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La cadena de valor del bioetanol argentino, junto con entidades agroindustriales, cooperativas, organizaciones empresarias, sindicatos y centros de investigación, manifestó su apoyo al proyecto de Ley de Biocombustibles impulsado por el oficialismo y presentado en el Senado por Patricia Bullrich, al considerar que la propuesta ofrece un marco regulatorio capaz de impulsar inversiones, fortalecer las economías regionales y aumentar la participación de los combustibles renovables en la matriz energética nacional.
El respaldo fue expresado a través de un comunicado conjunto difundido y reproducido por el medio especializado Bichos de Campo, en el que los distintos actores vinculados a la producción de bioetanol destacaron la importancia de avanzar con una normativa que otorgue previsibilidad a largo plazo y permita aprovechar las ventajas competitivas de Argentina en materia agroindustrial.
La iniciativa legislativa cuenta con el aval del Gobierno nacional y propone modificaciones relevantes en el régimen vigente de biocombustibles, incluyendo un incremento progresivo de los porcentajes obligatorios de mezcla tanto para el bioetanol como para el biodiésel.
Las entidades firmantes sostuvieron que el proyecto constituye una oportunidad para consolidar una política energética vinculada al desarrollo productivo y al crecimiento federal. Según señalaron en el documento citado por Bichos de Campo, la propuesta "representa una oportunidad estratégica para consolidar una política energética moderna, federal y orientada al crecimiento productivo, la generación de empleo y el desarrollo sustentable del país".
Uno de los puntos centrales del proyecto contempla elevar el corte obligatorio de bioetanol en las naftas del actual 12% al 15%, una modificación que comenzaría a regir un año después de la entrada en vigencia de la ley.
De acuerdo con el esquema planteado, el volumen correspondiente al actual 12% continuará distribuyéndose en partes iguales entre productores de bioetanol elaborados a partir de caña de azúcar y de maíz. Los tres puntos porcentuales adicionales quedarían sujetos a mecanismos de negociación sin restricciones respecto de la materia prima utilizada para su producción.
Para los sectores que respaldan la iniciativa, esta ampliación permitiría incrementar la demanda de materias primas agrícolas nacionales, generar mayor actividad industrial y reducir la dependencia de combustibles fósiles importados.
Las organizaciones sostuvieron además que una mayor utilización de bioetanol puede contribuir a mejorar la balanza comercial energética. En el documento difundido por Bichos de Campo remarcaron que "una mayor incorporación de bioetanol en las naftas constituye una herramienta directa para mejorar la balanza comercial, reduciendo las importaciones de combustibles fósiles y contribuyendo al ahorro de divisas".
La posibilidad de sustituir importaciones energéticas aparece como uno de los principales argumentos utilizados por quienes impulsan la reforma. También destacan el impacto positivo sobre las economías regionales vinculadas a la producción de maíz y caña de azúcar, dos cadenas que representan miles de puestos de trabajo directos e indirectos.
El apoyo al proyecto reúne a actores de distintos eslabones de la cadena productiva.
Entre los firmantes figuran entidades vinculadas a la actividad azucarera, organizaciones de productores, instituciones académicas, sindicatos y cámaras empresarias.
Por el sector cañero acompañaron la iniciativa el Centro Azucarero Argentino, el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT), la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), la Universidad San Pablo-T, la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, además de organizaciones gremiales como la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) y la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA).
También se sumaron entidades representativas de productores como la Unión Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT), la Unión Cañeros Independientes de Jujuy y Salta (UCIJS), Cañeros Unidos del Este (CUE) y la Unión Cañeros del Sur.
El respaldo incluye además a Coninagro, la Cámara de Bioetanol de Maíz, la asociación de la cadena del maíz Maizar, la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa Productora y Expendedora de Biocombustibles (BioPyme) y la delegación cordobesa de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).
La amplitud del apoyo refleja la importancia económica que tiene el sector de los biocombustibles en distintas regiones productivas del país, especialmente en provincias como Tucumán, Córdoba, Salta y Jujuy.
Aunque el consenso en torno al bioetanol parece amplio, el proyecto genera tensiones en otro segmento de la industria: el biodiésel.
Según explicó Bichos de Campo, parte de la preocupación dentro de la cadena del bioetanol está vinculada a la posibilidad de que sectores de pequeñas y medianas empresas productoras de biodiésel intenten bloquear o demorar el tratamiento legislativo de la iniciativa, tal como ocurrió en debates anteriores sobre el marco regulatorio de los biocombustibles.
La propuesta oficial también contempla modificaciones significativas para ese mercado.
El texto establece que el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil aumentará del 7,5% actual al 10% luego del primer año de vigencia de la ley. Sin embargo, introduce un esquema de transición destinado a avanzar progresivamente hacia un mercado más abierto y competitivo.
A partir de 2028 se fijaría un cupo mínimo del 5% para empresas consideradas "no integradas", es decir, aquellas que no participan en la producción de aceite de soja. Ese porcentaje descendería al 4% en 2029 y al 3% en 2030.
Desde 2031, el sistema de asignación de cupos quedaría completamente desregulado y las adjudicaciones pasarían a definirse mediante mecanismos competitivos basados en ofertas de precio.
Las empresas pymes del sector observan con preocupación este esquema porque consideran que la competencia directa con grandes grupos industriales podría afectar su viabilidad económica.
Actualmente, muchas de estas compañías operan bajo un régimen regulado que les garantiza participación en el mercado interno.
Uno de los argumentos centrales del Gobierno para impulsar la reforma es que una mayor competencia permitiría mejorar la eficiencia del sistema y reducir costos.
La intención oficial es que los biocombustibles se conviertan en una herramienta complementaria para contener los costos energéticos y aportar mayor previsibilidad al abastecimiento de combustibles líquidos.
En ese contexto, el secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, había planteado semanas atrás una alternativa para las pequeñas empresas productoras de biodiésel.
Según recordó Bichos de Campo, el funcionario sugirió que las provincias podrían establecer cupos adicionales propios, permitiendo que parte de las pymes encuentren nuevas oportunidades comerciales fuera del esquema nacional obligatorio.
Mientras el proyecto comienza a transitar su recorrido legislativo, las entidades vinculadas al bioetanol buscan que el Senado avance con su tratamiento y evite que las diferencias entre sectores frenen una iniciativa que consideran estratégica para la producción agroindustrial argentina.
Para los impulsores de la propuesta, la discusión excede el debate energético y se vincula con un modelo de desarrollo basado en la industrialización de materias primas, la generación de empleo regional, la reducción de importaciones y el fortalecimiento de cadenas productivas con fuerte arraigo territorial.
Con el respaldo de productores, cooperativas, universidades, sindicatos e industrias, el proyecto suma apoyos en un momento en que el país busca alternativas para aumentar el valor agregado de su producción agropecuaria y reducir su dependencia energética del exterior.
