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El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se reunió con representantes de las pymes productoras de biodiésel y confirmó que la Provincia se opondrá al proyecto impulsado por la senadora Patricia Bullrich para modificar el régimen vigente. El Gobierno bonaerense sostiene que la iniciativa podría reducir la participación de las pequeñas y medianas empresas, afectar plantas industriales del interior y favorecer una mayor concentración de la producción.
El encuentro reunió al mandatario con representantes de la Cámara de Empresas Pymes Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) y tuvo como eje el impacto que podría generar la modificación de la Ley 27.640 de Biocombustibles, actualmente analizada en comisiones del Senado.
“Esta propuesta atenta contra la participación de las pymes y favorece la concentración de la actividad en seis grandes aceiteras del puerto de Rosario”, afirmó Kicillof tras la reunión.
El gobernador agregó: “Nuestro compromiso es y seguirá siendo defender el entramado productivo bonaerense y los puestos de trabajo en las economías regionales”.
La posición de Buenos Aires apunta especialmente a preservar la participación de las empresas de menor escala dentro del mercado del biodiésel. La administración provincial anticipó que buscará articular su postura con otros gobernadores y representantes legislativos de provincias donde funcionan plantas vinculadas con esta actividad.
Entre ellas aparecen La Pampa, Entre Ríos y San Luis, además de Buenos Aires. El planteo es que cualquier modificación regulatoria contemple las diferencias productivas y geográficas existentes entre las empresas del sector.
El proyecto presentado por Bullrich propone reemplazar el régimen actual y establecer nuevos cupos de corte. Uno de los puntos cuestionados por las empresas es el esquema previsto para la participación de las pymes.
Según CEPREB, el proyecto establece un cronograma que llevaría el segmento reservado para las pequeñas y medianas empresas desde el 7,5% actual hasta el 3% en 2031, cuando posteriormente se eliminaría esa participación específica.
Las empresas sostienen que ese cambio modificaría las condiciones de competencia frente a los grandes complejos aceiteros instalados en torno al puerto de Rosario.
El sector pyme advierte que el impacto podría alcanzar a 9.500 puestos de trabajo en todo el país. En territorio bonaerense, la discusión involucra particularmente a diez plantas industriales ubicadas en Ramallo, Pilar, Junín, Daireaux, Bahía Blanca y Saladillo.
Estas instalaciones alcanzan una producción conjunta superior a 345.000 toneladas anuales, con un valor estimado de más de US$ 400 millones, y están vinculadas con unos 3.500 empleos directos, según los datos aportados por el sector.
También forman parte de la cadena productiva unas 96 plantas extrusoras de soja, lo que amplía el alcance económico de la actividad sobre diferentes localidades del interior.
Uno de los argumentos planteados por las pymes es que existen diferencias estructurales de costos frente a los grandes complejos agroindustriales. El aceite de soja representa alrededor del 80% del costo del biodiésel y muchas empresas regionales deben adquirir esa materia prima a compañías con las que posteriormente compiten en el mercado.
A esto se agregan los costos logísticos derivados de la distancia entre las plantas y los principales nodos portuarios.
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, sostuvo que la nueva regulación debería contemplar a compañías de diferentes escalas.
“Si es promover un sector, que sea con las empresas grandes, con las medianas y con las chicas; y eso tiene que quedar plasmado en la ley”, afirmó.
Para la Provincia, el debate sobre el nuevo régimen también involucra la distribución territorial de la producción. El Ejecutivo bonaerense considera necesario evitar que una modificación de las reglas termine concentrando una mayor proporción de la actividad en un único polo industrial.
Las pymes, en tanto, presentaron una propuesta alternativa para mantener un espacio específico dentro del mercado. El planteo contempla llevar el corte obligatorio total de biodiésel al 12,5% y reservar un 5% exclusivamente para pequeñas y medianas empresas regionales.
Con esta alternativa, el sector busca combinar una mayor incorporación de biocombustibles con la continuidad de las plantas instaladas en distintas provincias.
La discusión continuará ahora en el Senado y tendrá como uno de sus principales puntos la definición del lugar que ocuparán las pymes dentro del nuevo esquema. Para Buenos Aires, preservar esa participación resulta clave para sostener capacidad industrial, producción regional y empleo en las localidades donde funciona esta cadena de valor.
