La nueva regulación de plaguicidas en La Pampa: ¿progreso o burocracia?

Por Agroempresario.com

Los productores agropecuarios de la provincia de La Pampa se encuentran en una carrera contrarreloj ante la inminente reglamentación de la Ley 3288 de gestión integral de plaguicidas, promovida por el gobierno de Sergio Raúl Ziliotto. Esta normativa, aprobada en 2020, debía ser reglamentada en un plazo de 120 días, pero su implementación se había pospuesto hasta ahora. Según un borrador de la reglamentación, se introducen exigencias significativas para los usuarios de agroquímicos, técnicos, distribuidores y aplicadores, lo que complica el trabajo diario de los productores al agregar más registros y requerimientos.

Con un documento de 18 páginas, los productores consideran que estas nuevas exigencias son “una verdadera locura burocrática”. Por ejemplo, los aplicadores deben cumplir con 18 requisitos que incluyen desde buenas prácticas agrícolas y normas de seguridad hasta la conservación de la documentación durante cinco años. Los productores también deberán mantener registros similares y garantizar el cumplimiento de normativas de protección ambiental.

Carlos Portu, un productor agropecuario e ingeniero agrónomo de General Pico, expresó su preocupación: “El Estado se asigna derechos que algunos consideran inconstitucionales, como el ingreso de la autoridad de aplicación a los campos rurales. Esto es un avance fenomenal del Estado sobre nuestra actividad. Hay productores que se están planteando si van a poder continuar. Se meten en la actividad nuestra de una forma brutal”.

Portu subrayó que la reglamentación no solo criminaliza la actividad de pulverización, sino que también prevé un sistema de control que podría resultar excesivamente gravoso. “Cada aplicación va a ser un conjunto de exigencias burocráticas, lo que anticipa un aumento en los costos de operación”, indicó, resaltando que se requerirán múltiples pasos para cada aplicación, incluyendo diagnósticos previos y cierres de aplicación.

Además, la normativa establece condiciones específicas para aplicaciones en áreas urbanas, donde se requerirá autorización escrita de las autoridades municipales para el ingreso y uso de equipos, añadiendo más complejidad al proceso.

A pesar de que los productores han trabajado en la actualización de una ley de agroquímicos que data de la década del 70, el avance de la nueva reglamentación ha despertado el descontento y la frustración. “La reglamentación está lista y podría ser promulgada en octubre. Estamos espantados por lo que se nos viene encima si se aprueba tal cual”, relató Portu. 

Ignacio Kovarsky, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), también criticó el enfoque del gobierno, subrayando la necesidad de un debate científico sobre las distancias de aplicación y cómo estas decisiones no deben dejarse a criterio de los intendentes.

Los productores expresan su esperanza de que el proyecto de ley pueda ser detenido antes de su aprobación. “Siempre hubo una discusión entre el campo y la ciudad. Esto proviene de la vieja Argentina, donde se fomentó el odio hacia el sector”, concluyó Portu. La situación actual plantea un dilema crítico para el sector agropecuario, que se enfrenta a la presión de la burocracia en un entorno ya desafiante.