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La provincia de Entre Ríos puso en vigencia un nuevo Protocolo de Buenas Prácticas en materia de fitosanitarios, una herramienta que establece criterios obligatorios para la utilización de agroquímicos en todo el territorio provincial y que incorpora requisitos específicos para las aplicaciones realizadas en cercanías de escuelas rurales, centros poblados y otras áreas sensibles. La medida fue oficializada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca provincial y responde a una exigencia contemplada en la Ley Provincial 11.178.
Según informó Bichos de Campo, la aprobación del protocolo representa un paso importante dentro de un proceso que durante los últimos años generó intensos debates políticos, productivos, judiciales y sociales en Entre Ríos, especialmente en torno a las aplicaciones de fitosanitarios cerca de establecimientos educativos rurales.
La nueva normativa busca establecer criterios unificados para productores, aplicadores, asesores técnicos, empresas de servicios y otros actores vinculados al uso de productos fitosanitarios, con el objetivo de reducir riesgos ambientales y sanitarios, mejorar la trazabilidad de las aplicaciones y fortalecer los mecanismos de fiscalización.
La decisión adquiere relevancia en un contexto donde todavía no existe una legislación nacional específica que regule de manera integral las Buenas Prácticas Agropecuarias vinculadas al uso de fitosanitarios, situación que llevó a distintas provincias a desarrollar marcos regulatorios propios.
La elaboración del protocolo surge de una disposición contenida en el artículo 14 de la Ley Provincial 11.178, normativa que regula específicamente el manejo, comercialización y aplicación de fitosanitarios dentro del territorio entrerriano.
Para su elaboración se constituyó un Consejo Asesor Fitosanitario integrado por representantes de distintos organismos públicos, universidades, instituciones técnicas, entidades agropecuarias, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil.
Participaron funcionarios de áreas vinculadas con producción, salud, ambiente, educación y gobiernos locales, junto a representantes del INTA, facultades de Ciencias Agropecuarias, el Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos (COPAER), organizaciones rurales y entidades vinculadas al sector.
El documento recibió la aprobación del Consejo Asesor durante una reunión realizada en diciembre de 2025 y posteriormente fue oficializado por las autoridades provinciales.
Uno de los aspectos más destacados del nuevo protocolo es el conjunto de medidas específicas destinadas a regular las aplicaciones en áreas próximas a establecimientos educativos rurales.
La normativa establece que cuando una aplicación se realice dentro de las denominadas zonas de amortiguamiento, el responsable deberá comunicar previamente la actividad a las autoridades competentes y notificar de manera fehaciente a la dirección de la escuela involucrada.
Además, el protocolo determina que las aplicaciones deberán realizarse exclusivamente fuera del horario de clases.
Según el texto oficial, las tareas deberán ejecutarse durante contraturnos escolares, períodos de receso, fines de semana o feriados, con el propósito de minimizar cualquier posible exposición de estudiantes, docentes y personal educativo.
La disposición surge luego de años de controversias judiciales y reclamos de distintos sectores de la comunidad educativa vinculados a la utilización de agroquímicos en áreas rurales.
También se establece la obligación de informar a los vecinos linderos cuando las aplicaciones se desarrollen cerca de zonas habitadas.
Entre las novedades incorporadas por el protocolo figura la obligatoriedad de implementar estrategias de Manejo Integrado de Plagas (MIP).
Esta herramienta promueve la combinación de distintas prácticas agronómicas destinadas a controlar plagas, enfermedades y malezas reduciendo la dependencia exclusiva de productos químicos.
La normativa ubica esta obligación entre las principales responsabilidades de los usuarios de fitosanitarios y la presenta como una estrategia orientada a optimizar el uso de insumos y disminuir riesgos asociados a las aplicaciones.
Asimismo, se exige que cada intervención esté respaldada por una receta agronómica digital emitida con una antelación mínima de 48 horas.
Este requisito busca mejorar la planificación, fortalecer los controles y generar registros precisos de cada aplicación realizada.
El protocolo incorpora además una serie de obligaciones específicas para los aplicadores terrestres y aéreos.
Antes de cada intervención, deberán registrar información detallada sobre el lote tratado, fecha y horario de trabajo, condiciones meteorológicas, regulaciones de los equipos utilizados y características técnicas de la aplicación.
También deberán realizar controles periódicos destinados a verificar la eficiencia operativa de los equipos.
La normativa ratifica la prohibición de realizar aplicaciones dentro de las zonas de exclusión establecidas por la legislación provincial y recuerda que en las áreas de amortiguamiento únicamente podrán utilizarse productos correspondientes a las categorías toxicológicas III y IV, consideradas de menor peligrosidad relativa.
Otro de los capítulos centrales del protocolo está vinculado con la seguridad laboral.
La normativa enfatiza el uso obligatorio de Elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para cada tarea y promueve la capacitación continua de operarios, asesores y responsables técnicos.
Asimismo, establece pautas para la limpieza de equipos, recomendando que el lavado se realice dentro del lote tratado o en sistemas de degradación biológica diseñados para ese fin.
Respecto de los envases vacíos, el protocolo adopta los lineamientos de la legislación nacional vigente y exige la realización del triple lavado, la inutilización de los recipientes y su posterior disposición a través de los sistemas autorizados.
La nueva regulación establece que la capacitación será obligatoria y permanente para todos los actores involucrados en la cadena de uso de fitosanitarios.
Además de los aspectos técnicos, incorpora lineamientos de comunicación destinados a mejorar el vínculo entre el sector productivo y la comunidad, promoviendo una mayor difusión de las prácticas de aplicación y los mecanismos de control existentes.
En caso de incumplimientos, la normativa prevé procedimientos de denuncia que podrán iniciarse incluso en dependencias policiales.
Las sanciones contemplan multas económicas, decomisos, clausuras e inmovilización de equipos o productos, dependiendo de la gravedad de cada situación.
Asimismo, la autoridad de aplicación podrá intervenir de oficio cuando detecte posibles infracciones.
La aprobación del protocolo representa uno de los cambios regulatorios más relevantes de los últimos años para la actividad agrícola entrerriana.
Desde el gobierno provincial sostienen que el objetivo es compatibilizar la producción agropecuaria con la protección de la salud, el ambiente y la seguridad de las comunidades rurales.
Según destacó el documento oficial, las Buenas Prácticas Agrícolas buscan garantizar que la producción de alimentos se realice minimizando riesgos para las personas, los animales y los ecosistemas, promoviendo además condiciones seguras para los trabajadores rurales.
Con la publicación en el Boletín Oficial, el protocolo ya tiene vigencia en toda la provincia y pasa a convertirse en una referencia obligatoria para quienes intervienen en el uso, manejo, transporte, almacenamiento y aplicación de fitosanitarios en Entre Ríos.
