El Gobierno nacional proyectó para 2027 un incremento del 41,3% en la recaudación por derechos de exportación, aun cuando contempla nuevas reducciones graduales de las alícuotas para productos agropecuarios. La estimación forma parte del proyecto de Presupuesto 2027 presentado ante el Congreso y se apoya, según los supuestos oficiales, en un crecimiento de la actividad económica, mayores exportaciones y un incremento de los valores comercializados. El esquema tiene particular relevancia para el agro, que concentra una parte sustancial de los ingresos generados por las retenciones.
De acuerdo con la información publicada por Agrofy News, el proyecto contempla que los ingresos provenientes de los derechos de exportación pasen de $8.536.982,5 millones en 2026 a $12.062.269,8 millones en 2027. En relación con el producto interno bruto, la recaudación asociada a este tributo representaría el 0,85% del PIB el próximo año, frente al 0,75% estimado para 2026.
La proyección se produce mientras el Gobierno mantiene un cronograma de reducción de derechos de exportación para las principales cadenas agrícolas. La normativa oficial establece que, desde enero de 2027, la soja tendrá una reducción mensual de 0,25 puntos porcentuales, que pasará a 0,5 puntos desde enero de 2028. Para maíz y sorgo está previsto un esquema de disminución trimestral, mientras que para girasol la reducción será semestral.
El Ejecutivo sostiene que la menor presión sobre las alícuotas será compensada, en sus proyecciones, por un mayor volumen exportado y una expansión de la actividad económica.
El dato central del proyecto es que una reducción de las alícuotas no necesariamente implica, bajo los supuestos presupuestarios, una caída de los recursos obtenidos por el Estado.
La explicación oficial está vinculada con el crecimiento esperado de las exportaciones y con una mayor base sobre la cual se aplicarán los derechos. En el documento presupuestario, según reprodujo Agrofy News, el Gobierno argumentó: “Los supuestos macroeconómicos utilizados como base para la elaboración de este proyecto contemplan un crecimiento de las exportaciones totales tanto en dólares corrientes como en términos reales”.
El proyecto contempla además un crecimiento de la economía del 4% durante 2027 y estima que las exportaciones totales superarían los US$130.000 millones.
En este escenario, la recaudación por derechos de exportación dependerá no solamente de las alícuotas vigentes, sino también del valor y del volumen de los bienes vendidos al exterior. La combinación de ambos factores explica la proyección de mayores ingresos fiscales que figura en el proyecto.
El Gobierno ya había establecido durante 2026 un esquema de reducción progresiva para soja, maíz, girasol y sorgo, mientras que trigo y cebada recibieron una reducción adicional de sus derechos de exportación. El Decreto 423/2026 oficializó parte de ese cronograma.
En junio, además, el Ejecutivo confirmó que el esquema para soja contempla una baja de 0,25 puntos porcentuales mensuales desde enero de 2027 y de 0,5 puntos mensuales desde enero de 2028.
La importancia del sector agropecuario dentro de la recaudación por derechos de exportación aparece como otro elemento central del escenario presupuestario.
Según los datos citados por Agrofy News de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el agro explicaría alrededor del 90% de los derechos de exportación. Sobre esa base, el proyecto implicaría una recaudación vinculada con el sector agropecuario de aproximadamente $10.856.042 millones.
La cifra permite dimensionar por qué la evolución de las exportaciones agrícolas tiene incidencia directa sobre las cuentas públicas. Soja y sus derivados, maíz, trigo, sorgo, girasol y otros productos de origen agroindustrial forman parte de las principales cadenas alcanzadas por el esquema de derechos de exportación.
Al mismo tiempo, la reducción gradual de las alícuotas busca modificar el peso relativo del tributo sobre las exportaciones agropecuarias. El Gobierno oficializó durante 2026 un cronograma que establece bajas para diferentes cadenas, con el objetivo declarado de reducir progresivamente la carga tributaria sobre las exportaciones.
El proyecto presupuestario parte, por lo tanto, de dos variables que avanzan en direcciones diferentes: menores porcentajes aplicados a determinados productos y una mayor recaudación nominal esperada.
