Por Agroempresario.com
En medio de una semana política clave para el oficialismo, el presidente Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete en la Casa Rosada, mientras en el Senado se prepara un debate candente sobre proyectos legislativos que afectan las finanzas públicas. A pesar de la creciente presión política y el distanciamiento con los mandatarios provinciales, el Gobierno nacional aún no contempla una convocatoria formal a los gobernadores.
A partir de las 10 de la mañana, en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno, Milei se rodeó de su núcleo duro: el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la vicepresidenta Victoria Villarruel, y varios ministros y secretarios. Aunque desde Presidencia aseguraron que la reunión estaba agendada con anterioridad, su coincidencia con la sesión clave en la Cámara Alta le dio una relevancia política ineludible.
Un Senado al borde del quórum sin Milei
El Senado se prepara para un evento inédito: una sesión convocada por la oposición que, de conseguir quórum con los dos tercios de los presentes, podría avanzar sin la venia de la presidencia de la Cámara. La maniobra parlamentaria pone en evidencia el debilitamiento de los apoyos circunstanciales del Gobierno y la creciente autonomía de bloques aliados, ahora más reticentes a acompañar ciertas medidas.
Entre los temas en discusión figuran la movilidad jubilatoria, una nueva moratoria previsional, y una ley de emergencia para personas con discapacidad. Todos estos proyectos, ya con media sanción, representan un significativo impacto fiscal. A su vez, dos propuestas promovidas por los gobernadores –una para eliminar fideicomisos que gravan los combustibles y otra para asegurar el envío de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias– amplían la tensión institucional.
Gobernadores que se desmarcan
Un bloque importante de mandatarios provinciales, muchos de ellos parte de la disuelta Juntos por el Cambio, acordó no apoyar los proyectos que tienen media sanción por considerarlos incompatibles con el equilibrio fiscal. Entre ellos se encuentran Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires).
Desde este sector justificaron su posición argumentando que sus iniciativas tienen un impacto fiscal limitado –0,2% del PBI– frente al 2,5% que explicarían los proyectos opositores. “Nadie quiere figurar votando eso”, confesaron fuentes cercanas a los gobernadores, en clara alusión al costo político que implicaría acompañar leyes con fuerte impacto en las cuentas públicas.
El Gobierno amenaza con vetar y judicializar
Desde el entorno de Javier Milei descartan de plano acompañar los proyectos de la oposición. “Nos importa muy poco la sesión de hoy”, dijo una alta fuente de Presidencia, mientras que el propio Presidente adelantó en entrevistas recientes que vetará cualquier ley que avance sin su apoyo. Y si el Congreso logra superar ese veto, Milei advirtió que recurrirá a la Justicia para evitar su implementación.
Esta actitud, lejos de distender el vínculo con los gobernadores, lo tensa aún más. En declaraciones recientes, Milei volvió a calificar a los mandatarios provinciales como “la última trinchera de la casta”, y aseguró que “los 24 gobernadores quieren destruir al Gobierno”.
¿Se abre el diálogo con las provincias?
Pese al conflicto, hay indicios de una incipiente distensión. La postura asumida por el grupo de gobernadores en desacuerdo con los proyectos de alto impacto fiscal podría evitar que el Senado trate y sancione leyes que el Gobierno considera perjudiciales. Esta acción fue leída en Casa Rosada como un gesto positivo.
“Esto no implica que vayamos a tener una cumbre con todos los gobernadores, pero sí que podrían darse reuniones más chicas, más segmentadas”, afirmó un funcionario involucrado en las negociaciones. La posibilidad de abrir espacios de diálogo sectoriales aparece como una estrategia para administrar las tensiones sin ceder institucionalmente.
Sin embargo, el tono del discurso presidencial sigue siendo duro e intransigente, lo que pone en duda la viabilidad de acuerdos a corto plazo. “Los recursos a los que se refieren los gobernadores ya están siendo utilizados conforme a lo que establece la ley”, aclaró Guillermo Francos. Para el jefe de Gabinete, los pedidos de las provincias tienen más que ver con intereses políticos que con necesidades objetivas.
El dilema institucional
El panorama que se configura para el Ejecutivo es dual. Por un lado, un Congreso con mayorías eventuales que puede impulsar leyes con alto impacto económico. Por otro, un Presidente dispuesto a vetar, judicializar y mantener un relato de confrontación constante, que le reditúa políticamente entre su base electoral, pero complica la gobernabilidad.
De concretarse la estrategia de los gobernadores de llevar los proyectos propios a comisión y evitar el tratamiento de las leyes más costosas, el oficialismo podría respirar por un tiempo. Pero queda claro que la gobernabilidad está atada a una negociación constante y tensa, donde los equilibrios son frágiles y los costos, altos.
La relación con las provincias ya no es simplemente una cuestión técnica o administrativa: se ha convertido en una batalla política por el poder, el control del gasto y el diseño del modelo económico. Los gobernadores, que hasta hace poco se mostraban como aliados tácticos, ahora se debaten entre respaldar un gobierno nacional impopular en algunas regiones o defender la caja y la legitimidad territorial.
¿Qué sigue?
Con la sesión del Senado aún por definirse y sin una convocatoria concreta a los mandatarios provinciales, el Gobierno nacional enfrenta un momento bisagra. La reunión de Gabinete encabezada por Milei puede haber sido una instancia para reforzar el alineamiento interno, pero no resuelve las tensiones externas.
El oficialismo necesita construir gobernabilidad sin ceder a lo que considera "la casta", y los gobernadores deben equilibrar sus necesidades fiscales con el riesgo de aparecer como cómplices de una gestión impopular en algunos sectores.
Este jueves puede terminar sin una sola ley aprobada, lo que sería visto por el Gobierno como un triunfo silencioso. Pero también puede marcar el inicio de un nuevo escenario, donde la fragmentación del poder obliga a negociar más allá de los discursos. Por ahora, Milei sigue apostando al veto y la confrontación como estrategia de supervivencia política.
