Por Agroempresario.com
El precio de la carne vacuna es un tema recurrente en la política económica argentina. A lo largo de la historia, distintos gobiernos han intentado controlar su valor con medidas que, lejos de solucionar el problema, generaron distorsiones en el mercado y perjudicaron a productores y consumidores.
Desde la prohibición del consumo de carne algunos días durante el gobierno de Perón hasta la intervención de Guillermo Moreno con la prohibición de exportaciones en la gestión de Néstor Kirchner, las regulaciones han mostrado más inconvenientes que beneficios. Ejemplos como el intento de importar pollo masivamente durante el Plan Austral o el índice de precios "descarnado" de Martínez de Hoz demuestran que los intentos de controlar el precio de la carne han tenido efectos adversos en el largo plazo.
El aumento actual del precio de la carne responde a factores climáticos y logísticos. Las lluvias recientes han afectado el transporte de hacienda, dificultando el normal abastecimiento. No obstante, el mercado tiene mecanismos para autorregularse: cuando las condiciones mejoran, la oferta se normaliza y los precios tienden a estabilizarse.
En este contexto, la mejor decisión del Gobierno es no repetir los errores del pasado. En lugar de intervenir con regulaciones artificiales o restricciones a la exportación, lo recomendable es permitir que el mercado se ajuste por sí solo. Esto evitaría distorsiones y brindaría previsibilidad a los productores y comercializadores.
Si en febrero el índice de precios al consumidor reflejara un aumento del 4% debido a la suba del precio de la carne, las autoridades deberían mantenerse firmes y explicar los motivos detrás del fenómeno sin ceder a presiones para intervenir. Es preferible soportar la crítica mediática a generar nuevas distorsiones que luego sean difíciles de corregir.
La política económica actual se basa en la disciplina fiscal y la reducción de distorsiones en los mercados. Siguiendo esta línea, el Gobierno debería resistir la tentación de tomar medidas que ya han demostrado ser contraproducentes. La clave está en dejar que la oferta y la demanda regulen el precio, sin imponer restricciones que solo generan incertidumbre y perjudican al sector agropecuario.