Uno de los principales productos alcanzados por el esquema es la soja. El cronograma oficial establece una reducción de 0,25 puntos porcentuales por mes durante 2027 y de 0,5 puntos por mes desde enero de 2028. El Gobierno proyecta que hacia diciembre de 2028 la alícuota de la soja llegará al 15%, según los datos consignados en la información presupuestaria difundida por Agrofy News.
Para maíz y sorgo, la reducción prevista será trimestral, mientras que en el caso del girasol se aplicará con una frecuencia semestral. Estos cronogramas forman parte de la política de reducción gradual anunciada por el Poder Ejecutivo.
La aplicación progresiva busca evitar que las modificaciones se concentren en un único momento y establece un sendero previamente definido para los próximos años.
En paralelo, el Gobierno sostiene que la expansión de las exportaciones puede ampliar la base imponible y compensar parcialmente el efecto de las menores alícuotas sobre la recaudación.
El proyecto de Presupuesto 2027 también incorpora supuestos sobre el comportamiento de otras variables macroeconómicas que inciden en la proyección de los ingresos fiscales.
Para el cierre de 2027, el Ejecutivo estimó un tipo de cambio nominal de $1.847,60 por dólar, tomando como referencia un valor de $1.600 para diciembre de 2026. El proyecto también contempla un dólar promedio de $1.728 durante 2027.
En materia de inflación, el Gobierno proyectó una variación anual del 18% para 2027 y estimó que el índice de precios al consumidor finalizaría 2026 con una tasa interanual del 29%, según los datos difundidos por Agrofy News.
Estas variables son relevantes para las estimaciones fiscales porque modifican tanto el valor nominal de las operaciones de comercio exterior como la conversión a pesos de los ingresos tributarios asociados a las exportaciones.
El escenario presupuestario también parte de una economía que crecería 4% en 2027. El desempeño de sectores exportadores y el volumen total de ventas externas serán, por lo tanto, variables relevantes para determinar si las proyecciones de recaudación se cumplen.
El proyecto no contempla únicamente un escenario de crecimiento. También incorpora riesgos vinculados con factores climáticos y con los precios internacionales de los principales productos agrícolas.
Entre los escenarios analizados figura un eventual shock de sequía, considerado relevante debido al peso que tiene el agro en la actividad económica y en la generación de ingresos por exportaciones.
El documento contempla tres escenarios de diferente intensidad y analiza su posible impacto sobre la economía y las cuentas públicas. En el caso de un shock climático, el modelo considera una caída del PIB que modifica la relación entre gasto público y producto.
El propio Gobierno aclaró, según la información reproducida por Agrofy News: “El aumento del gasto en términos del PIB asociado a este shock no refleja un incremento discrecional del gasto público en sí, dado que el modelo no incorpora una respuesta discrecional del gasto ante los shocks considerados; responde en su totalidad a la caída del PIB, que reduce el denominador del ratio”.
La inclusión de estos escenarios muestra que la estimación de recursos por retenciones está condicionada por factores que exceden la política tributaria.
El Presupuesto 2027 también analiza un escenario negativo relacionado con el precio internacional de la soja, uno de los principales productos de exportación de la Argentina.
Según los supuestos difundidos por Agrofy News, el Gobierno evaluó situaciones adversas equivalentes a una y dos desviaciones estándar respecto del comportamiento histórico del precio. En esos casos, el valor de la soja descendería a US$356,7 por tonelada y US$289,3 por tonelada, respectivamente.

El análisis permite estimar cómo una caída del precio internacional podría impactar sobre las exportaciones y, en consecuencia, sobre la recaudación vinculada con los derechos de exportación.
La variable adquiere especial importancia porque la recaudación proyectada no depende exclusivamente de las alícuotas. Un escenario de menores precios o de una reducción significativa de los volúmenes cosechados podría alterar las estimaciones incorporadas al Presupuesto.
De esta manera, el proyecto presentado ante el Congreso plantea para 2027 una combinación de reducción gradual de retenciones, crecimiento económico y expansión de las exportaciones, sobre la cual el Gobierno construyó su previsión de mayores ingresos por derechos de exportación.
El resultado final dependerá de la evolución de los precios internacionales, el desempeño de las cosechas, el volumen efectivamente exportado y el comportamiento de las variables macroeconómicas contempladas en el proyecto.