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El Gobierno nacional decidió en septiembre ampliar los mecanismos de contención sobre las tarifas de electricidad y gas y postergar nuevamente la actualización de impuestos sobre los combustibles, con el objetivo de moderar el impacto de los costos energéticos sobre los hogares. Según informó Forbes, las medidas implican un nivel de subsidios mayor al previsto originalmente y permitirán que las facturas registren incrementos inferiores a los que se esperaban.
Uno de los principales cambios se concentra en la electricidad. El esquema oficial contemplaba reducir desde septiembre el bloque de consumo subsidiado a 150 kWh mensuales, pero finalmente el límite se elevó a 200 kWh.
La decisión permite que una mayor proporción del consumo eléctrico mantenga precios bonificados y reduce el impacto que hubiera tenido la modificación originalmente prevista sobre las facturas.
También se mantuvo prácticamente sin cambios el porcentaje de descuento aplicado sobre el consumo subsidiado. El programa anunciado a comienzos del año establecía una bonificación inicial del 75% que luego debía disminuir progresivamente.
Sin embargo, ese proceso fue frenado y durante septiembre se mantendrá el 75% de bonificación para electricidad. En el caso del gas natural, el descuento se ubicará en 74,5%.
Como resultado, el aumento promedio previsto para septiembre será del 1,75% en electricidad y del 1,40% en gas natural, según informó Forbes.
Ambos incrementos se ubican por debajo del último dato oficial disponible de inflación, que fue del 2,1% en julio, según el INDEC.
Desde el Poder Ejecutivo señalaron que las decisiones apuntan a reducir el impacto de las tarifas sobre los sectores de menores ingresos sin interrumpir el proceso de normalización de los precios energéticos.
“Con esta medida, el Gobierno Nacional refuerza su compromiso de proteger a los más vulnerables sin resignar el proceso de normalización tarifaria ni las metas fiscales”, comunicó el Ejecutivo, de acuerdo con la información publicada por Forbes.
La medida aplicada sobre el gas natural tiene alcance nacional porque su regulación corresponde al ámbito federal.
En electricidad, en cambio, el impacto directo de la decisión se concentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sin el aumento del bloque subsidiado y la continuidad de las bonificaciones, las tarifas eléctricas hubieran registrado una suba cercana al 7%.
Según una fuente oficial citada por Forbes, el nuevo esquema hará que para el 51% de los usuarios el incremento promedio ronde los $2.000.
La política de contención también incluye los precios de los combustibles. El Gobierno volvió a postergar la actualización del impuesto a los combustibles líquidos, que debería ajustarse periódicamente de acuerdo con la legislación vigente.
La decisión evita trasladar de forma completa ese componente tributario al precio de las naftas y el gasoil, aunque tiene un costo directo para las cuentas públicas.
Según informó Forbes, durante los primeros ocho meses de 2026 la pérdida estimada de recaudación por no aplicar las actualizaciones previstas alcanzó los US$ 1.229 millones.
El argumento oficial para sostener estas medidas está relacionado, entre otros factores, con el aumento de los costos internacionales de la energía.
Sin embargo, los datos locales también muestran una creciente presión del gasto energético sobre los ingresos de las familias.
De acuerdo con información del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el CONICET citada por Forbes, la canasta de servicios públicos del AMBA alcanzó los $289.622 en agosto.
Ese monto representó aproximadamente el 14,5% del salario promedio y fue un 54% superior al registrado durante el mismo mes de 2025.
En paralelo, el nivel de subsidios energéticos mostró un incremento durante 2026. Según los datos mencionados por Forbes, el gasto destinado a estos mecanismos aumentó un 46% medido en dólares en lo que va del año.
El escenario obliga al Gobierno a administrar un equilibrio entre la reducción de subsidios prevista dentro del proceso de normalización tarifaria y el impacto que las subas pueden generar sobre el poder adquisitivo.
Las decisiones adoptadas para septiembre muestran una desaceleración temporal de ese proceso. Los hogares tendrán aumentos más moderados en electricidad y gas, mientras que la postergación tributaria continuará limitando el impacto sobre los combustibles.
El desafío será determinar cuánto tiempo podrá mantenerse esta estrategia sin afectar las metas fiscales, especialmente si los costos internacionales de la energía continúan elevados y los ingresos de los hogares siguen creciendo por debajo del aumento acumulado de los servicios públicos.
