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A siete días de la finalización de la concesión de la hidrovía, la cuestión medioambiental se coloca en el centro del debate. El reclamo de las asociaciones ambientalistas para una política fluvial a largo plazo que incorpore la dimensión ambiental en todas sus etapas. Según la Ley General del Ambiente N° 25.675, previo llamado a licitación el estado debe ordenar un completo estudio de impacto ambiental que incluya información hidrométrica, datos hidráulicos y batimétricos, junto a especificaciones sobre sedimentos de los cursos de agua del río Paraná.
De acuerdo al Partido Verde de la República Argentina, el ambiente y la protección de los ecosistemas son los grandes ausentes en el debate por la hidrovía. En este sentido, la organización eco-política puso sobre la mesa el impacto ambiental en el equilibrio del ecosistema que puede derivar de esta obra de infraestructura.
Por su parte, desde Red del Río Luján y la Asamblea Socio Ambiental Campana (ASAC), también expresaron la necesidad de elaborar una evaluación ambiental y estratégica sobre las consecuencias de este mega proyecto en el ambiente, el territorio, la sociedad y la economía en el área de influencia de la hidrovía.
En este sentido, las asociaciones proponen el establecimiento de áreas protegidas junto con la aplicación de un mecanismo de evaluación continua de los impactos ambientales que incluya el estado de la calidad del agua, costas y humedales.
En la misma línea, Wetlands International y la Fundación CAUCE, presentaron un documento con la adhesión de más de 50 organizaciones e instituciones. Entre algunas de las propuestas concretas, solicitaron la constitución de un órgano de control con representación ciudadana con fines de transparentar el proceso licitatorio.
Otro punto abordado fue el pedido de incorporación al CFH (Consejo Federal Hidrovía) como miembros permanentes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y de organismos sociales, territoriales y de ambiente de todas las provincias implicadas.
