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El Senado de la Nación avanzó con el dictamen de una nueva Ley de Biocombustibles que propone elevar progresivamente el corte obligatorio de bioetanol en las naftas del 12% al 15%. La senadora nacional por Jujuy Carolina Moisés, una de las impulsoras de los acuerdos, destacó el potencial de la iniciativa para generar nuevas inversiones, empleo y demanda para las economías productivas del Norte Grande.
El proyecto quedó en condiciones de avanzar hacia su tratamiento en el recinto y es resultado de un proceso de negociación desarrollado durante los últimos dos años entre legisladores, provincias y representantes de diferentes sectores vinculados con la producción de biocombustibles.
“Este es el acumulado de mucho trabajo y de mucha capacidad de los distintos sectores representativos que hoy están esperando con urgencia esta ley”, sostuvo Moisés.
La legisladora destacó que la iniciativa surgió de una construcción conjunta que involucró a diferentes bloques políticos, las nueve provincias de la Liga Bioenergética, productores, trabajadores, universidades, organismos técnicos, la Cámara de Bioetanol de Maíz y el Centro Azucarero Argentino.
Uno de los cambios centrales es el incremento progresivo del corte obligatorio de bioetanol del 12% al 15%.
El esquema establece un 6% correspondiente al bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar, otro 6% para el producido con maíz y un 3% sujeto a competencia.
Para las provincias del Norte Grande, el incremento puede representar una oportunidad para fortalecer particularmente la cadena de la caña de azúcar. Un mayor corte obligatorio ampliaría la demanda interna y podría generar condiciones para nuevas inversiones en capacidad productiva.
El impacto esperado también alcanza al empleo, la industrialización en origen y las posibilidades de exportación, tres variables vinculadas con el desarrollo de las economías regionales.
Moisés considera, además, que el 15% debería funcionar como un punto inicial dentro de una estrategia de crecimiento de largo plazo.
“Los porcentajes que estamos discutiendo son mínimos posibles y necesarios para garantizar una proyección a futuro”, afirmó.
La propuesta apunta a que Argentina pueda avanzar gradualmente hacia una mayor convergencia con los niveles de utilización de biocombustibles existentes dentro del Mercosur, con Brasil como una de las principales referencias regionales.
Otro de los puntos centrales del proyecto es la previsibilidad para las inversiones. La iniciativa establece un régimen con 15 años de vigencia, pensado para brindar un horizonte de mayor estabilidad a los proyectos vinculados con bioetanol y otras actividades de la cadena.
La seguridad jurídica y las reglas de largo plazo aparecen como factores relevantes para impulsar ampliaciones productivas y atraer nuevos capitales hacia el sector.
En ese sentido, Moisés planteó la necesidad de acelerar las definiciones para aprovechar el potencial que ofrecen los biocombustibles.
“Ya no hay más tiempo para dilatar. Tenemos que mirar para adelante”, afirmó.
La senadora también destacó la importancia de los consensos alcanzados durante el proceso legislativo y consideró que el desarrollo económico puede funcionar como un punto de encuentro entre diferentes espacios políticos.
“Las diferencias políticas, dogmáticas o ideológicas tienen que quedar de lado cuando estamos hablando de desarrollo económico. El diálogo es lo que construye consensos”, sostuvo.
La discusión tiene especial relevancia para las provincias productoras de caña de azúcar y maíz, debido a que un incremento del corte puede generar una mayor demanda de materias primas y ampliar la actividad industrial asociada a su transformación.
Para el Norte Grande, el bioetanol también forma parte de una agenda más amplia vinculada con la diversificación de la matriz energética, la generación de valor agregado en las provincias y el aprovechamiento de recursos productivos regionales.
El avance legislativo abre así una nueva instancia para el sector. Con un corte proyectado del 15%, un horizonte regulatorio de 15 años y la participación de las provincias productoras, la iniciativa busca establecer las condiciones para una nueva etapa de inversión y crecimiento de los biocombustibles en Argentina.
