La siembra junto a rutas nacionales podría incorporar más de 50.000 hectáreas a la producción agrícola argentina si avanza un proyecto presentado en el Congreso por el diputado nacional Javier Sánchez Wrba, del PRO. La iniciativa propone habilitar el uso productivo de terrenos públicos adyacentes a aproximadamente 40.000 kilómetros de la red vial nacional, mediante permisos regulados y el cobro de un canon. Según publicó LA NACIÓN el 13 de noviembre de 2026, el objetivo es ampliar la superficie agrícola y generar recursos para el mantenimiento de las rutas nacionales no concesionadas.
La propuesta busca recuperar un esquema que tuvo vigencia entre 1996 y 2008, cuando se permitió utilizar determinados terrenos vinculados con la infraestructura vial para actividades productivas. El proyecto todavía requiere tratamiento legislativo y no cuenta con dictamen, por lo que su implementación depende de los avances en el Congreso.
La iniciativa plantea habilitar el aprovechamiento agrícola de tierras públicas ubicadas junto a las rutas nacionales. Según sus impulsores, la superficie potencial supera las 50.000 hectáreas, aunque el uso quedaría sujeto a condiciones específicas de seguridad vial y administración.
Un aspecto central es que la propuesta no contempla sembrar sobre las banquinas ni sobre las franjas de seguridad vial. El objetivo es utilizar otros terrenos adyacentes que puedan destinarse a la producción sin comprometer la circulación ni la visibilidad de los conductores.
El mecanismo previsto contempla:
Convocatorias públicas para otorgar los permisos de uso.
Prioridad para productores con establecimientos linderos a las rutas.
Pago de un canon por el aprovechamiento de las tierras.
Autorizaciones por períodos determinados, con posibilidad de renovación.
Cumplimiento de las condiciones de seguridad y visibilidad vial.
Destino de los recursos recaudados al mantenimiento de rutas nacionales no concesionadas.
La propuesta apunta a establecer un sistema regulado que permita compatibilizar la actividad agrícola con las necesidades de conservación de la infraestructura vial.
Uno de los argumentos centrales del proyecto es la posibilidad de incorporar tierras que actualmente no tienen un aprovechamiento productivo de estas características.
De acuerdo con las estimaciones mencionadas en la iniciativa, la superficie potencial de más de 50.000 hectáreas permitiría generar una producción adicional superior a las 120.000 toneladas de soja.
El alcance productivo también contempla otros cultivos, como cereales, oleaginosas y pasturas, según las condiciones de cada terreno y las posibilidades de explotación.
Para el sector agropecuario, la propuesta representa una alternativa de expansión de la superficie productiva sin necesidad de incorporar nuevas tierras privadas al circuito agrícola.
El resultado dependerá de las condiciones de los terrenos disponibles, de los permisos que se otorguen y de los criterios técnicos y ambientales que se establezcan para cada ubicación.
El proyecto también incorpora un componente económico vinculado con el financiamiento de la infraestructura vial.
Los productores que obtengan los permisos deberían abonar un canon por la utilización de los terrenos públicos. La propuesta establece que esos recursos se destinen al mantenimiento de las rutas nacionales que no están bajo concesión.
De esta manera, el esquema buscaría generar un mecanismo de financiamiento complementario para la conservación de la red vial.
La iniciativa vincula dos necesidades: por un lado, el aprovechamiento productivo de terrenos públicos; por otro, la generación de ingresos destinados a sostener la infraestructura utilizada por el transporte de cargas y la actividad económica.
La propuesta tiene como referencia un régimen que permitió este tipo de aprovechamiento entre 1996 y 2008.
La recuperación del esquema requiere una nueva regulación que determine las condiciones de acceso, los controles, los plazos de autorización y las obligaciones de los productores.
El debate también involucra la necesidad de preservar las condiciones de seguridad vial, evitar interferencias con las tareas de mantenimiento y garantizar que el uso agrícola no afecte el funcionamiento de la infraestructura.
Por el momento, el proyecto continúa pendiente de dictamen en el Congreso. Su eventual aprobación deberá definir el alcance de los permisos, los mecanismos de adjudicación y el destino efectivo de los fondos recaudados.
La iniciativa abre una discusión sobre el uso económico de las tierras públicas vinculadas con las rutas nacionales y la posibilidad de convertir esos espacios en una fuente adicional de producción y financiamiento vial.