Soja: ROSARIO
$303.000 -0.66%
Maíz: ROSARIO
$178.000 0.11%
Trigo: ROSARIO
$195.000 0.00%
Por Agroempresario.com
Los precios de la soja han caído significativamente en términos reales, pero los derechos de exportación (DEX) siguen vigentes, complicando la rentabilidad de los productores. Un informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA) revela que esta carga impositiva, lejos de beneficiar a la economía general, ha drenado recursos del sector más productivo del país hacia gastos públicos ineficientes, empresas estatales deficitarias y políticas de asistencia sin resultados sostenibles.
El impacto de las retenciones no solo distorsiona los precios relativos sino que también desalienta la inversión, perjudica la adopción de tecnología y genera incertidumbre en la toma de decisiones productivas. Además, afecta la sostenibilidad de los sistemas agrícolas al reducir la capitalización de los productores y desvalorizar la tierra. Esta situación pone un freno al crecimiento del sector, que enfrenta una temporada 2024/25 marcada por bajos precios de los granos.
Según la BCCBA, en el caso de la soja, los DEX equivalen a 14 quintales por hectárea, mientras que en el maíz y el trigo representan 10 y 4 quintales, respectivamente. Estos costos afectan especialmente a los productores que operan bajo arrendamiento, una modalidad que cubre el 70% de la superficie sembrada en Argentina. La entidad advierte que, con las alícuotas vigentes, el 33% de los ingresos de una hectárea de soja se transfiere al Estado Nacional, mientras que el resto se distribuye entre costos directos, arrendamiento y gastos comerciales. El resultado: pérdidas para el productor en zonas de productividad media.
Entre 2002 y 2024, los DEX recaudaron más de 150.000 millones de dólares, pero ese dinero no fue reinvertido en el desarrollo del país. La BCCBA detalla que las administraciones más intervencionistas, como las de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, recaudaron sumas récord gracias a precios internacionales favorables, mientras que gobiernos como el de Mauricio Macri obtuvieron menores ingresos debido a políticas más laxas.
Hasta septiembre de 2024, el actual gobierno de Javier Milei lleva recaudados 5.680 millones de dólares en concepto de retenciones, en un contexto de precios desfavorables. La soja promedió 432 dólares por tonelada, uno de los valores más bajos de los últimos años, afectando la competitividad del sector.
A la carga de las retenciones se suma la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo, que durante el gobierno de Alberto Fernández promedió el 85%. Este diferencial operó como un impuesto adicional para los productores, impidiendo que perciban el valor real de sus exportaciones. Si bien la administración actual ha logrado reducir la brecha al 30%, el sector agropecuario sigue reclamando un tipo de cambio unificado y sin distorsiones.
El campo invierte más de 13.800 millones de dólares por campaña, equivalentes a 55.000 millones por mandato presidencial. Sin embargo, las políticas fiscales y cambiarias actuales socavan ese potencial, restando competitividad y frenando inversiones en un momento crítico para la economía argentina.
El pedido de los productores es claro: eliminar las retenciones para liberar el potencial del agro y permitir que el sector crezca sin restricciones artificiales. Más allá de los resultados económicos, consideran que esta es una exigencia moral: el esfuerzo del hombre de campo no debe ser castigado con tributos que solo ahogan su capacidad de desarrollo.
