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Por Agroempresario.com
La evasión fiscal en la cadena de comercialización del trigo y sus derivados se disparó en 2024, alcanzando la alarmante cifra de $269.002 millones, el doble de lo registrado en el ejercicio anterior. Este grave flagelo afecta a la competitividad del sector y genera distorsiones en el mercado, según un informe reciente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM). De acuerdo con las estimaciones, alrededor de un millón de toneladas de trigo se comercializan informalmente, lo que representa un alto porcentaje del volumen producido en el país.
Este problema ha sido señalado como uno de los más críticos por la industria molinera, que ve cómo la informalidad y la evasión fiscal afectan la estabilidad económica del sector y del país. La situación es aún más preocupante dado el impacto que tiene en las finanzas públicas y los recursos que se pierden por la falta de recaudación. Según el presidente de FAIM, Diego Cifarelli, las consecuencias de esta evasión son "gravísimas" para las empresas que operan dentro del marco legal, ya que genera una competencia desleal, poniendo en riesgo la supervivencia de las empresas formales y, en última instancia, la generación de empleo formal.
El informe elaborado por el equipo económico de la FAIM, dirigido por Adrián Gutiérrez Cabello, muestra que durante 2024 la molienda de trigo pan alcanzó las 6.248.266 toneladas, lo que representó un leve descenso del 0,44% respecto al año anterior. Estas toneladas de cereal representaron el 39,4% de la producción total de trigo en la campaña 2023-2024. Esta molienda generó 4,686 millones de toneladas de harina y 1,562 millones de toneladas de afrecho, productos que, a su vez, generan una gran parte de la evasión fiscal en el sector.
El daño en las finanzas públicas es evidente, ya que, debido a la evasión fiscal, el país dejó de recaudar 108.570 millones de pesos en concepto de IVA, 79.290 millones en Ganancias, 19.790 millones en Créditos y Débitos y 44.430 millones en Ingresos Brutos. Estos fondos perdidos podrían haber sido utilizados para financiar programas clave como la Tarjeta Alimentar o la Asignación Universal por Hijo, además de ser destinados a áreas esenciales como salud, educación e infraestructura.
En la provincia de Buenos Aires, donde la producción de trigo y la actividad molinera tienen una mayor relevancia, la evasión en Ingresos Brutos equivale al salario de 76.130 maestros o 50.600 residentes médicos. Este grave problema no solo afecta las finanzas públicas, sino que también contribuye a profundizar la desigualdad social, dificultando el acceso a derechos básicos como la salud y la educación, además de generar distorsiones en los mercados.
En medio de este panorama, la industria molinera ha solicitado mejoras en los controles de fiscalización, especialmente por parte de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (DNCCA), que lidera Matías Canosa. En agosto de 2024, la FAIM ya había expresado su preocupación por el crecimiento de la informalidad en la cadena del trigo, pidiendo al gobierno que intensifique los esfuerzos para erradicar la evasión fiscal en el sector.
Uno de los puntos destacados por Cifarelli es la importancia de la llegada de Juan Pazo a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), una figura clave en la lucha contra la evasión fiscal. El presidente de FAIM destacó el compromiso y el liderazgo de Pazo en este tema, un factor esencial para abordar este flagelo que afecta tanto a la economía formal como a la recaudación fiscal.
El informe de la FAIM también desglosa en detalle los tributos evadidos en la cadena de comercialización del trigo, estimando que la evasión fiscal por el millón de toneladas de trigo no declarado alcanza los 28.485 millones de pesos. De este monto, el 46,1% corresponde a la venta del cereal, mientras que el 53,9% se explica por la venta de harina y afrechillo. El mayor monto de evasión se corresponde al Impuesto a las Ganancias, con 10.356 millones de pesos (36,4% del total), seguido de Ingresos Brutos con 6.292 millones de pesos (22,1%), IVA con 5.608 millones de pesos (19,6%) y Créditos y Débitos Bancarios con 6.230 millones de pesos (21,9%).
En términos de distribución, la industria molinera es la mayor responsable de la evasión de estos impuestos, con una participación del 53,9% en el total de la evasión. Este panorama refleja la falta de controles en toda la cadena, desde la producción hasta la comercialización, lo que contribuye a la proliferación de prácticas informales y de competencia desleal.
