluada primero desde el punto de vista de la sanidad animal y no solamente desde la organización administrativa o económica de las campañas.
La fiebre aftosa ocupa un lugar central en la política sanitaria ganadera argentina debido a las consecuencias que un eventual brote podría generar sobre la producción y el comercio de carne. La preservación del estatus sanitario es considerada un elemento relevante para sostener el acceso a los mercados internacionales.
En ese marco, las entidades bonaerenses sostienen que cualquier reforma debería evitar situaciones que puedan reducir la cobertura de vacunación o dificultar el seguimiento de los rodeos.
Otro de los puntos que genera resistencia es el posible impacto económico de la apertura del sistema a profesionales contratados de manera individual.
El esquema actual funciona a través de entes sanitarios y fundaciones regionales, en los que participan los propios productores. Estas estructuras tienen a su cargo tareas vinculadas con la organización de las campañas, la logística y la fiscalización de las acciones sanitarias.
Uno de los argumentos utilizados para defender el modelo es su carácter colectivo. El sistema permite distribuir los costos de manera que la vacunación pueda llegar tanto a establecimientos de gran escala como a pequeños productores.
La preocupación de las entidades es que, si los establecimientos con mayor cantidad de animales comienzan a contratar veterinarios por fuera de los entes sanitarios, las estructuras locales pierdan parte de los recursos con los que actualmente sostienen sus operaciones.
Ese eventual proceso podría generar un aumento de los costos para los productores de menor escala o dificultar la llegada de los servicios sanitarios a establecimientos ubicados en zonas alejadas.
Rodríguez planteó esa situación con un ejemplo referido a la diferencia de escala entre los establecimientos. De acuerdo con la declaración incluida en el material aportado, el funcionario afirmó: “un profesional independiente, cuando tiene que definir el costo, va a tener mayores dificultades para ir a un productor donde tiene que vacunar a cinco animales que cuando tiene que vacunar a cien”.
El ministro agregó: “muchos de los productores con escalas más reducidas queden desatendidos porque el veterinario no va a ir”.
El planteo pone el foco especialmente en los pequeños y medianos productores, para quienes el costo individual de una campaña puede resultar más significativo y para quienes la existencia de una estructura territorial puede facilitar el acceso al servicio.
Desde la perspectiva bonaerense, la discusión sobre la vacunación no puede separarse de la forma en que se financia y organiza el sistema. La preocupación es que una modificación en la modalidad de contratación termine debilitando una red que actualmente permite sostener una cobertura amplia.
La COPROSA también cuestionó la falta de precisiones sobre cómo funcionaría el nuevo esquema una vez que entre en vigencia.
Entre los interrogantes planteados aparecen la distribución de responsabilidades entre los diferentes actores, los mecanismos de fiscalización, el registro del stock de vacunas, la emisión de actas y la coordinación entre los veterinarios independientes y los entes sanitarios tradicionales.
Para las entidades bonaerenses, esos aspectos deberían estar definidos antes de comenzar una nueva etapa de las campañas de vacunación.
La proximidad del cambio también genera preocupación por los tiempos de planificación. Las campañas sanitarias requieren organización previa de recursos, profesionales, vacunas, logística y establecimientos, por lo que cualquier modificación en el esquema operativo puede tener consecuencias sobre la preparación de las tareas.
Rodríguez reclamó certezas antes del comienzo del nuevo régimen. Según el material suministrado, el ministro expresó: “No podemos esperar hasta el 21 de diciembre para que el 31 digan si se prorroga un año o no”.
El planteo apunta a evitar que productores y entidades sanitarias lleguen al inicio de 2027 sin conocer con precisión cuáles serán las reglas aplicables.
La resolución adoptada por la comisión sanitaria bonaerense plantea revisar integralmente la normativa nacional y suspender la aplicación de los cambios hasta alcanzar un acuerdo entre los sectores involucrados.
El pedido incluye dejar sin efecto la derogación del marco normativo actualmente vigente y revisar la implementación de la Resolución 201/2026.
Además, la COPROSA solicitó que cualquier nuevo esquema sea compatible con la Ley Nacional de Fiebre Aftosa N.º 24.305 y propuso establecer una mesa de trabajo conjunta que permita discutir las modificaciones con participación de los distintos actores sanitarios y productivos.
La decisión contó con el respaldo de las principales entidades representadas en la comisión. La participación del Ministerio de Desarrollo Agrario provincial, el Colegio de Veterinarios, las organizaciones agropecuarias y las regiones sanitarias permitió conformar una posición común frente a la reforma.
El SENASA se abstuvo de la votación debido a que es el organismo al que está dirigido el reclamo.
El conflicto abre ahora una discusión sobre el futuro del sistema sanitario ganadero y sobre la forma en que se deberán organizar las campañas a partir de 2027. Mientras la Nación impulsa modificaciones en el esquema operativo, el sector bonaerense reclama que cualquier cambio esté respaldado por evidencia técnica, preserve la cobertura territorial y garantice la sustentabilidad económica de las estructuras sanitarias.
La discusión tendrá como eje la capacidad del nuevo modelo para mantener los niveles de protección del rodeo argentino sin dejar fuera a los establecimientos de menor escala. Para las entidades que integran la COPROSA, la prioridad es que la eventual modernización del sistema no implique una pérdida de control sanitario ni una reducción de la cobertura.
Por ahora, la provincia dejó formalizada su posición: revisar la normativa, discutir sus fundamentos y alcanzar un consenso antes de avanzar con la modificación prevista para 2027.
