La renta agrícola argentina mostró una leve recuperación en septiembre, aunque la presión tributaria continúa representando la mayor parte del resultado generado por la producción. Según el último informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA), el Estado participa del 58,2% de la renta agrícola, frente al 61,9% registrado en junio. La mejora se explica principalmente por la suba de los precios internacionales de algunos granos y por la fuerte reducción en el valor de la urea, mientras que los productores todavía enfrentan costos relevantes de transporte y una elevada carga impositiva.
El denominado Índice FADA mide qué proporción de la renta agrícola queda en manos del Estado a través de impuestos nacionales, provinciales y municipales. En la medición correspondiente a septiembre, de cada $100 que genera una hectárea agrícola después de afrontar los costos productivos, $58,20 se destinan al pago de tributos. El resto se distribuye entre el costo de la tierra, que representa el 27,3%, y el resultado agrícola, que alcanza el 14,5%.
El dato marca una reducción de 3,7 puntos porcentuales respecto del relevamiento de junio, cuando la participación estatal había alcanzado el 61,9%. Sin embargo, desde FADA remarcaron que la disminución no responde a una modificación sustancial de la estructura tributaria argentina, sino principalmente a cambios registrados en el escenario internacional de precios y costos.
“La leve caída de índice no se dio por cambios en los impuestos argentinos en sí, fue por factores en el contexto internacional”, explicó Fiorella Savarino, economista de FADA, según el informe difundido por la entidad y publicado por TodoAgro
Uno de los principales factores que modificaron la ecuación económica durante el período fue el comportamiento de los mercados internacionales. El informe señala que las tensiones derivadas de la guerra entre Rusia y Ucrania y distintos factores logísticos contribuyeron a sostener los valores de algunos granos.
El trigo registró una recuperación que lo llevó a ubicarse por encima del nivel observado un año atrás, mientras que la soja también mostró una mejora asociada, entre otros factores, a cambios en las estimaciones de producción de Estados Unidos y a una mayor demanda de China.
A esa mejora de los ingresos se sumó una reducción significativa en el precio de uno de los principales fertilizantes utilizados en la agricultura: la urea. Según FADA, el valor promedio pasó de US$730 por tonelada en junio a US$570 en septiembre.
La modificación también puede observarse mediante la relación insumo-producto, que permite determinar cuántas toneladas de grano necesita vender el productor para adquirir una tonelada de fertilizante.
En septiembre fueron necesarias 2,9 toneladas de maíz para comprar una tonelada de urea, frente a las cuatro toneladas requeridas en junio. En el caso del trigo, la relación pasó de 3,4 toneladas a 2,4.
“La relación insumo-producto muestra cuánto esfuerzo necesita hacer el productor para comprar un insumo. Hoy, tanto para maíz como para trigo, se necesitan menos toneladas de grano que en junio para comprar una tonelada de urea”, señaló Nicolle Pisani Claro, economista jefa de FADA.
Antonella Semadeni, también economista de la entidad, sostuvo que la combinación de mayores precios de los granos y menores costos de la urea permitió una mejora en el resultado económico de los productores. No obstante, advirtió que la carga tributaria continúa absorbiendo una porción mayoritaria de la renta.
“En esta medición vemos cómo los movimientos del mercado internacional pueden modificar la renta agrícola. La mejora de los precios de los granos, junto con la baja de la urea, permitió que el resultado económico o la ganancia del productor mejore. Pero el Estado todavía se queda con una porción mayoritaria de esa renta”, afirmó Semadeni, de acuerdo con el reporte de FADA.
El impacto de la estructura de costos y de los impuestos no es uniforme entre los distintos cultivos. El Índice FADA de septiembre calculó una participación estatal del 60,7% en soja, 53,8% en maíz, 55,5% en trigo y 56,8% en girasol.
La soja presenta así el porcentaje más elevado de participación estatal dentro de los cuatro cultivos analizados, mientras que el maíz registra el menor.
El caso del trigo resulta particularmente relevante porque el incremento de su precio, combinado con la reducción del valor de la urea, permitió mejorar el resultado previo al pago de impuestos. En relevamientos anteriores, el margen había sido muy reducido e incluso había llegado a ubicarse en terreno negativo.
