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La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) entró en una etapa clave luego de la apertura de las ofertas técnicas. Dos consorcios quedaron en carrera para adquirir el 90% de las acciones que pertenecen al Estado nacional: uno encabezado por Rowing, junto con Transclor, Arcos Saneamento e Participações y PHX, y otro liderado por Roggio ROAS, vehículo del Grupo Roggio. Según informó Infobae, la Comisión Evaluadora deberá analizar ahora la documentación presentada antes de avanzar hacia la apertura de las ofertas económicas.
AySA presta servicios de agua potable y saneamiento a 3,8 millones de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. El 10% restante de las acciones continuará bajo el Programa de Propiedad Participada de los trabajadores.
El proceso contempla una concesión de 30 años, con posibilidad de extenderla por otros 10, además de compromisos de inversión, cobertura, calidad y mantenimiento de la red. El pliego establece inversiones iniciales por alrededor de USD 2.000 millones durante los primeros cinco años.
El consorcio encabezado por Rowing S.A. reúne a una empresa de ingeniería, construcción y servicios industriales fundada por Walter Román, al empresario Mauricio Filiberti, propietario de Transclor, y a dos socios internacionales: Arcos Saneamento e Participações, vinculada al Grupo Equipav de Brasil, y PHX Aqua AR B.V., un vehículo de inversión radicado en los Países Bajos.
Uno de los puntos destacados de esta propuesta es la participación de Transclor, compañía que mantiene una relación comercial con AySA desde 2009 como proveedora de policloruro de aluminio, un insumo utilizado en el proceso de potabilización del agua.
Por su parte, Filiberti también participa en Edenor y recientemente amplió su presencia en el sector de servicios públicos mediante su participación en Metrogas junto con otros socios.
El componente internacional del consorcio está representado por Arcos Saneamento e Participações, vinculada al Grupo Equipav. La compañía opera servicios de agua y saneamiento en Río de Janeiro y fue incorporada como operador técnico para acreditar experiencia en la gestión de grandes sistemas de saneamiento.
El otro grupo que presentó oferta está encabezado por Roggio ROAS S.A.U., una sociedad creada por el Grupo Roggio para canalizar inversiones relacionadas con el negocio del agua y saneamiento. La propuesta también incluye a Benito Roggio e Hijos, Aguas del Plata Participaciones, Hidrosan Capital y Central Buen Ayre.
El principal antecedente del grupo en el sector es Aguas Cordobesas, empresa que opera el servicio de agua potable en la ciudad de Córdoba. El Grupo Roggio también tiene participación en otros servicios públicos y urbanos, entre ellos la operación del subte y el premetro porteño mediante Emova y del ferrocarril Urquiza.
La propuesta de Roggio cuenta además con asesoramiento técnico de la empresa israelí Mekorot y de la japonesa Marubeni, aunque la composición formal del consorcio presentada en la licitación está integrada por las sociedades argentinas mencionadas.
La participación del Grupo Roggio también está vinculada con el antecedente judicial de Aldo Roggio en la causa conocida como Cuadernos. En 2018, el empresario se acogió al régimen de imputado colaborador y declaró ante la Justicia que Metrovías había realizado pagos periódicos en efectivo al entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime.
Según informó Infobae, Roggio declaró que esos pagos equivalían al 5% de los subsidios que recibía la empresa y que el mecanismo se extendió entre 2003 y 2011. El empresario sostuvo que las erogaciones eran exigidas para mantener las concesiones del subte y del ferrocarril Urquiza.
La condición de imputado colaborador implica el aporte de información dentro de una investigación judicial y no equivale por sí misma a una sentencia firme.
La apertura de los sobres técnicos todavía no definió quién quedará a cargo de AySA. La comisión evaluadora deberá revisar la documentación legal, técnica, financiera y económica de ambos grupos.
Los consorcios que superen esa instancia avanzarán a la apertura de las ofertas económicas. Allí, la variable central será el precio ofrecido en dólares por el paquete accionario estatal.
El Gobierno prevé que el nuevo operador asuma antes de fin de año, aunque el cronograma estará sujeto al resultado de las evaluaciones y a las eventuales impugnaciones que puedan surgir durante el proceso.
