El Gobierno nacional ratificó su respaldo a una nueva ley de biocombustibles que propone elevar los porcentajes obligatorios de mezcla en los combustibles fósiles, avanzar hacia un esquema de mayor competencia y establecer reglas de largo plazo para incentivar inversiones en el sector energético. La posición oficial fue presentada este miércoles en el Senado por el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, durante el inicio del debate legislativo de distintas iniciativas destinadas a actualizar el régimen vigente.
La exposición tuvo lugar en un plenario conjunto de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta, donde comenzó el análisis de cinco proyectos vinculados al desarrollo de los biocombustibles. Allí, el funcionario expresó el acompañamiento del Poder Ejecutivo a la propuesta impulsada por la senadora Patricia Bullrich y otros legisladores, al considerar que refleja los lineamientos trabajados junto a representantes de toda la cadena productiva durante los últimos años.
Según explicó González, el objetivo central de la iniciativa es construir un marco regulatorio que contemple los intereses de productores, consumidores, empresas energéticas, industrias vinculadas y el propio Estado. En ese sentido, sostuvo que existe una oportunidad para modernizar la legislación vigente y generar condiciones que permitan consolidar el crecimiento de una actividad estratégica para la matriz energética nacional.
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto contempla el incremento de los porcentajes mínimos obligatorios de mezcla de biocombustibles. En el caso del biodiésel, el corte se elevaría hasta el 10%, mientras que para el bioetanol alcanzaría el 15%.
De acuerdo con la explicación brindada por el funcionario, el aumento previsto para el biodiésel representa una mejora de 2,5 puntos porcentuales respecto de los niveles actuales, mientras que el bioetanol registraría una suba de tres puntos. Sin embargo, aclaró que el impacto económico de cada modificación debe analizarse de manera diferenciada según las características de cada combustible y de los sectores involucrados.
Más participación para el bioetanol
La visión del Gobierno resulta especialmente favorable para el crecimiento del bioetanol. González destacó que actualmente este combustible renovable presenta costos similares a los de las naftas tradicionales con las que se mezcla, una condición que permite ampliar su participación sin generar efectos significativos sobre los precios finales que pagan los consumidores.
La propuesta establece que dentro del corte obligatorio del 15%, seis puntos porcentuales continuarán correspondiendo al bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar y otros seis al producido con maíz. Los tres puntos adicionales quedarían abiertos a la competencia entre los distintos actores del mercado.
Según la evaluación oficial, la mayor capacidad instalada y las ventajas de escala productiva permitirían que gran parte de ese crecimiento sea abastecido por las plantas elaboradoras de etanol de maíz. De concretarse ese escenario, la participación de este segmento podría incrementarse de manera significativa dentro del mercado nacional.
Para el Ejecutivo, esta expansión no solo fortalecería la producción de combustibles renovables, sino que además contribuiría al desarrollo de cadenas agroindustriales vinculadas a materias primas de origen nacional, generando nuevas oportunidades de inversión y empleo.
Cautela con el biodiésel
La posición oficial presenta mayores reparos respecto de incrementos más pronunciados en el corte de biodiésel. Durante su exposición, González explicó que la principal preocupación está relacionada con los costos que tendría una mayor incorporación de este combustible en el gasoil.
Según detalló, si bien la diferencia de precios entre el biodiésel y el combustible fósil se redujo en los últimos meses, el primero continúa registrando valores superiores. En consecuencia, consideró que una duplicación de los porcentajes obligatorios podría trasladar costos adicionales a toda la economía.
Desde la óptica del Gobierno, un aumento excesivo del corte impactaría especialmente en sectores con fuerte dependencia del gasoil, como el transporte de cargas, la producción agropecuaria y diversas actividades vinculadas a la logística y la distribución de bienes.
Por esa razón, el Ejecutivo considera que la propuesta actualmente en discusión representa un punto de equilibrio entre el impulso a los combustibles renovables y la necesidad de preservar la competitividad de los sectores productivos.
Fin gradual de los cupos y más competencia
Otro de los pilares del proyecto apunta a transformar el funcionamiento del mercado mediante la eliminación progresiva de los sistemas de cupos vigentes.
El esquema planteado prevé una apertura inmediata a la competencia en el mercado de bioetanol, mientras que para el biodiésel se propone una transición gradual de cinco años. Durante ese período, los cupos actuales irían reduciéndose hasta su desaparición definitiva.
La iniciativa también establece que los porcentajes de mezcla fijados por la ley funcionarán como pisos mínimos obligatorios y no como límites máximos. Esto permitiría que las distintas jurisdicciones o actores del mercado puedan avanzar hacia niveles superiores de utilización de biocombustibles si las condiciones técnicas y económicas lo permiten.
Para el Gobierno, un sistema basado en la competencia favorecerá una mayor eficiencia, impulsará nuevas inversiones y promoverá una asignación más dinámica de recursos dentro del sector energético.
Previsibilidad para las inversiones
Uno de los argumentos centrales defendidos por el Ejecutivo durante el debate parlamentario fue la necesidad de ofrecer reglas estables que permitan planificar inversiones de largo plazo.
Con ese objetivo, el proyecto fija los porcentajes mínimos obligatorios de mezcla por un período de 15 años, una ventana temporal que el Gobierno considera clave para brindar certidumbre tanto a productores como a refinadoras, fabricantes de vehículos y proveedores tecnológicos.
Según se explicó durante el encuentro legislativo, sectores como la industria automotriz requieren horizontes previsibles para desarrollar motores y tecnologías adaptadas a determinadas mezclas de combustibles. Del mismo modo, los productores necesitan condiciones claras para evaluar ampliaciones de capacidad y nuevos desembolsos de capital.
No obstante, González recordó que el incremento de los biocombustibles también tiene efectos sobre la recaudación fiscal, debido a que estos productos están exentos del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos. Por ello, cualquier modificación en los porcentajes de mezcla implica un desafío para los ingresos del Estado nacional.
En el cierre de su presentación, el funcionario destacó que la propuesta reúne un amplio nivel de coincidencias entre productores de bioetanol, empresas vinculadas al biodiésel, compañías petroleras y fabricantes automotrices. Bajo esa premisa, sostuvo que el proyecto ofrece una base sólida para construir una nueva etapa en el desarrollo de los biocombustibles y fortalecer la transición hacia una matriz energética más diversificada y competitiva. Según informó IProfesional, el Gobierno considera que el consenso alcanzado entre los distintos actores del sector puede facilitar el avance de una legislación que otorgue previsibilidad, promueva inversiones de largo plazo y acompañe el crecimiento de la industria energética nacional.