Sin embargo, FADA advierte que tanto el trigo como el maíz todavía se encuentran por debajo de sus promedios de precios correspondientes a los últimos cinco años. Por ese motivo, la recuperación observada en septiembre no implica que la rentabilidad haya regresado a niveles históricos.
La fotografía general de la renta agrícola queda distribuida de la siguiente manera: 58,2% corresponde a impuestos, 27,3% al costo de la tierra y 14,5% al resultado agrícola.
La reducción del precio de la urea no se trasladó de la misma manera al conjunto de los costos que afrontan los productores. Entre ellos, el transporte continúa teniendo una incidencia significativa, especialmente en las regiones más alejadas de los principales puertos y centros de comercialización.
De acuerdo con FADA, los fletes aumentaron respecto de junio y también muestran una suba cuando se los compara con el mismo período del año anterior.
La distancia respecto de los puertos constituye un factor determinante. En provincias como Córdoba, San Luis y La Pampa, el costo de trasladar la producción puede representar una proporción importante del valor generado por una hectárea.
“En una hectárea de maíz, por ejemplo, en Córdoba, San Luis y La Pampa alrededor de 2 de cada 10 camiones de lo que se produce, se destina a pagar el flete”, indicó Semadeni.
La incidencia del transporte hace que el precio internacional de los granos no sea el único elemento que define el resultado económico. También intervienen los rindes obtenidos, los costos de producción, la distancia hasta los mercados y la estructura tributaria correspondiente a cada territorio.
Pisani Claro destacó precisamente esa combinación de variables: “Por eso, el precio del grano no es el único elemento que define la renta agrícola. También importan los costos de producción, la distancia a los mercados, los rindes y la estructura impositiva de cada territorio. Son muchos los factores que entran en juego”.
La composición de la carga tributaria también muestra diferencias según el nivel de gobierno. Del total de impuestos que inciden sobre la renta agrícola, el 55,6% corresponde a tributos nacionales no coparticipables. Los impuestos nacionales coparticipables representan el 35,7%, mientras que los tributos provinciales explican el 7,8% y los municipales el 0,9%.
Dentro de la estructura tributaria aparecen los derechos de exportación, conocidos como retenciones, que constituyen uno de los componentes relevantes para las principales producciones agrícolas.
FADA señala que desde diciembre de 2023 las alícuotas de los derechos de exportación fueron modificadas para los principales cultivos, lo que redujo su participación relativa dentro de la carga tributaria total. Al mismo tiempo, aumentó el peso de impuestos vinculados con el resultado económico, entre ellos el Impuesto a las Ganancias.
El informe también muestra que la incidencia tributaria varía según la provincia. En Córdoba, el índice se ubicó en 56,9%; en Buenos Aires, en 56,1%; en Santa Fe, en 53,9%; en La Pampa, en 54,7%; en Entre Ríos, en 58,4%; y en San Luis, en 55%.
FADA aclara que estas diferencias no implican necesariamente que los productores de una provincia paguen más impuestos en términos absolutos que los de otra. El porcentaje surge de la combinación de variables productivas y económicas, entre ellas rindes, precios, costos, fletes y tributos provinciales y municipales.
El resultado de septiembre muestra una ecuación agrícola algo más favorable que la registrada tres meses atrás. El aumento de los precios de algunos granos incrementó los ingresos, mientras que la caída de la urea redujo la presión de uno de los principales insumos de la producción.
Para FADA, esa combinación explica buena parte de la reducción del índice. “Esta combinación explica la baja del Índice, pero no cambia el dato de fondo: aún con mejores precios y menores costos para algunos insumos, los impuestos representan más de la mitad de la renta agrícola”, sostuvo Semadeni.
La evolución del indicador también muestra hasta qué punto la rentabilidad agrícola depende de factores que exceden la estructura impositiva. Los precios internacionales, el valor de los fertilizantes, los costos logísticos, la productividad por hectárea y la ubicación geográfica pueden modificar de manera significativa el resultado final.
Así, la medición de septiembre deja una mejora respecto de junio, pero mantiene una característica central de la economía agrícola argentina: la carga tributaria continúa absorbiendo más de la mitad de la renta generada por la actividad. La recuperación de los precios y la reducción de algunos costos alivianaron parcialmente la ecuación, aunque el margen que queda para el productor sigue condicionado por una combinación de impuestos, logística y costos de producción.